Diputados abrieron un debate de vital importancia para el sostenimiento de la estructura del sistema jubilatorio. Una de las más serias consecuencias de la precarización laboral es el desfinanciamiento de la caja previsional a partir del no pago de aportes que deberían hacer los empleadores. El proyecto enviado por el Senado plantea crear un plan de pago y así regularizar los faltantes de quienes no hayan tenido oportunidad de trabajar en forma registrada.
La comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados inició este miércoles el debate del proyecto de ley enviado por el Senado que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional, cuyo objetivo será regularizar el ingreso de aportes previsionales de personas en edad de jubilarse y que tengan faltantes en los pagos para el acceso a las prestaciones.
La iniciativa, impulsada por el oficialismo de la Cámara alta, recibió el pasado jueves 38 votos a favor del Frente de Todos, de sus aliados y de la senadora de Córdoba Federal, Alejandra Vigo; seis en contra y 18 abstenciones aportadas por el interbloque de Juntos por el Cambio.
En esta primera jornada de trabajo de la comisión de preside Marisa Uceda (Frente de Todos-Mendoza) se recibieron los testimonios de especialistas en materia jubilatoria
«Cuando hablamos de previsión social, de seguridad y derechos jubilatorios, son temas que nos atraviesan a todas las fuerzas políticas, y que claramente nos tienen a todos comprometidos en la urgencia de lo que hoy vamos a tratar», señaló la presidenta de la comisión al abrir la reunión.
En el inicio de la ronda de expositores, el Director General de Planeamiento de la ANSES, Ignacio Amigorena, celebró «la responsabilidad social e histórica del proyecto para dar respuestas a la dificultad de acceso a la jubilación del SIPA» (Sistema Integrado Previsional Argentino).
También estimó que el plan de pago de deuda provisional «pueda incluir en el sistema alrededor de 800 mil personas en edad jubilatoria en los próximos dos años, de las cuales aproximadamente un 60% son mujeres».
A su turno, la previsionalista Adriana Micale bregó por «la sanción de esta ley tan necesaria, frente al inminente vencimiento de la moratoria actual» y destacó que, «a diferencia de planes previsionales anteriores, este contempla un pago que no tiene un instrumento de cuotas fijas, sino que, por el contrario, prevé la incorporación del pago de períodos no aportados, que en muchos casos se deben a situaciones de precarización y desempleo».
El cierre de expositores estuvo a cargo del Director del Programa de Protección Social del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Rafael Rofman, quien señaló que el proyecto «enfrenta un problema estructural de la Argentina, porque el sistema previsional contributivo estuvo pensado para un sistema definido mayormente por el trabajo formal».
El invitado hizo un llamado a pensar la iniciativa «como el inicio de una discusión seria sobre cómo se construye un sistema previsional de largo plazo, que tenga buena cobertura, buenos beneficios, que sea sostenible y que sea equitativo».
La iniciativa en estudio establece que el plan de beneficios se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad.
En el artículo 3, establece que los períodos a incluir en el plan comprenderán lapsos que sean anteriores a diciembre de 2008 inclusive para quienes adhieran a la Unidad de Pago y anteriores al 31 de marzo de 2012 para la cancelación de aportes.
En el caso de la Unidad de Pago, regirá por el término de dos años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley y podrá ser prorrogado por igual período.
Para acceder a esa Unidad de Pago, será necesario que cumplan con la edad jubilatoria o la cumplan dentro del plazo de dos años desde la vigencia.
De igual modo, tendrán derecho a adquirir la Unidad de Pago aquellos derechohabientes previsionales, siempre que existiera inscripción previa del causante al deceso como afiliado al Sistema Integrado Previsional Argentino.
El valor de la Unidad de Pago será equivalente a un valor del 29% de la base mínima imponible de la remuneración y podrán cancelarse en cuotas mensuales, que no podrán superar un máximo de ciento veinte (120), en tanto que la Anses será el organismo encargado de establecer los parámetros objetivos para el acceso.
Las cuotas incluidas en el Plan de Pagos, previa aceptación por parte de la persona solicitante, serán descontadas por Anses de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del presente programa.
Para acceder a la Unidad de Cancelación de Aportes, en tanto, será necesario ser mayor de 50 años la mujer y 55 el hombre y menor de 60 años la mujer y 65 años el hombre.
También se puso como requisito acreditar ingresos que permitan la justificación del pago de la Unidad y haber residido en el país y no haberse encontrado prestando servicios bajo relación de dependencia registrada o en carácter de autónomo/a y/o monotributista en el período que se pretende adquirir el beneficio.
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