El ex jefe del III Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez fue condenado ayer a 12 años de prisión en el primer juicio oral por apropiación económica durante la última dictadura.
El Tribunal Oral Federal de Tucumán lo encontró culpable de los delitos de privación ilegítima de la libertad de Julia Rita Ariza y de su yerno Jorge Ricardo Ygel en noviembre de 1977, durante el Operativo Independencia.
Los jueces también hicieron lugar, de manera parcial, al reclamo civil y condenaron al Estado argentino a indemnizar a la familia Toledo de Ygel por el robo de 25 hectáreas para crear el pueblo Capitán Cáceres en el departamento de Monteros.
El juicio se extendió durante dos semanas y concluyó ayer con una nueva condena a Menéndez, quien siguió el debate por videoconferencias desde Córdoba.
Los hechos ocurrieron en noviembre de 1977, durante el Operativo Independencia. En la tarde del 18 de ese mes una decena de soldados secuestró a Ygel de su casa.
“Nuestra duda era por qué. Lo golpearon y torturaron. No le creían que las tierras no eran de él. Le dijeron que convenciera a mi mamá de donarlas o que nos matarían a todos”, relató su esposa, María Elena Toledo, querellante en esta causa.
Como no era el titular de las tierras fue liberado y la semana siguiente fue secuestrada su suegra, Rita Ariza, propietaria de las 25 hectáreas donde Bussi había levantado un año antes la localidad de Cáceres, que formó parte del Plan de “Reubicación Rural” diseñado por el represor.
La mujer fue secuestrada en la madrugada del 25 de noviembre. “Apenas la dejaron vestirse”, recordó su hija. “Ella decía que no les firmaría nada, que era lo único que tenía para dejarme. La llevaron a la Casa de Gobierno. Con una pistola sobre el escritorio, Bussi le dijo que debía ceder las tierras porque el pueblo estaba terminado. La tuvieron hasta que firmó. Me dijo que mojó los papeles con lágrimas”, detalló. Unos días después, Bussi completó el traspaso de las tierras con dos decretos.
Tras el fallecimiento de Bussi en 2011, Menéndez quedó como el único imputado en esta causa. “Las órdenes militares discurrían por el canal militar. Respondo a lo atinente a lo militar. Paralelamente, pero sin contacto, estaba el canal político-civil. Esas cuestiones las atendía directamente el general Bussi con Albano Harguindeguy, ministro del Interior”, declaró Menéndez durante el proceso, en un intento de evadir responsabilidades.
Además de la querella penal por el robo de las tierras, Toledo de Ygel inició también una demanda civil contra la provincia de Tucumán y contra el Estado nacional y reclamó una indemnización de 48 millones de pesos. El Tribunal confirmó la denuncia de manera parcial: condenó al Estado nacional al pago de 18 millones y medio de pesos por el valor del inmueble, daño emergente, lucro cesante y daño moral. Sin embargo, no hizo lugar a la demanda contra el Estado provincial.
Independencia
Los secuestros de Julia Rita Ariza y Jorge Ricardo Ygel se produjeron durante en el Operativo Independencia.
Sentencias en la megacausa tucumana
Ramiro Rearte
Desde Tucumán para Tiempo Argentino
Luego de más de un año de debate, hoy concluye en Tucumán, la Megacausa Arsanales II-Jefatura de Policía II, en los tribunales federales de esta provincia. En este proceso están detenidos 42 represores de diversas fuerzas y hasta civiles y un miembro de la Iglesia Católica argentina. Todos están imputados por haber tenido algún tipo de participación directa e indirecta en ambos centros del horror que funcionaron en la provincia desde la instauración del golpe cívico-militar. Se pretende determinar el destino de al menos 215 víctimas que fueron torturadas y vejadas en esos lugares.
Por disposición de los jueces, fue dispuesto un estricto sistema de ingreso a la sala de audiencias. Se permitirá la presencia de un familiar por cada imputado. En el caso de las víctimas, sólo podrán entrar un familiar o persona allegada, con la siguiente prioridad: familiar de víctima desaparecida y, luego, los restantes, sobrevivientes y querellantes, siempre en la presente causa”, comunicaron los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Reynaga.
A fines del año pasado, el Equipo de Antropología Argentina Forense descubrió restos humanos enterrados en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. Esto permitió identificar a 13 desaparecidos. Habían sido torturados, asesinados y enterrados en una fosa común. El Arsenal Miguel de Azcuénaga y la jefatura de Policía fueron los centros clandestinos más sangrientos de Tucumán.
Cabe destacar que, durante el juicio, se llevaron adelante inspecciones oculares en ambos lugares de represión de manera conjunta con las víctimas. Esto significó un gran aporte, ya que los testigos reconocieron sus lugares de detención, cómo eran torturados y sometidos a simulacros de fusilamiento. Y además pudieron contar a quiénes vieron. Muchas de esas personas que aún permaneces desaparecidas, como el hermano del músico Juan Falú.
Hoy, desde las 14, se conocerá la decisión de los magistrados. También cómo fue la sistematización del mal en ambos centros del horror.
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