Entre enero y octubre, la caída real del gasto público llegó al 28% en términos reales, con especial encono hacia las prestaciones sociales, políticas alimentarias y los recursos hacia las provincias.
“Ese intervalo de duro esfuerzo y dolor terminó”. Las palabras de Javier Milei pronunciadas durante un acto en la Cámara Argentina de Comercio falsean el dolor y el hambre de la población. El programa económico de inanición y disciplinamiento social continúa su marcha, tal como se aprecia en los datos analizados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso. El golpe de la motosierra sigue recayendo sobre los jubilados, estudiantes, trabajadores y trabajadoras precarizadas y el conjunto de las provincias.
“Ese intervalo de duro esfuerzo y dolor terminó. Salimos de la recesión”, repite Milei. La administración central empeoró las condiciones de vida de ciento de miles de personas. No solo aumentaron los niveles de pobreza e indigencia– medida por los niveles de ingreso de la población – sino que empeoraron una serie de indicadores estructurales vinculados a la calidad de vida dentro de los hogares. La retirada del Estado nacional con el desfinanciamiento de áreas claves (saneamiento, cloacas, vivienda) forma parte central del programa político de La Libertad Avanza. El poder económico que se dio cita en la Cámara Argentina de Comercio aplaudió –la existencia de ese dolor- sin resquebrajamientos ideológicos.
El ajuste no para
Según los datos analizados por la ASAP, los gastos totales devengados de la administración nacional durante octubre registraron una caída de 29,3% en términos reales, en línea con la merma del mes anterior. Como dato clave, las transferencias hacia las universidades registraron una caída del 14,5%, mientras que los recursos vinculados a las prestaciones sociales lo hicieron en un 6% en términos reales. El ajuste de la casta mileista sigue recayendo sobre los jubilados, pensionados, estudiantes universitarios y las jurisdicciones provinciales.
El programa oficial de ajuste se sostuvo a partir del andamiaje jurídico del DNU 70/2023, la Ley de Bases, la parsimonia de una oposición sin tonos y gobernadores urgidos por brindar gobernabilidad. De otra manera, ¿cómo podría explicarse la profundidad de un ajuste ejecutado desde el primer día de gestión con tanta “libertad”?
En el acumulado que va de enero hasta octubre, el gasto total de la APN se contrajo un 27,8% real, comparado con el mismo período de 2023. “El análisis desagregado muestra disminuciones importantes recortes de las prestaciones de la seguridad Social (-20,8% interanual), de las transferencias corrientes (-31,2%), de los gastos en remuneraciones (-19,7%) y, principalmente, de los gastos de capital (-77,5%)”, puede leerse en el reciente trabajo de ASAP.
En cuanto a los conceptos que más aportaron a la reducción del gasto primario, se destacaron las transferencias corrientes y las prestaciones de la seguridad social, que entre ambos explican casi el 70% de la caída.
De vaquitas ajenas y un sufrimiento colectivo
La Oficina de Presupuesto del Congreso también realiza un estudio mensual de la ejecución presupuestaria devengada, con la mirada puesta en cada uno de las funciones del Estados y sus correspondientes programas.
Las transferencias correspondientes a jubilaciones y pensiones registraron una merma acumulada del 18,9% durante el período enero – octubre. “El poder de compra promedio de las jubilaciones registró una caída real de 23,3 respecto del mismo período del año pasado. En tanto los haberes mínimos, incluido el pago del bono oficial, cayeron un 16,9%”, indicaron desde la OPC.
La pauperización social y el hambre como políticas de Estado. Dentro de las políticas alimentarias, la tarjeta alimentar sufrió un recorte del 15% en términos reales, mientras que los recursos para las Becas Progresar fueron diezmados en un 65%. El potenciar trabajo, y sus continuadores, registraron un ajuste real del 61%.
Una política de ajuste por shock. De acuerdo al análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la misma ejecución presupuestaria, uno de los servicios sociales más afectados por la administración oficial fue Agua y Alcantarillado. Entre enero y octubre, el recorte real de su presupuesto fue del 79% comparado con el mismo período del año pasado. Luego le siguieron los ajustes en Vivienda y Urbanismo (-86%), Educación (-50%), Salud (-36%) y Promoción y Asistencia Social (-61%).
FUENTE EL DESTAPE
