(Jorge Duarte @ludistas) En las últimas 24 horas dos fallos ordenaron reincorporar a trabajadores de la ANSES y de la Superintendencia de Seguros. Además piden que se garantice la estabilidad laboral y que no se vulnere el derecho al trabajo

Los despidos masivos en el Estado todavía hacen ruido desde los tribunales. Es que la justicia sigue expidiéndose en los distintos casos que encaran esa vía y en meno de 24 horas se conocieron dos fallos que ponen un límite a las cesantías compulsivas y arbitrarias de estatales.

Por un paro el juzgado nacional del trabajo nº 27 a cargo de la Doctora Patricia Russo hizo lugar a la medida cautelar peticionada por uno de los cientos de trabajadores de ANSES despedidos desde principios de año sin justa causa. En esta oportunidad, a través del fallo, la Justicia intimó al organismo a restituir en sus funciones al trabajador que presentó el amparo dentro del plazo de 48 horas.

Entre los fundamentos Russo determina que el despido sin causa priva al trabajador de la estabilidad laboral del empleado público, que se encuentra garantizada por el Art. 14 bis de la Constitución Nacional.

El trabajador de ANSES en cuestión, logró el aval de la justicia a través de la cautelar presentada por el Dr. Leandro Recalde y representa el primer caso de fallo a favor de los trabajadores de ese organismo en el marco de los cientos de casos de empleados cesanteados sin justa causa desde la asunción de Emilio Basavilbaso.

Horas más tarde fue el Juez Julio Armando Grisolia quien falló a favor de una medida cautelar presentada por ATE Capital y ordenó retrotraer la cesantía de una trabajadora de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Además, Grisolía dispuso la inmediata reincorporación de Johana Lezcano, quien trabajaba en ese organismo desde hacía dos años.

El magistrado de primera instancia argumentó que “el derecho a trabajar es una de las bases sobre las que se asienta jurídicamente una sociedad democrática y que el derecho al trabajo no se agota en la libertad formal de trabajar, sino también en su realización efectiva a un puesto de trabajo”.

En el mismo sentido, para Grisolia, los precarios modos de contratación en el Estado y todos aquellos que no correspondan a la planta permanente son una modalidad fraudulenta. Es por ello que en su expedición alegó que la trabajadora de la Superintendencia de Seguros es una “víctima del fraude laboral, ya que ingresó bajo un contrato de asistencia técnica”.

Estos pronunciamientos judiciales se suman a los ya expedidos en casos de trabajadores despedidos del Senado de Nación y de la AFSCA. Por lo que las señales desde tribunales contra las cesantías masivas dispuesta por el Gobierno Nacional comienzan a toparse con la barrera de la Justicia. También hubo un fallo de reinstalación en el Municipio de Morón.

Daniel Catalano, secretario General de ATE Capital explicó que “este fallo de la Justicia posee una particular importancia porque ratifica todos los argumentos que desde nuestro gremio venimos sosteniendo desde el primer momento”. Además le reprochó al gobierno nacional gobernar a través de una “política de desconocimiento de los derechos básico de cada ciudadano y un absoluto desinterés por las personas”.