El proyecto que declaraba a la planta de utilidad pública iba a tener acompañamiento de diferentes fuerzas políticas, pero el oficialismo no lo envió. La empresa Dow ahora ratificó el cierre y evitó la extensión de la conciliación obligatoria. Los trabajadores se preparan para profundizar las protestas.
Tras la reunión de este viernes en la sede del Ministerio de Trabajo provincial, la Petroquímica Dow avanza hacia el cierre. Los trabajadores buscaban una prórroga al plazo de conciliación que vence el próximo lunes, pero no fue concedida. Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) se reunirán este sábado para definir los pasos a seguir, aunque adelantaron que profundizarán las medidas de fuerza. “Seguimos todas las instancias correspondientes y nos sentamos en distintas mesas de negociación. Pero nos están llevando a que tomemos medidas de fuerzas más severas”, advirtió Lisandro Pellegrini, secretario de organización del gremio a Página/12.
El jueves la Cámara de Diputados se preparaba para votar un proyecto que declaraba a la planta de utilidad pública. Sin embargo, desde el Senado –donde venía de ser aprobada por unanimidad– no se envió el proyecto. Las broncas fueron contra la vicegobernadora Gisela Scaglia, que preside la Cámara alta. “No envió una ley votada por todos los senadores», advirtió el diputado provincial Carlos Del Frade.
Los trabajadores, junto a representantes del gremio, concentraron el viernes al mediodía en la esquina de San Lorenzo y Ovidio Lagos, frente a la sede del Ministerio de Trabajo provincial en Rosario. La audiencia fue convocada ante el vencimiento de la conciliación obligatoria, el próximo lunes 4 de noviembre. Los trabajadores acudieron con la intención de extender la prórroga y ganar tiempo para poder pensar nuevas estrategias con el fin de conservar los puestos de trabajo, aunque en la previa las expectativas no eran demasiadas luego del revés en la Legislatura.
Del encuentro participaron dirigentes del gremio Soepu, encabezados por su secretario general, Mauricio Brizuela, representantes del área de Trabajo de la provincia, y los responsables de la firma Dow. Al lugar también se acercaron las diputadas provinciales Lucila De Ponti (Santa Fe sin Miedo) Verónica Baró Graf (Frente Renovador) y Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía) junto al diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Eduardo Toniolli. Ninguno de los legisladores pudo ingresar a la audiencia por pedio de la multinacional.
La audiencia se extendió durante varias horas, pero sin demasiadas novedades: Dow cerrará su planta en Puerto San Martín. Uno de los pedidos que vienen realizando los trabajadores es que en el proceso de cierre no se desmantele la planta y que se ponga a la venta, con la posibilidad de conservar los puestos de trabajo.
Del encuentro trascendió que los trabajadores “cobrarán una buena indemnización y tendrán cobertura durante catorce meses”. Los trabajadores convocaron a una reunión este sábado en la sede del gremio, en la ciudad de San Lorenzo, donde se definirán los pasos a seguir. El lunes habrá otra audiencia a las 15 en el ministerio de Trabajo.
“Seguimos todas las instancias correspondientes y nos sentamos en distintas mesas de negociación. Pero nos están llevando a que tomemos medidas de fuerzas más severas”, evaluó Pellegrini. “La empresa hoy está cerrada y solo tenemos un par de compañeros que están adentro brindando un servicio hacia la planta de Corteva, que está al lado. Nos queda reunirnos entre los trabajadores y el gremio para evaluar el plan de lucha”, agregó.
En ese contexto, Del Frade cuestionó duramente al gobierno provincial por la “falta de interés” en el tema y apuntó contra la vicegobernadora Scaglia. “No envió una ley votada por todos los senadores. Para nosotros, eso es un claro ejemplo de incumplimiento de los deberes de funcionario público y la vamos a denunciar penalmente”, expresó a Página/12. Y agregó: “Lo que expresa la vicegobernadora es la voluntad del gobierno de Pullaro de no defender a los trabajadores frente a una decisión totalmente injustificada de una multinacional como Dow”.
El legislador recordó que el cierre de la planta implica la pérdida de 120 puestos de trabajo en forma directa y 600 en forma indirecta. A eso se le suma la advertencia por la situación de los trabajadores de Corteva y Pampa Energía, que funcionan prácticamente coordinados con Dow.
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