“Las empresas públicas pierden 5300 millones de dólares y algunas siguen sumando empleados”, aseguró un artículo en Clarín esta semana. Diez días antes, el mismo medio había publicado un editorial que apuntaba contra “el agujero negro de las empresas públicas“, muy similar a otro aparecido en La Nación, bajo el título “lo que nos cuestan las empresas del Estado“. En la misma sintonía que esos grupos mediáticos, cuyos responsables son figuras destacadas del círculo rojo, dirigentes de la Asociación Empresaria Argentina o la Sociedad Rural, los candidatos a presidente de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza aceleraron su embestida contra Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles, el Banco Nación y otras empresas del Estado.

Horacio Rodríguez Larreta dijo que “en casi ningún país del mundo quedan aerolíneas de bandera, ya son todas privadas“, como argumento para la privatización de Aerolíneas Argentinas. Javier Milei sostuvo que también “la privatizaría, porqueno debe estar en manos del Estado”. Patricia Bullrich afirmó que la línea de bandera “es un gasto que utiliza una cantidad minoritaria de personas“, cuando este año transportará más de 13 millones de pasajeros y conectará 39 ciudades del país, 22 de las cuales la tienen como único servicio para la conexión aérea.

Los principales motivos que exponen los candidatos de la derecha y los grandes medios para liquidar las empresas públicas son los mismos que repetían a fines de los ’80 personajes emblemáticos de las campañas contra el Estado, como Bernardo Neustadt y Alvaro Alsogaray. El periodista y el fundador de la UCeDé se quejaban especialmente de las pérdidas de los ferrocarriles, “un millón de dólares por día”, y sostenían que las empresas manejadas por el Estado eran focos de corrupción. Además, prometían que las empresas privadas serían más eficientes y darían mejor servicio a la población.

“Doña Rosa -decía Neustadt- no tiene por qué pagar la ineficiencia del Estado”. Una vez que el gobierno de Carlos Menem hizo lo que pedía el establishment, la red ferroviaria que era de 47 mil kilómetros quedó reducida a 18 mil, desaparecieron más de 300 localidades por quedar aisladas y 75 mil trabajadores fueron despedidos, con servicios que empeoraron notablemente.

“Loma Negra operaba uno de los ramales de carga privatizados y se cobraba el canon a sí mismo, por transportar su producción. Esa recaudación era la que tenía que entregar al Estado para que supuestamente mantuviera los servicios de pasajeros. Entonces pagó siempre lo menos posible, bloqueó el transporte a otras empresas y el Estado sufrió el desfinanciamiento, agravando el déficit fiscal y afectando el resto de los servicios”, recuerda Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, uno de los tantos ejemplos de la ineficiencia privada generada para privilegiar intereses particulares, como ahora proponen Rodríguez Larreta, Bullrich y Milei.

De los dos lados

En el gobierno de Mauricio Macri también fue notable la vinculación entre autoridades políticas y negocios empresarios. El propio ex presidente es el exponente más directo de ello, con la escandalosa privatización del Correo Argentino en los ’90 y las ventas de sus participaciones accionarias en empresas eléctricas y de peajes, luego de aumentar las tarifas y hacer subir el precio de las acciones, durante su propia gestión en la Casa Rosada.

Ministros y segundas líneas del gobierno de Juntos por el Cambio fueron igualmente empresarios o CEO de grandes compañías, que a lo largo de su gestión recibieron múltiples cuestionamientos y denuncias por favorecer a sus antiguas compañías, ubicándose de los dos lados del mostrador.

En la cartera de Energía, con Juan José Aranguren, ex presidente de Shell; en Economía, con Alfonso Prat Gay, ex ejecutivo del JP Morgan; en Finanzas y luego el Banco Central, Luis Caputo, ex Deutsche Bank; en la vicejefatura de Gabinete, Gustavo Lopetegui, ex ceo de LAN Argentina; en la coordinación ministerial, Mario Quintana, fundador de Farmacity; en el Ministerio de Transporte, Guillermo Dietrich, de la concesionaria de autos Dietrich, por citar los casos más notables.

¿Y la eficiencia?

En cuanto a la promesa de que habría servicios más eficientes de ser operados por empresas privadas, la experiencia de los ’90, con su estela hasta la actualidad, las deja en ridículo en por lo menos una decena de casos. En todos ellos, las compañías debieron ser reestatizadas tras su estrepitoso fracaso.

Otra vez, el ejemplo número uno es el Correo Argentino en manos del grupo Macri, que se convirtió en un caso testigo de incumplimientos y abusos del sector empresario. En la renegociación de la deuda que todavía arrastra por cánones impagos al Estado, el propio Macri quiso bajarse el monto a pagar cuando llegó a la presidencia del país y debió decir que todo volvía a “foja cero” cuando estalló el escándalo.

Edesur es otro emblema de la ineficiencia privada. Asociaciones de usuarios y la mayor parte de los intendentes peronistas del conurbano bonaerense reclaman su estatización. Los actuales accionistas de la empresa, los italianos de Enel, anunciaron hace meses que abandonarán el país y la pusieron en venta.

Los ramales ferroviarios que operaban grupos privados fueron reestatizados en la mayoría de los casos, luego de que se agravaran los problemas que supuestamente venían a solucionar.

Aerolíneas Argentinas, primero con Iberia y luego con Marsans, ambas españolas, fue otra reestatización impostergable al quedar al borde de la quiebra por el desguace de sus activos y por ofrecer un servicio desastroso. Gerardo Díaz Ferrán, ex propietario de Marsans, terminó condenado a cinco años y medio de prisión en España por hechos de corrupción. La línea de bandera viene bajando el déficit de manera considerable desde que pasó la pandemia y este año todavía no solicitó auxilio presupuestario al Tesoro.

AFJP, YPF y Aguas Argentinas

La privatización de la seguridad social a manos de las AFJP fue otro fracaso y estafa monumental, que dejó a miles de jubilados con haberes paupérrimos y generó un gigantesco déficit fiscal, ya que el Tesoro tuvo que seguir pagando las jubilaciones mientras perdió la recaudación de aportes y contribuciones. Es decir, en lugar de mejorar las cuentas públicas, ese negociado las empeoró y dio paso a un endeudamiento masivo del Estado. Parte de los prestamistas eran los mismos bancos que manejaban las AFJP.

Más dañina para las aspiraciones de desarrollo nacional fue la privatización de YPF. “Repsol explotó al máximo las reservas de hidrocarburos que había identificado YPF durante décadas de gestión estatal. Extrajo todo lo que pudo hasta que consideró que la Argentina ya había bajado del pico de petróleo convencional que podía generar sin nuevas exploraciones. Hizo un gran negocio de corto plazo y cuando consideró que se había agotado, se marchó. Mientras tanto, por ejemplo, desmanteló el laboratorio de investigaciones petroleras que había desarrollado YPF y era modelo”, refresca Alberto Müller, director del Plan Fénix y docente de la UBA.

Aguas Argentinas, con escándalos de todo tipo que tuvieron a María Julia Alsogaray como protagonista, era operada por la francesa Suez y tuvo que ser recuperada por el Estado porque no hacía inversiones, cobraba tarifas cada vez más altas y las redes de agua y cloacas permanecían estancadas.

La lista puede seguir con los peajes, el espacio radioeléctrico, la confección de los DNI y con la mayoría de los servicios, incluyendo las telecomunicaciones, que pese al salto tecnológico, siguen sin invertir para llevar la conectividad a pueblos alejados y descargan esa responsabilidad en el Estado, aunque es su obligación. En este rubro tiene un papel central el grupo Clarín, el cual se hizo gigante con las privatizaciones de radios y canales en los ’90 y ahora es un actor principal del agujero negro de la campaña privatizadora, en tándem con la oposición.