Dos magistrados se declararon ayer incompetentes para intervenir en las denuncias por presunto lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez,
y ahora será la Cámara Federal la encargada de decidir cuál de los dos llevará adelante el expediente. Primero el juez Sebastián Casanello y luego su par Rodolfo Canicoba Corral rechazaron ser quienes investiguen al financista Leonardo Fariña, quien en una supuesta cámara oculta afirmó que manejaba millones de pesos pertenecientes al empresario cercano al gobierno, cuyo destino eran cuentas bancarias en paraísos fiscales ubicados en Suiza, Belice y Panamá. Por su parte, el acusado de armar la estructura para realizar el lavado de activos a través de empresas offshore desmintió, en un reportaje, tener cualquier nexo con esos delitos y aseguró que el informe periodístico que lo reveló fue montado.