En una entrevista publicada por Miradas al Sur, el funcionario nacional destacó que en un contexto de caída del crecimiento económico y de crisis internacional, las políticas laborales oficiales se mantuvieron inalterables.
Tomada también señaló que, a diferencia de 2009, no fue necesario salir al rescate de los puestos de trabajo y confía que con las próximas acciones que pondrá en marcha su cartera se pueda bajar en diez puntos los niveles de trabajo no registrado, en el mediato plazo.
–Con el temor del impacto que podía generar la crisis internacional y el hecho de que por primera vez los gremios docentes no firmaron la paritaria docente nacional, las negociaciones colectivas de este año presagiaban un mayor grado de conflictividad. ¿Qué balance hace con todos los acuerdos ya cerrados?
–Contrariamente a lo que se señalaba en algunos pronósticos catastróficos, que ya son reiterados, la negociación colectiva de este año fue más de lo mismo. Seguimos con la lógica de mejora de las remuneraciones y desenvolvimiento de las paritarias con razonable conflictividad y cerrándolas. Quizás un rasgo diferencial fue el hecho de que esta vez se cerraron con cierto retraso en el tiempo pero en un marco de normalidad. Puedo recordar tapas de diarios presagiando que frente a años electorales, crisis con el campo o la crisis económica internacional la conflictividad iba a ser inmanejable. Lo cierto es que el sistema tiene la capacidad de absorber estas tensiones y las puede resolver. Creo que la negociación colectiva se ha convertido, además de una institución recuperada, en un activo social. Hay una voluntad explícita por parte de los actores sociales de que el sistema funcione y que sea el mejor mecanismo para mejorar condiciones laborales y salariales. En otros tiempos, estas situaciones coyunturales que señalaba hubieran sido excusas más que suficientes para suspender las negociaciones colectivas. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido impertérrita la idea de mantener el funcionamiento. Más allá de que se trata de una institución que se puede desarrollar y buscar tanto mejores formas como mejores contenidos.
–Teniendo en cuenta la posición dominante que tienen algunos sectores empresarios para trasladar de manera casi automática los aumentos salariales a los precios, muchas veces se habló de conformar un pacto social para encauzar la puja distributiva. ¿Lo ve como una alternativa posible?
–Es cierto que en ciertas oportunidades puede ser un plus al sistema de negociación colectiva un acuerdo superior que morigere la puja distributiva. Estamos hablando en ese caso de un acuerdo explícito. Pero también es cierto que acá ha funcionado cierto acuerdo implícito que se traduce en el hecho de que todos saben a qué estamos jugando. Se ha hablado mucho e inventado acerca de las supuestas pautas que pone el Gobierno. Pero el hecho de que todos los acuerdos firmados hayan sido homologados demuestra que las negociaciones no tienen ni piso ni techo. Lo cierto es que han funcionado ciertos niveles de moderación y responsabilidad, tanto por el lado de las organizaciones sindicales como de las cámaras empresarias. Pensemos que si no hubieran funcionado esas autolimitaciones, no habría resistido el sistema de negociación colectiva. De hecho, el promedio de las paritarias ha fijado un incremento inferior al de 2011. Eso acompañado por incremento de precios inferiores. Cuando todos presuponían que las negociaciones iban a estar en niveles del 30-35%, finalmente estuvimos en el 25%. Ese pacto implícito entre trabajadores, empresarios y Gobierno ha funcionado adecuadamente. Prueba de este pacto implícito es el funcionamiento del Consejo del Salario Mínimo. Allí están todos los que son los protagonistas de un acuerdo más amplio y allí se alcanzan acuerdos donde participan las dos centrales sindicales, la UIA, la Cámara de Comercio, las pymes y las entidades agrarias. Funciona bastante bien y todos los años.
–No perdió legitimidad el acuerdo del Consejo del Salario Mínimo de este año al no contar con la firma de Hugo Moyano, a quien el propio Gobierno aún reconoce como el secretario general de la CGT?
–Yo no diría que haya perdido legitimidad. La CGT fue convocada y la mayoría de sus miembros concurrieron. Es cierto que Moyano no participó. Siempre es mejor que estén todos y cuanto más amplia sea la representación mejor es. Afortunadamente concurrió la mayoría de los dirigentes que representan a la CGT en el Consejo del Salario, con lo cual creo que la legitimidad está salvada. De hecho, no hubo ningún tipo de impugnación posterior.
–Frente a la desaceleración de la demanda de empleo el Gobierno apuesta a medidas anticíclicas como el Plan Procrear para la construcción de viviendas y la inversión en el sistema ferroviario. ¿Esas iniciativas generan un efecto inmediato o puede haber cierto desfase entre la urgencia y las soluciones que pueden traer estas iniciativas?
–Lo primero que debemos destacar es que por primera vez hay un gobierno que frente al impacto de una crisis no opta por el ajuste, sino que va por políticas anticíclicas. Sucedió en el 2008 cuando se puso en marcha el Repro. A diferencia de 2009, en la actualidad no hay despidos colectivos o actividades completas que estén en una situación terminal. A su vez, durante la crisis de 2009 las solicitudes de Repro llegaron a comprender a 150 mil trabajadores. Bajó a un promedio de 30 mil y en la actualidad está en 34 mil. Me da la impresión de que los niveles de empleo no están sufriendo los ataques que muchos pronosticaron y que el lanzamiento de estas iniciativas servirán para que prontamente se recupere la demanda.
–Pero el empleo no registrado creció casi dos puntos entre la última medición y la inmediatamente anterior.
–El empleo no registrado está en una situación de amesetamiento y las políticas de empleo han servido para hacerlo retroceder desde los niveles de casi el 50% a los actuales del 33-34%. Va a requerir de nuevas acciones y la aplicación de otras políticas para hacerlo descender por lo menos en 10 puntos.
–¿Cómo se logra hacer bajar el empleo no registrado en nichos como el los de los trabajos domésticos y el cuentrapropismo donde la informalidad de la economía es muy alta?
–Lo que queremos es que la Argentina entre en un estadio general de niveles más bajos de trabajo no registrado y por lo tanto en niveles más alto de formalidad. Eso se logra de varias maneras. La primera, es incorporando la formalidad de empresas y trabajadores como un objetivo y como un valor. En otros tiempos hasta formaba parte de cierta picaresca reconocer que uno tenía trabajadores no registrados. Hoy me parece que hay una tarea conjunta de todas las estructuras del Gobierno de la necesidad de ir hacia una economía más formal. Lo segundo es buscar instrumentos que atiendan determinado colectivos en particular. No creo que podamos resolver problemas mediante legislaciones generales porque eso genera grandes injusticias. Pero atender la situación de colectivos particulares con reglamentaciones que faciliten la formalización es perfectamente posible. Se ha mandado un proyecto de ley de trabajadores en casas particulares y hemos aprobado una nueva ley de peón rural para un colectivo en el que hay mucha informalidad. Vamos a presentar una nueva ley de trabajo a domicilio que tiene que ver con los talleristas, donde se ven casos de explotación. Luego habrá que trabajar sobre esos sectores de la economía que no forman parte de la figura clásica de trabajador no registrado, sino que forma parte de sectores que son difíciles de registrar. La Argentina en la que predominaba el trabajo registrado y la relación de dependencia tenía niveles de trabajo no registrado entre el 20 y 25%. Estamos cerca de llegar a eso pero justamente es cuando más cuesta bajar los niveles.
–La suba del mínimo no imponible y la actualización de las alícuotas en el Impuesto a las Ganancias fue una de las principales demandas gremiales de este año. ¿No hay posibilidad de establecer para su actualización algún tipo de ecuación como se hace con la jubilación, por ejemplo?
–Lo primero que me parece que hay que remarcar es que para este Gobierno, a diferencia de los anteriores, la política de ingresos es una variable tan importante como la fiscal y la monetaria, en lo que tiene que ver con las políticas macroeconómicas. Estas dos fueron siempre las principales y a las que se debía subordinar el resto y produjeron los efectos que todos conocemos. Desde mayo de 2003, está claro que la política de ingresos –salarios, trabajo y seguridad social– forma parte de la política macroeconómica, que tiene que estar en un nivel de equilibrio con las otras. Con lo cual, la cuestión de los ingresos siempre va a ser importante y lo vamos a tener un nivel que incorpore demanda agregada. Asignaciones familiares tuvo una respuesta. Presionaban, generaban clima y hablaban de demora y, al final, se terminó resolviendo en el mismo período que en los años anteriores. La discusión de si debe haber o no un impuesto que recaiga sobre los salarios, yo creo que debe haber para los salarios altos. Frente a una crisis en la que el Gobierno está tratando de preservar niveles de empleo, salario y seguridad social, y eso implica tocar intereses de quienes nunca quieren aportar para enfrentar una crisis, porque son los sectores privilegiados que quieren que la crisis las paguen otros, este Gobierno confronta con ellos. Y si tiene que pedir un esfuerzo colectivo, me parece que tiene que entenderse que ese esfuerzo hay que hacerlo entre todos. Seguramente puede haber otros esquemas de actualización o una búsqueda de una mejora del impacto de ese impuesto sobre determinados niveles de salario. Es una tarea que puede estar en el futuro.
