Casación debe definir si confirma el sobreseimiento del líder del PRO en el expediente por la vigilancia que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) efectuó sobre las familias de los 44 submarinistas.
Mauricio Macri sigue con la buena racha en los tribunales de Comodoro Py. El expresidente logró que Alejando Slokar no sea uno de los jueces que revisen el sobreseimiento que consiguió el año pasado en la Cámara Federal porteña en la causa en la que se investiga el espionaje que sufrieron los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017.
Desde hace diez meses, la Cámara Federal de Casación Penal tiene para definir la situación de Macri en el expediente sobre la vigilancia ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre los parientes de los submarinistas. La causa avanzó de recusación en recusación. Pero ahora el líder del PRO –que está en plena campaña interna contra Horacio Rodríguez Larreta– se anotó un punto importante al lograr apartar a Slokar.
Tanto Macri como su amigo Gustavo Arribas, exdirector general de la AFI, habían pedido separar al juez. Los argumentos incluyeron su pertenencia al núcleo fundador de Justicia Legítima y su mirada crítica frente al espionaje denunciado durante la era Cambiemos.
El argumento central de las defensas para pedir el apartamiento de Slokar del expediente es que el juez ya había sido separado en una causa conexa a la del ARA San Juan. La causa en cuestión era la que orbitaba alrededor de Marcelo Sebastián D’Alessio. En 2020, la que consiguió la hazaña fue Elisa Carrió, que se declaró imputada en el expediente que estaba en manos del juez Alejo Ramos Padilla y pidió correr a Slokar porque ella lo había denunciado ante el Consejo de la Magistratura. Ni Carrió debió dar nunca explicaciones en esa causa ni se mantuvo en pie la denuncia contra Slokar, pero la misión se había cumplido con éxito: el juez ya había sido corrido del D’Alessiogate.
Ahora, Macri y compañía trajeron de nuevo aquel episodio. Lo curioso es que el macrismo siempre buscó encapsular el escándalo D’Alessio y negó cualquier tipo de vínculo con el falso abogado que está elevado a juicio oral por haber hilvanado una red dedicada al espionaje, la extorsión y el lavado de dinero.
La decisión de apartar a Slokar fue tomada por tres de sus colegas, Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Daniel Petrone. Yacobucci, que lideró el acuerdo, planteó dudas sobre la conexidad entre el D’Alessiogate y la causa del ARA San Juan, pero dijo que había que aventar cualquier temor de parcialidad y, por eso, se inclinó por correr a Slokar. “Sin que la decisión implique asumir las críticas de los presentantes, ni menoscabo alguno a la honorabilidad e idoneidad del magistrado”, advirtió el presidente de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal.
Las defensas solo recordaron la conexidad con el D’Alessiogate cuando el que fue convocado para intervenir fue Slokar. No la invocaron ni cuando intervenía Carlos Mahiques –que tuvo que apartarse después de que lo recusara el fiscal Juan Ignacio Bidone, integrante de la banda de D’Alessio– ni ahora que interviene Petrone, que está corrido del expediente por su amistad con el exministro de Justicia Germán Garavano.
La Cámara de Casación debe decidir si confirma el sobreseimiento que los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia dictaron en julio del año pasado. Los tres jueces –llegados a la Cámara Federal durante la administración cambiemita– confirmaron que la AFI siguió y consiguió información sobre los familiares de los submarinistas sin orden judicial pero dijeron que esas tareas estaban justificadas porque estaba en riesgo la seguridad del presidente.
Las querellas y la fiscalía –representada por José Agüero Iturbe y Raúl Pleé– pidieron revocar ese fallo y que se continúe con la investigación que, mientras estuvo en Dolores en manos del juez Martín Bava, destapó uno de los escándalos más graves de espionaje ocurridos en democracia.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó intervenir en la causa como amicus curiae (amigo del tribunal), pero Yacobucci y Mahiques se lo impidieron. Todavía está pendiente de revisión un recurso presentado por el organismo de derechos humanos para llevar el tema a la Corte Suprema.
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