Sindical/Nacionales/Gestión Sindical
Preparan reclamos para garantizar los fondos para su funcionamiento, realizando cambios en la actual seguridad social. Dicen que el sistema “está al borde del colapso”, y temen que los recursos comprometidos hasta el 10 de diciembre de limiten. En el Frente de Todos aseguran que trabajan en el tema, y podrían incorporar una nueva agencia de tecnología médica, un viejo reclamo de los sindicatos.
Diego Lanese.
La semana pasada, el gobierno nacional confirmó que girará de acá a diciembre los 3 mil millones de pesos retenidos en el Fondo Solidario de Redistribución, que irán a parar a las obras sociales sindicales, en un esquema que pretende beneficiar a las entidades más chicas (se llevarán el 90 por ciento de los recursos aquellas que reciben menos de 1.450 pesos por afiliados). Esta disposición no logró tranquilizar a los gremios, que vienen alertando sobre los problemas que existen en la seguridad social, un sistema que atiende al 60 por ciento de la población argentina.
Por eso, la semana pasada decidieron lanzar un espacio que reúne a unas 30 obras sociales, que buscará hacerse interlocutor con el próximo gobierno, para buscar cambios en un esquema saturado. Esta entidad quiere limitar el aumento de insumos, prestaciones y otras prácticas médicas, uno de los primeros reclamos que llevarán a los encargados de la salud cuando Alberto Fernández asuma. Hay temor que si el oficialismo pierde no cumpla con el giro de recursos, lo que haría colapsar la atención. En el Frente de Todos analizan la situación, y prometen medidas, incluyendo la creación de la agencia que Mauricio Macri pactó con los sindicatos, pero no pudo aprobar en el Congreso.
Con la elección a la vuelta de la esquina, los gremios preparan una agenda de temas para negociar con el futuro gobierno. El pacto social es el eje que vertebra las discusiones, y su posible implementación junto al sector empresarial. Pero las dificultades en la seguridad social no pueden esperar, por lo cual esta semana se lanzó Obras Sociales Unidades (OSU) es un espacio donde unas 30 entidades sindicales buscan coordinar sus esfuerzos en defensa del sistema solidario.
Las constantes dificultades financieras que padece el sector fueron la principal razón para crear este espacio, que está organizado por las grandes entidades, que deben afrontar los mayores desafíos, como la atención a monotributistas.
Según su documento fundacional, el objetivo de la USO es “articular las políticas e intereses comunes de sus integrantes; estudiar y difundir la relación costo beneficio de las prestaciones sanitarias; analizar el impacto económico y social de las tecnologías sanitarias; promover la valoración clínica, ética y económica de la tecnología sanitaria y sus prioridades de utilización; producir y difundir informes, recomendaciones y protocolos de utilización de los nuevos procedimientos sanitarios; y contribuir a reducción de la litigiosidad por la cobertura de tratamientos y procedimientos sanitarios”.
Además, la flamante organización se encargará de peticionar ante la autoridad y ser órgano de consulta de ésta respecto de la inclusión y eficacia de las prácticas cubiertas por la seguridad social.
“El sistema está desde hace tiempo al borde del colapso”, sostuvo una fuente ante la consulta de Gestión Sindical. La formación de este espacio busca “poner las necesidades del sector en la agenda del próximo gobierno, desde el día cero”, agregó la misma fuente. Los 3 mil millones comprometidos por el gobierno no alcanzan para sanear la situación, en un marco de aumento constante de insumos (el sector farmacéutico tiene una dolarización casi total de su cadena de pagos).
El temor en el sector es que si se concreta la derrota del oficialismo, esos pagos comprometidos se retengan. “Si cierran la ‘canilla’, el sistema explota”, remarcó la fuente consultada. Las obras sociales sindicales atienden junto a las entidades provinciales (como el IOMA de Buenos Aires) y el PAMI al 60 por ciento de la población argentina. El resto se divide en el sistema público (un 30 por ciento que va variando según la situación del país) y la medicina privada (un 10 por ciento promedio).
El sector se financia con el aporte del 3 por ciento de los trabajadores activos u un 5 por ciento que paga el empleador, y con programas especiales que comparte con el Estado. La atención la determina el llamado PMO (Programa Médico Obligatorio), que genera un paquete de prestaciones para todas las entidades. Uno de los problemas es que el PMO se agranda –a partir de ley o de resoluciones –pero los recursos son los mismos. Otro punto de discordia son los fallos judiciales, que obligan a cubrir tratamientos o estudios de alto costo, y que desfinancian a las entidades.
Sobre este último punto, en el Frente de Todos trabajan para aprobar cambios en la forma de aprobar las prestaciones. Los equipos técnicos de salud que comanda Ginés González García confirman que una de las propuestas es tratar la llamada Agencia Nacional de Tecnologías de la Salud (AGNET), cuyo proyecto presentó el actual gobierno en 2016, como parte de una movida sanitaria y de seguridad social, que no pudo completarse.
El proyecto de ley fue girado el año pasado al Senado como parte de las leyes de la reforma laboral, pero nunca se trató, pese a que tenía el visto bueno de la dirigencia sindical, que cree que esta iniciativa servirá para frenar los amparos judiciales y el impacto de la incorporación de coberturas sin evidencia científica en la salud financiera del sector. “La vamos a tratar, pero con cambios”, le anticipó a Gestión Sindical un integrante de estas mesas técnicas, que trabajan en el plan sanitario de Alberto Fernández.
Uno de los cambios posibles es incorporara otros sectores a la formación de la entidad. “Hasta ahora la ley prevé que los financiadores sean los que decidan en la futura agencia, tenemos que contraponer ese peso con la presencia de asociaciones de pacientes o sociedades científicas”, afirmó.
Los problemas en la seguridad social vienen de larga data, y se profundizó en los últimos años, con la suba indiscriminada de insumos y la falta de una política de financiamiento a largo plazo. Las grandes obras sociales no aceptan a monotributistas, por ejemplo, porque el gobierno no actualiza el porcentaje de recursos que destina para la cobertura. Además, otros sectores están sufriendo las consecuencias de esta falta de previsión. Los fondos siempre se usaron para negociar con los gremios, como sucedió en 2016, cuando la CGT se mostró con Mauricio Macri cuando se anunció un plan para entregar parte de los recursos retenidos. En ese momento, la conducción gremial pospuso protestas contra el gobierno ante el compromiso de recibir ese dinero, algo que terminó cumpliéndose a medias. Será un eje central de la discusión con el futuro gobierno, y marcará la relación que tengan.
