El Gobierno utilizó otro decreto para ampliar el presupuesto en las últimas semanas del año para atender el pago de salarios, entre otras necesidades. Asimismo, redujo la partida destinada a gastos reservados de la SIDE, tras el rechazo del Congreso, y aumentó fondos para la Policía Federal, Fuerzas Armadas, Penitenciarios, entre otras partidas.
El gobierno de Javier Milei aprobó una ampliación del presupuesto 2024 para garantizar el pago de salarios, gastos operativos y otras obligaciones. La medida, oficializada mediante el Decreto 1104/2024, busca reforzar los recursos destinados a personal, subsidios, becas y transferencias, además de atender necesidades en áreas clave como salud, jubilaciones y defensa. Según el decreto, la readecuación es «urgente y necesaria» para asegurar la continuidad del funcionamiento del Estado.
Uno de los puntos destacados es la reducción del presupuesto para la Secretaría de Inteligencia, tras el rechazo del Congreso a un aumento de $100.000 millones destinado a «fondos reservados». En contraste, se incrementaron los fondos para jubilaciones y pensiones de la Policía Federal, las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), junto con recursos adicionales para misiones de paz y atención médica en regiones aisladas.
Además, se ajustaron los créditos para cubrir obligaciones financieras, incluyendo pagos de deuda pública, servicios judiciales y otras sentencias previsionales. También se reforzó el presupuesto de ANSES para afrontar gastos operativos, aunque se redujeron partidas para prestaciones previsionales previamente fortalecidas en julio. La prestación por desempleo recibió un aumento, reflejado en el incremento de los montos mínimos y máximos.
Para financiar estas adecuaciones, el Gobierno autorizó la emisión de títulos públicos, uso de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la colocación de bonos. En este marco, el Ministerio de Obras Públicas emitió un pagaré al Tesoro por un billón de pesos con vencimiento en marzo, mientras que se aprobó un crédito del BID por 20.000 dólares. El 60% de los pagos de deuda pública de 2025 se realizará con letras intransferibles del Banco Central, y el 40% restante en efectivo.
Por último, el ajuste también contempla créditos destinados a proyectos específicos, como la adquisición de buques guardacostas para la Prefectura Naval y la financiación de obras vinculadas a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). Esta ampliación presupuestaria responde a la necesidad de reordenar partidas en el marco de la prórroga del Presupuesto 2023.
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