La empresa estatal de servicios aeroportuarios Intercargo será vendida mediante una licitación pública nacional e internacional, en el marco de la política de desregulación impulsada por el Ejecutivo.
El Gobierno Nacional anunció la privatización total de Intercargo S.A.U., la empresa encargada de los servicios de rampa y traslado de equipajes en los aeropuertos del país. A través del Decreto 198/2025, publicado en el Boletín Oficial, se autorizó la venta del 100% de las acciones de la compañía, dando inicio a un proceso de licitación pública de alcance nacional e internacional. La medida se enmarca dentro de la política de desregulación impulsada por el Ejecutivo.
La decisión de avanzar con la privatización de Intercargo se da a conocer en noviembre de 2024, el Gobierno permitió el ingreso de empresas privadas al sector, desregulando la exclusividad que Intercargo tenía sobre estos servicios. En aquel entonces, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había señalado que “el fin de Intercargo tal como lo conocemos” era una de las prioridades del Ejecutivo en materia de transporte aéreo.
Según el decreto, Intercargo mantenía contratos con concesionarios de 21 aeropuertos en el país para la prestación del servicio de rampa. Esta concesión tenía su origen en la Resolución 7417/90, que otorgaba a la empresa el carácter exclusivo en aeropuertos estratégicos como Ezeiza y Aeroparque. Con la nueva normativa, se abre el camino para la transferencia total de la firma al sector privado, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
El Ministerio de Economía será el responsable de llevar adelante el proceso de privatización y asegurar que la transferencia de Intercargo no genere interrupciones en el servicio. De acuerdo con el artículo tercero del decreto, se deberán tomar todas las medidas necesarias para que la conectividad nacional e internacional no se vea afectada. La licitación pública buscará atraer inversores nacionales e internacionales que puedan garantizar la operatividad de la empresa bajo una nueva administración.
Desde el Ejecutivo justificaron la privatización como parte de una política de apertura del sector aerocomercial, reduciendo regulaciones y permitiendo una mayor competencia en los servicios de rampa. Con esta medida, el Gobierno avanza en su plan de reestructuración de empresas estatales, apostando por la participación privada como estrategia para mejorar la eficiencia y reducir la intervención del Estado en la economía.
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