En medio de un tenso conflicto, el Consejo Directivo del INTA aprobó una serie de cambios que incluyen la subasta de bienes, retiros voluntarios y la reubicación de personal. Estas medidas forman parte de un plan de ajuste impulsado por el Gobierno, que genera resistencias en diversos sectores del organismo y el agro. El INTA se encarga de investigar y fomentar la innovación tecnológica en los territorios rurales del país.
El Gobierno alcanzó un acuerdo en el Consejo Directivo del INTA para implementar serios cambios en el organismo. Entre las medidas aprobadas se encuentran la subasta del edificio ubicado en Palermo, la ejecución de una segunda tanda de retiros «voluntarios» que afectará a 298 trabajadores y la reubicación de oficinas en nuevas sedes. Además, se plantearon debates sobre el destino de tierras en la provincia de Salta y la utilización de los fondos recaudados para proyectos de investigación.
Uno de los puntos más controversiales es la venta del edificio de la calle Cerviño, que tendrá un precio base de 6,37 millones de dólares y cuya subasta está programada prácticamente de urgencia para el 23 de diciembre. Las oficinas que allí funcionan, incluyendo áreas clave como la Dirección de Relaciones Internacionales y Vinculación Tecnológica, serán trasladadas en un plazo de 15 días a espacios de la Secretaría de Agricultura o del Ministerio de Economía. Según el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, los fondos generados por la venta serán destinados a “inversiones estratégicas para investigación”, aunque el proceso ha sido cuestionado por los trabajadores.
Además, el Consejo Directivo aprobó la ejecución de una nueva tanda de retiros «voluntarios» que, sumada a la anterior, alcanza a 298 empleados. También se intimará al personal en condiciones de jubilarse a iniciar los trámites correspondientes en un plazo de 30 días. Estas decisiones forman parte del «plan de modernización» que, según el vocero presidencial Manuel Adorni, busca optimizar el uso de recursos.
El destino de las tierras experimentales del INTA, que abarcan 116.000 hectáreas, también está en la mira del Gobierno. Aunque no se tomaron decisiones definitivas, se analiza la posible venta de 71.000 hectáreas. Sin embargo, estas acciones no cuentan con el aval unánime del Consejo Directivo. La Federación Agraria Argentina y otras entidades se opusieron a los puntos más polémicos, como la venta de tierras y los retiros.
Las tensiones quedaron en evidencia durante las reuniones del Consejo, que se extendieron por más de 12 horas. Fuera de la sede, manifestantes protestaron contra el plan de modernización, denunciando que pone en riesgo el espíritu del organismo. Mientras tanto, un grupo asesor compuesto por representantes del Consejo trabajará en la estrategia de ajuste con un plazo máximo de 180 días.
INFOGREMIALES
