El Ejecutivo intentará frenar la medida de fuerza convocada para el viernes 28 de marzo por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en reclamo de aumentos salariales. Hasta el momento, las negociaciones no lograron destrabar el conflicto y este miércoles se llevará a cabo una nueva audiencia.
La Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, podría recurrir a la conciliación obligatoria, lo que postergaría cualquier acción sindical por 15 días hábiles. Sin embargo, desde la UTA consideran poco probable que surja una oferta salarial que permita desactivar el paro.
Uno de los puntos centrales del conflicto es la Resolución 8/2025 de la Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, que no contempla incrementos salariales para los choferes de colectivos hasta junio. Desde el sindicato argumentan que el Gobierno no ha resuelto la estructura de costos del sector ni el ajuste de los haberes de los trabajadores.
A pesar de que en febrero el Ejecutivo otorgó un incremento del 17% en los subsidios destinados a las empresas de transporte, ese ajuste no incluyó mejoras en los sueldos de los conductores, que actualmente perciben un salario básico bruto de $1,2 millones. En el área metropolitana, las subvenciones estatales representan el 70% de los ingresos de las compañías, que insisten en que no cuentan con recursos para afrontar aumentos salariales.
Las negociaciones entre la UTA, la Secretaría de Trabajo y las cámaras empresarias ya han tenido tres audiencias sin acuerdo, y la reunión virtual prevista para este miércoles a las 15 podría definir si la medida de fuerza se concreta.
Mientras tanto, los empresarios del sector continúan reclamando una actualización del precio del boleto, que actualmente tiene una tarifa mínima de $371 en el AMBA. Según estimaciones de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el costo real del pasaje sin subsidios debería ubicarse en torno a los $1.600.
Además, las empresas plantean otras necesidades dentro de la estructura de costos, como la renovación de unidades, la instalación de sistemas de seguridad en los colectivos y la incorporación de tecnologías para reducir accidentes.
En este contexto de tensiones, si no hay avances en la negociación del miércoles, el paro de colectivos del viernes podría generar un fuerte impacto en la movilidad de millones de pasajeros en el AMBA. Además, la UTA ya confirmó que se sumará a la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 10 de abril, lo que profundizaría el conflicto en el sector.
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