El Gobierno denunció un desfalco de 100 mil millones en la obra social de peones rurales OSPRERA y apunta contra el dirigente sindical José Voytenco. Desde la UATRE rechazaron las acusaciones y aseguran que se trata de una maniobra política, que denunciarán penalmente porque la intervención contrató más de 60 personas con salarios elevados mientras tienen problemas con la provisión de servicios.
El Gobierno nacional denunció una serie de irregularidades financieras en la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), con un faltante cercano a los 100.000 millones de pesos. La intervención gubernamental, encabezada por Marcelo Petroni, detectó una crisis financiera y estructural en la entidad, atribuyendo la responsabilidad al actual secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco.
Según la auditoría realizada por una consultora externa, la obra social enfrenta un déficit mensual de aproximadamente 4.200 millones de pesos y una gestión con múltiples irregularidades. Entre las acusaciones figuran desvío de fondos, falta de control en la administración de recursos y una inadecuada prestación de servicios médicos, lo que ha afectado la atención de unos 760.000 afiliados. Desde el Gobierno, se informó que la auditoría reveló pagos sin respaldo, sobreprecios en contrataciones y una deuda creciente con proveedores de insumos médicos.
Ante estas acusaciones, desde la UATRE rechazaron las denuncias y aseguraron que se trata de una maniobra política. La conducción del gremio defendió la gestión de Voytenco y afirmó que, durante su administración sin intervención estatal, se implementaron medidas para sanear las finanzas de OSPRERA. Además, destacaron que se renegociaron contratos con proveedores para generar ahorros millonarios y se puso en marcha una auditoría externa para mejorar el control en la provisión de medicamentos.
La UATRE denunció que la actual intervención designada por el Poder Ejecutivo ha incorporado casi 60 empleados con sueldos elevados y que la gestión de Petroni ha generado mayores problemas en la prestación de servicios. «Es importante resaltar que los más perjudicados por la intervención son los afiliados: los reclamos de los beneficiarios se han duplicado en estos últimos 3 meses por la falta de prestaciones, de medicación, de atención y de respuesta», aclararon.
Y agregaron: «Los conflictos prestacionales que enfrenta la intervención está a la vista de los resultados. A fines de diciembre una droguería embargó a la intervención de OSPRERA más de $4.000.000.000 por no haber atendido la demanda. Por otro lado, la intervención contrató prestaciones en 6 provincias a un valor muy por encima del habitual, perjudicando a los beneficiarios de manera directa.»
Mientras la disputa entre el Gobierno y la UATRE escala a nivel judicial, la situación de OSPRERA sigue siendo crítica. La Superintendencia de Servicios de Salud y la Justicia Federal de Lomas de Zamora continúan investigando el presunto desfalco.
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