El Gobierno nacional impulsa una reforma «de hecho» en el mundo laboral, sin esperar tratamiento en el Congreso. Para esto utilizan el argumento del peso apreciado frente al dólar a fuerza de evitar una devaluación a toda costa. Ante la desaceleración de la inflación, el Gobierno le pide a los sindicatos que bajen sus demandas y extiendan los acuerdos, aunque no hayan recuperado el poder adquisitivo que ya perdieron en 2024. Con la flexibilización de los Convenios Colectivos, los trabajadores quedarían a merced de lo que los sindicatos puedan negociar con cada empresa y esperan que esto frene la sangría de cierres.
El Gobierno argentino busca impulsar cambios en las relaciones laborales mediante acuerdos directos entre empresas y sindicatos, evitando llevar un proyecto de ley al Congreso. Este enfoque pretende flexibilizar los convenios colectivos de trabajo (CCT) y fomentar negociaciones paritarias a nivel empresarial. El argumento principal es evitar despidos masivos y proteger lo que queda de producción nacional frente a un contexto en el que la Argentina resulta «cara en dólares».
En un escenario económico donde los salarios y los precios de bienes y servicios se han incrementado debido a la apreciación del peso frente al dólar en 2024, el Gobierno considera que estas medidas son esenciales para mantener la competitividad. Funcionarios explican que una devaluación no está contemplada como solución y que se buscará equilibrar la situación mediante la reducción de impuestos, siempre que esto no afecte el superávit fiscal.
La estrategia gubernamental se centra en adaptar los CCT para permitir mayor flexibilidad en los acuerdos entre empresas y trabajadores. Esto incluiría que los salarios básicos de convenio se ajusten a las posibilidades de cada empresa, mientras que las compañías que puedan otorgar mayores incrementos salariales lo hagan «de manera voluntaria». Según fuentes oficiales, esta fórmula busca evitar una dinámica como la de los años 90, cuando los altos salarios dolarizados y las presiones sindicales llevaron al cierre de fábricas y a un aumento de las importaciones.
En línea con esta política, los aumentos salariales serán validados únicamente para acompañar la inflación. Desde el Gobierno destacan como un ejemplo positivo la actitud del líder sindical Hugo Moyano, de Camioneros, quien firmó un acuerdo de incremento del 5,5% trimestral, alineado con las previsiones inflacionarias oficiales.
El plan también responde a la necesidad de proteger a las empresas y regiones más vulnerables, promoviendo un equilibrio que permita sostener los empleos en un contexto de alta competitividad internacional. «Queremos flexibilidad para las empresas y los trabajadores, cuidando las actividades y regiones postergadas», expresaron fuentes oficiales.
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