Con una resolución del ministerio de Seguridad, el Gobierno de Javier Milei logró hoy lo que el macrismo no pudo: formalizar la criminalización de la protesta laboral bajo la figura del «bloqueo». Se podrá denunciar hasta por Whatsapp. Las fuerzas policiales y federales serán las encargadas de probar la acusación que se remitirá a la Justicia Penal y al Ministerio Público Fiscal. También tomarán cartas la Secretaría de Trabajo y las empresas para penalizar a quienes participen con un despido por justa causa, negándole derecho a indemnización.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich le puso la firma otro protocolo, esta vez para impedir «bloqueos» a empresas y fábricas, a través de una resolución del Ministerio de Seguridad publicada en el Boletín Oficial.
La medida entró hoy en vigencia y habilita a convocar a la policía y a fuerzas federales para que actúen contra las protestas de trabajadores que los empleadores identifiquen como bloqueos, para que «restablezcan el normal ingreso y egreso de personas, vehículos o mercaderías en el establecimiento afectado». A disposición, el Gobierno estableció una línea de emergencia, un número de whatsapp y un mail que el Ministerio de Seguridad evaluará.
La Resolución 901/2024 se ataja ante la obvia contradicción y menciona que “si bien el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece el derecho a huelga, el artículo 14 de esa misma ley consagra el derecho de todos los habitantes de la Nación a trabajar y ejercer toda industria lícita y de usar y disponer de su propiedad».
Nada nuevo, habla de «asegurar la libertad de comercio e industria» y considera las protestas de trabajadores por despidos, maltrato laboral o reclamos salariales como una «turbación ilegítima».
La primera línea de acción serán las fuerzas de represión locales pero «si las autoridades del distrito donde se desarrollan los hechos solicitaren ayuda de las fuerzas policiales y de seguridad federales, la máxima autoridad de esta jurisdicción evaluará la necesidad, la posibilidad y la oportunidad de brindar el auxilio solicitado y dispondrá el despliegue correspondiente».
Indica que el Ministerio de Bullrich “comunicará de manera inmediata la información que recibiere a la Secretaría de Trabajo y a las personas físicas o jurídicas afectadas, a fin de que puedan proceder de acuerdo con lo previsto en el artículo 242 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones”. Es decir, se podrá despedir por «justa causa» a quienes se considere partícipes.
Dispone finalmente que las fuerzas policiales y de seguridad federales serás las encargadas de recabar pruebas «sobre el desarrollo del bloqueo, que incluirán la identificación de los responsables y participantes, a fin de su inmediata remisión al juzgado penal correspondiente y al Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior».
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