Busca darle protagonismo a la central obrera en detrimento de los movimientos sociales, que se movilizaron durante las útimas semanas.
El Gobierno avanzará con la CGT en la gestión de la crisis por la multiplicidad de reclamos alimentarios de sectores sociales y de la oposición. El lunes los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Producción y Trabajo, Dante Sica, recibirán a la mesa chica de la central obrera con la mirada puesta en un eventual refuerzo presupuestario para destinarlo a comedores comunitarios y organizaciones intermedias, entre otras medidas, tal como anticipó ayer Ámbito Financiero.
El encuentro se desarrollará desde las 15 en la sede de la cartera de Stanley y contará con la participación de una decena de gremialistas de la cúpula de la CGT. Será la respuesta institucional del Ejecutivo a la carta que la organización le envió esta semana a Mauricio Macri para reclamarle la implantación de la emergencia alimentaria y nutricional, así como una propuesta de convocatoria a entidades públicas y privadas, sindicales, religiosas y de la sociedad civil para articular una red asistencial de emergencia para los sectores más vulnerables de la población.
Para el Gobierno será un intento por encarrilar una conflictividad que amenaza con crecer en los próximos días y que esta semana motivó un acampe de organizaciones sociales en la avenida 9 de Julio, frente a Desarrollo Social. Y representará un cambio en la estrategia oficial de abordaje a los reclamos luego de varias intervenciones de funcionarios que rechazaron la posibilidad de atender los planteos.
En rigor, como explicó ayer este diario, para el Gabinete nacional no es necesaria la declaración de emergencia alimentaria y nutricional que demandan tanto partidos de oposición como la CGT, las CTA, los movimientos sociales y algunos sectores de las iglesias católica y evangélica así como del empresariado. El argumento es que desde 2017 rige una emergencia social que permitió destinar –en aquella oportunidad- unos 25 mil millones de pesos de recursos extraordinarios a ese rubro y cuya disponibilidad debería vencer en diciembre próximo.
Los funcionarios explicaron en reserva que el Gobierno resistirá una nueva declaración de emergencia por dos razones: una, para no cederle un triunfo a los manifestantes del denominado triunvirato de San Cayetano (la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie) que la semana pasada poblaron la Plaza de Mayo, y menos a los del Polo Obrero que protagonizaron el martes y miércoles el campamento en la 9 de Julio. Y también, para mostrarse con la iniciativa de abordaje de la problemática y colateralmente devolverle a la CGT un gesto por la paz social garantizada durante el proceso electoral.
Para la central obrera, en tanto, será una oportunidad para mostrarse como gestora de una eventual concesión oficial en un contexto de crisis. En la misma línea, como reveló este diario, la “mesa chica” con sus jefes formales, Héctor Daer y Carlos Acuña, había iniciado contactos con la Unión Industrial Argentina con la mirada puesta en algún paliativo de la devaluación dirigido a trabajadores. Sobre este último punto, una idea recurrente de los gremialistas era generar un acuerdo por el pago de un bono salarial de primavera para los trabajadores de las empresas privadas.
Uno de los ejes de la propuesta gremial pasa por implementar una red institucional de cobertura para personas en situación de vulnerabilidad social. “Nuestro país tiene una larga tradición en redes de solidaridad, con vasos comunicantes en todo el país, incontables actores sociales con gran experiencia en la materia e infraestructura disponible, instituciones públicas, privadas y religiosas, capaces de actuar en la emergencia; es su deber convocarlas, dotarlas de recursos y coordinar su acción para garantizar un trabajo eficiente e inmediato”, señala la carta que la CGT le envió a Macri.
