1 de Enero 2025
El Gobierno oficializó el nuevo régimen para el sector público y prohibió nuevas contrataciones en el Estado. Sólo las habilitará cuando se registre una designación por cada tres despidos y en sectores estratégicos, como excepción. Además, a partir de enero, todos los contratados deberán tener aprobada la evaluación de idoneidad y obtendrán un contrato por una extensión máxima de seis meses.
En el último día del 2024, cuando 57 mil estatales no saben si mañana tienen trabajo o no, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, publicó en el Boletín Oficial dos decretos clave que reconfiguran las políticas de empleo público para el ejercicio 2025: el Decreto 1148/2024 y el Decreto 1149/2024. Ambas normativas apuntan a una gestión de ajuste y achicamiento de las prestaciones públicas, partiendo desde los despidos, la precarización laboral y la prohibición de realizar nuevas contrataciones, salvo excepciones sectoriales.
El Decreto 1148/2024 establece una prohibición general para nuevas designaciones y contrataciones en las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional, salvo en casos estratégicos o excepciones específicas. Entre los puntos destacados, se dispone que las nuevas incorporaciones solo serán posibles bajo la condición de que se registren tres bajas previas, como renuncias o jubilaciones. Además, toda solicitud de alta deberá contar con la validación de la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público.
No obstante, el texto contempla ciertas excepciones. Por ejemplo, se habilitan designaciones en áreas críticas como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, universidades, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el Servicio Penitenciario Federal, entre otros sectores estratégicos. Asimismo, se prioriza el cumplimiento del cupo para personas con discapacidad, garantizando su inclusión en la administración pública.
“Estas medidas buscan optimizar los recursos del Estado y garantizar un uso eficiente y responsable del presupuesto nacional”, señala el decreto, enfatizando el objetivo de mantener una planta de personal adecuada a las necesidades del sector público bajo el ojo privatizador de la actual gestión.
En paralelo, el Decreto 1149/2024 introduce un nuevo requisito para las contrataciones en la Administración Pública Nacional. Desde el 1° de enero de 2025, los postulantes deberán haber aprobado una Evaluación General de Conocimientos y Competencias, reglamentada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Aquellos que no cumplan con este requisito solo podrán ser contratados de manera excepcional hasta el 31 de marzo de 2025.
El decreto también limita la duración de ciertos contratos en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo que no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025.
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