Un combo compuesto por despidos, vicios en torno a un jugoso negocio inmobiliario y una política de inactividad predeterminada anticipan el retiro por parte del Estado.
El Gobierno prepara el terreno para la privatización de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), una empresa insignia de la soberanía argentina y bastión de la posición argentina en la región y el mundo. Un combo compuesto por despidos, vicios en torno a un jugoso negocio inmobiliario y una política de inactividad predeterminada anticipan el desprendimiento por parte del Estado, un temor que advierten los trabajadores desde adentro.
Tandanor es uno de los astilleros de reparaciones navales más grandes de Sudamérica, con 1.400 metros de muelles propios y cuatro gradas de trabajo. Su plataforma de elevación permite la puesta a seco de embarcaciones de hasta 15.000 toneladas, que se suma al astillero Almirante Storni con su área de construcciones y talleres, que conforman el CINAR (Complejo Industrial y Naval Argentino).
El predio ocupa 34 hectáreas y está ubicado en la Dársena Sur del Puerto de Buenos Aires, sobre el Estuario del Río de la Plata, que es el único acceso a la Hidrovía que conforman los ríos Paraguay, Paraná y De La Plata. De esta manera su emplazamiento es cercano a los principales puertos del Brasil, los de la Patagonia Argentina y de cara al Océano Atlántico, que son los puertos aptos para realizar operaciones con buques oceánicos de gran tamaño. Representa el tercer taller naval más importante del mundo en términos de capacidad productiva, donde se realizan construcción, reparaciones, mantenimiento de barcos y submarinos.
Tandanor es una SAPEM (sociedad anónima con participación estatal mayoritaria), el 90% de su capital societario se encuentra en poder del Ministerio de Defensa los trabajadores tienen y el 10% restante, a través de un Programa de Propiedad Participada. Para fines de 2023, el astillero operaba en su máximo potencial y ejecutaba múltiples trabajos de reparación, grandes proyectos de mediano y largo plazo en todas sus especialidades, prestaba servicios a la Armada Argentina, a la Prefectura Naval Argentina y a importantes navieras y petroleras del mundo.
El operativo privatizador del Gobierno
Hasta diciembre de 2023, más de 120 embarcaciones pasaban todos los años por sus talleres. Entre ellas se destacan el Rompehielos ARA Almirante Irízar, crucial para el funcionamiento de las bases argentinas en la Antártida y el ejercicio de soberanía marítima; el buque ARA Petrel, que allí fue construido y reparado; y los Buques Oceanográfico Dr. B. Houssay y Arenero Santiago S. También se desarrollaron otras obras de ingeniería como la reparación y construcción de remolcadores y buques para la Armada; lanchas para custodiar nuestros mares, lagos, ríos, y Parques Nacionales; buques para la investigación hidrográfica del Mar Argentino; y buques pesqueros para empresas de capitales nacionales; entre otras cosas.
Para enero de este año, el Gobierno removió a todo el directorio y de la mano de Nicolás Posse y Luis Petri, se decretaron 49 despidos. Los balances de la compañía lejos estaban de una crisis deficitaria, sino que es una de las pocas firmas de capitales nacionales cuyos balances contables, auditados y chequeados por la Auditoría General de la Nación, son positivos y superavitarios. Además, no recibe ningún tipo de subsidios del Poder Ejecutivo y mantiene una asociación comercial muy aceitada con los agentes privados.
Una fuente gremial del sector resumió el comportamiento del Gobierno: “Lamentablemente, creemos que el camino que eligieron es la privatización… en breve cambiará otra vez el directorio. Estamos en alarma porque la sanción de la Ley Bases sustenta este intento de desprendimiento”. En diálogo con El Destape, desde la gestión anterior también expresaron su furia: “Hace casi ocho meses que están bajo control del astillero y han suspendido todos los proyectos, han despedido cuadros técnicos irrecuperables junto a trabajadores idóneos y han paralizado distintos proyectos, como la construcción de una Grúa Dique en asoción con IMPSA, o la construcción de la Base Naval Integrada Ushuaia, ente otros”.
Internamente, en la empresa hacen saber que detrás del intento de privatización hay un interés inmobiliario. Tandanor se encuentra en jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires en la dársena que surge del Puerto de Buenos Aires. En frente tiene a IRSA, del empresario mileísta Eduardo Elsztain, donde se iba a instalar la ciudad deportiva de Boca Juniors. El gobierno porteño modificó el estatus inmobiliario de esa zona para construir un polo financiero con edificios y oficinas.
Denuncia de operaciones
En los últimos meses, desde el Ministerio de Defensa hicieron circular versiones respecto a incumplimientos de contrato por parte de Tandanor, una estrategia que pretende sembrar una sospecha de corrupción que avale el posterior intento de privatización. Un informe interno proveniente de la gestión anterior al que pudo acceder este medio explicó que “es mentira que Tandanor S.A. tenga inconvenientes con el contrato de construcción de 12 remolcadores para la Armada Argentina ya que, al 10 de diciembre de 2023, el contrato en términos de plazos tenía una demora totalmente justificada y a derecho, debido a dificultades en la importación de algunos productos indispensables durante 2023”.
“Que el Ministerio de Defensa posea su propio Astillero es una decisión de política pública del Estado Argentino, por considerarlo una herramienta estratégica para el desarrollo de sus capacidades. Un contrato como el del diseño y construcción en serie de remolcadores con su propio Astillero no tiene fines de lucro, sino precisamente el de adquirir estas capacidades. En este contexto, la decisión de discontinuarlo no es más que un cambio en la política pública escondido detrás de estas acusaciones, que deberá sincerar, aclarando que es su voluntad política la de dejar de producir las embarcaciones en el país para adquirirlas en el extranjero o contratar sus servicios de manera indefinida a terceros, limitando drásticamente la capacidad operativa de la Armada Argentina”, destacó el documento.
También desmintieron que la empresa tenga deudas y apuntaron contra Petri, quien ” miente y hace de la mentira un instrumento desleal para hacer política, desconectando su responsabilidad sobre las empresas para la Defensa, sus trabajadores y la sociedad”. En ese sentido, sentenciaron que “es falso que Tandanor construya bancos de plaza, o mejor dicho, no es justo que el ministro le falte el respeto al convenio de integración y compromiso social firmado entre el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y Tandanor”.
En ese convenio, la firma se comprometió con sus profesionales expertos en la industria metalmecánica a proveer servicios de ingeniería, diseño, mano de obra y materiales para la construcción de equipamientos para los barrios populares necesitados distintos elementos: refugios para esperar el transporte, más de 2 kilómetros de puentes peatonales para cruzar canales, cunetas, arroyos y desagües que muchas veces dividen a los barrios, gradas, pérgolas, bancos y bicicleteros. Todo construido en acero galvanizado en caliente, con mantenimiento cero y durabilidad de casi 100 años.
“Es mentira que Tandanor S.A. no entregó lo comprometido. En adenda del 30 de agosto de 2023, el astillero se comprometió a entregar 2.406 metros lineales de puentes peatonales, 846 pérgolas para los espacios verdes de los barrios, 99 gradas, 450 bancos, 240 refugios de espera, 1.251 bicicleteros. Hasta enero de 2024, fue retirado el 64% de dichas cantidades, encontrándose las restantes en depósito dentro del astillero a disposición“, explicaron desde la gestión anterior ante las denuncias del Ministerio de Defensa. Previo a la firma de la adenda, Integración Socio Urbana (SISU) auditó con personal propio todos los elementos en existencia, corroborando de este modo el cumpliendo del 100% del contrato, de acuerdo a la documentación publica disponible en el sistema de Gestión de Documentos Electrónicos (GDE) de la Administración Pública Nacional.
En conclusión, cuando surgen discusiones acerca de las privatizaciones sobre compañías de dominio público se suele poner el foco sobre los servicios de mayor impacto social por masividad. Sin embargo, existen otras firmas que cumplen funciones de extrema importancia que no son tan conocidas. Por este motivo, para un gobierno es más fácil avanzar sobre ellas. Es el caso de Tandanor.
FUENTE EL DESTAPE
