La ministra de Seguridad, Patricia Bullirch, cumplió con la amenaza y presentó una denuncia contra la jueza Karina Andrade por los delitos prevaricato, abuso de autoridad y encubrimiento, por su actuación en la liberación de los 114 detenidos por las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad durante la marcha de los jubilados del miércoles pasado. La demada, en la que el Gobierno sostiene que la jueza tomó una decisión “política”, fue sorteada y quedó en manos de la jueza federal María Servini, quien también tiene bajo su órbita denuncias contra Bullrich por privaciones ilegales de la libertad, apremios ilegales y abuso de autoridad contra los manifestantes.

La presentación fue hecha por Fernando Soto –abogado de Luis Chocobar y director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios-– y apunta contra el desempeño de Andrade acusándola por ordenar la liberación de 114 detenidos sin haber esperado los tiempos que el Código Procesal Penal de la Ciudad estipula bajo la figura de “flagrancia”, que deja en manos de la fiscalía la acusación y tiempos para la presentación de pruebas antes de la liberación de los detenidos.

Bullrich había anticipado la denuncia contra Andrade y se habían dejado correr versiones sobre una supuesta afiliación de la magistrada a La Cámpora –algo que no figura en la denuncia presentada hoy–, por lo que la jueza ya se había defendido públicamente negando tener afilación política y subrayando que su decisión ponderó el derecho a la protesta por sobre las actuaciones bajo la figura de flagrancia, que habilitaban sostener las detenciones a pesar de la falta de pruebas para sostener las acusaciones contra los detenidos. 

La presentación del Ministerio señala que Andrade aceleró los tiempos procesales informando las actuaciones a través de un grupo de Whatsapp y no esperó que la fiscalía sumara pruebas, sin mencionar otra fuente probatoria que las filmaciones y declaraciones de las propias fuerzas federales. La denuncia sostiene su propia interpretación sobre los hechos al indicar que la decisión de la jueza estuvo “basada en pura ideología”.

Contra el derecho a la protesta

La demanda menciona como “argumentación filosófica” la ponderación de Andrade sobre el derecho a la protesta, e indica que de esa manera legitimó el “actuar delictivo de los imputados”. Para insistir en la supuesta intencionalidad “política” de la decisión de la jueza, la presentación de Bullrich repite su versión de los hechos respecto de que la marcha de jubilados fue “organizada por diversas agrupaciones” con consignas que “avizoraban el ejercicio de conductas violentas por grupos organizados de ‘barras bravas'”.

En el escrito, la cartera de Seguridad argumenta que “los hechos ocurridos en la Plaza de los dos Congresos el 12 de marzo de 2025, ampliamente cubiertos por todos los medios de comunicación, invitan a cualquier letrado a considerar que no puede descartarse una organización tendiente a provocar los graves desórdenes para poner en crisis el orden constitucional”. 

Por lo que cuestiona que “no pueden a priori enmarcarse en un regular y legítimo derecho a manifestar”. “Tirar piedras, quemar patrulleros, incendiar recipientes de basura y destruir bienes públicos no son formas legitimas de ‘reclamar’ y, por el contrario, son constitutivas de delito”, apunta.

El texto insiste en que hubo personas munidas con “instrumentos contundentes” y “armas blancas” y que tenían el objetivo de “generar ‘represión'”,  que fueron ejecutados por grupos de “Barras Brava”, que buscaban “impedir a las Fuerzas de Seguridad el libre ejercicio de sus facultades legales”. Con esa intención, la demanda aporta los nombres y antecendentes penales de 14 de los 114 detenidos, pero sin relacionarlos con “barras bravas”, aunque sí para exigir la Ley de “Reiterencia”.

Otro punto de la acusación, sobre el que la jueza Andrade mencionó públicamente pero no ajustó en su fallo, califica de “absoluta y totalmente falso” que no existía lugares para la detención. “Existían lugares disponibles en la Alcaidía de ‘Madariaga’ de la Policía Federal Argentina y también en alcaidías del Servicio Penitenciario Federal”, sostiene la demanda del Ministerio de Seguridad.

A pesar de las acusaciones hechas por Bullrich que apuntan a la decisión de la jueza, que desautorizó el operativo de seguridad, Andrade en su resolución –citada en la demanda del Ministerio– no dio por cerrada la investigación sino que ponderó el derecho a la protesta y desestimó la detención por flagrancia, al tiempo que advirtió que el derecho a protestar y manifestar “se encuentran limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio”.  La decisión de avanzar en la investigación sobre la actuación de Andrade quedará ahora en manos de Servini.