sábado, abril 5
En la antesala de la movilización y paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para los próximos 9 y 10 de abril, crecen las tensiones dentro del movimiento obrero por el papel que jugará la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El gremio de los colectiveros, liderado por Roberto Fernández, se encuentra en medio de una pulseada entre el Gobierno y la central obrera, mientras el Ejecutivo pone toda la carne al asador para intentar ganar puntos en la peor semana de la gestión.
El Gobierno desplegó una fuerte ofensiva para evitar que la UTA adhiera a la medida de fuerza de la CGT, que será clave para medir el alcance real del paro. Este viernes se conoció que la Superintendencia de Servicios de Salud realizó una auditoría sorpresa en la obra social del gremio, administrada por Silvia Bevk, esposa de Fernández. La movida fue interpretada como una señal de advertencia: la amenaza de incluir a la UTA en la estrategia del Gobierno de intervenir obras sociales y vaciarlas. Según trascendió, sería una de las cartas que el oficialismo puso sobre la mesa para condicionar al sindicato.
Desde el entorno de Fernández reconocen que la decisión de no sumarse al paro ya estaría tomada, con dos argumentos principales. Por un lado, la vigencia de la conciliación obligatoria dictada en el conflicto paritario con las cámaras empresarias del transporte, que les impide realizar medidas de fuerza dentro del marco de la disputa laboral. Por otro, la distancia política del jefe de la UTA con la conducción actual de la CGT y su preferencia por no confrontar con el Gobierno, del que depende buena parte del financiamiento del sistema de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Sin embargo, en sectores de la central obrera crecen las sospechas de que el gremio estaría negociando por fuera su no adhesión, en busca de beneficios particulares en su negociación salarial. «Nos están usando para negociar la propia», señaló un dirigente a InfoGremiales. Otro fue más tajante: «Si fuera por mí, yo los expulsaría de la CGT».
La controversia tiene su dimensión legal. Mientras el Gobierno sostiene que la conciliación obliga a la UTA a abstenerse de cualquier medida de fuerza, especialistas laborales como el abogado Matías Cremonte sostienen que una huelga general convocada por una central sindical, con el objetivo de intervenir como un actor público, está fuera del alcance de una conciliación sectorial con objetivos laborales. La discusión, no obstante, evidencia que el trasfondo del conflicto es más político que jurídico.
El rol esquivo de la UTA ya se reflejó en las internas previas: si bien el gremio estuvo representado en una reunión del sector barrionuevista que propuso un paro de 36 horas, no participó luego del cónclave del Consejo Directivo de la CGT donde se resolvió el paro del 10 de abril. Esta ambigüedad ha profundizado el malestar entre los dirigentes cegetistas, que ven en la falta de definición un obstáculo para unificar fuerzas frente a las políticas de ajuste del Gobierno nacional.
A una semana del paro, el escenario sigue abierto. Mientras tanto, la decisión de la UTA se perfila como un factor clave que podría debilitar o reforzar el impacto de una medida que busca visibilizar el descontento de amplios sectores del movimiento obrero frente al modelo económico en curso.
INFOGREMIALES
