“Toda la vida soñé con ser veterinaria de la UBA y hoy tengo la sensación de que me pueden arrebatar ese sueño”, dice Camila Silveira, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Hoy estará en la Segunda Marcha Federal Universitaria en contra del anunciado veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento, que declara la emergencia presupuestaria. Al igual que Camila, miles de estudiantes llegarán al Congreso Nacional a las 17 horas junto a rectorados, gremios universitarios, sindicatos, movimientos sociales y organismos de derechos humanos. Se espera una movilización masiva que replique lo que sucedió en abril. A pesar de que el Gobierno ratificó que vetará la ley, la concentración apuesta a que diputados y senadores rechacen el veto.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró la decisión del Gobierno y en conferencia de prensa dijo que “el veto sigue firme” y que seguramente se publique este miércoles en el Boletín Oficial. En ese marco, la concentración también es un mensaje para los legisladores y legisladoras que deberán confirmar la decisión del Ejecutivo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley es del 0,14 por ciento del PBI, un número ínfimo para las cuentas nacionales.

“Luchar es ahora, que no nos veten el futuro. La que habla es Pilar López Barcala, presidenta electa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), que con su triunfo logró que el peronismo retome el control de ese espacio después de cincuenta años. “La situación de los docentes y no docentes es desastrosa y ellos son pilares para que la universidad pública siga funcionando. Es algo único que tenemos”, describe.

“Nos parece una atrocidad el recorte, nunca se vio algo de estas magnitudes. Hablamos con docentes que estaban en 2001 y en la década del 90 y nunca sucedió algo así. Me genera preocupación, pero también ganas de organizarse y empezar a sumar a más pibas al reclamo estudiantil.”, agrega López Barcala.

Además del Frente Sindical (que agrupa a gremios docentes y no docentes), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que organizan la marcha, se suman la CGT, las dos CTA, la UTEP y diversas organizaciones sociales. “La defensa de la universidad no es un reclamo salarial. Es la educación de los hijos de los trabajadores”, afirmó ayer Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT. Según declaró, la crisis universitaria fue uno de los temas de la reunión del lunes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Además, la central obrera confirmó que se suman las 72 regionales que hay en el país.

Movilizaciones en todo el país

Todos, por segunda vez a la calle en defensa de la educación pública como fue el 23 de abril. Si bien la movilización multitudinaria será en la Ciudad de Buenos Aires, también habrá concentraciones en todas las provincias. “El Gobierno muestra una falta de visión estratégica que la formación de los jóvenes es el futuro de la Argentina”, dice Constance Keegan, titular del Centro de Estudiantes de la facultad de Derecho Universidad Nacional de Córdoba.

Además, subraya el impacto que el ajuste tiene en la vida de los estudiantes: “Exigimos que se puedan actualizar los montos de las becas nacionales y los gastos de funcionamiento ya que cada institución puede generar sus propias becas a través de los fondos que dispone”.

Ayer, el Presidente usó las redes sociales para deslegitimar la movilización. Entre varios retuits en la red social X, se destaca uno en el que cita al diputado libertario José Luis Espert. “DESENMASCARANDO MENTIROSOS”, escribió Milei sobre los sueldos docentes y compartió el mensaje que sostiene que “los docentes tiempo completo cobran cerca de $2M (mes). Los no docentes con antigüedad andan cerca de $1M. Todos muy arriba de una CBT de $300.000 (adulto equivalente) (…) Muestren los datos”. Hace meses que los gremios muestran los datos: los salarios tuvieron una pérdida del 50% del poder adquisitivo y más de la mitad está por debajo de la línea de pobreza. Así lo confirmó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, que dijo que “más del 60% de los trabajadores universitarios son pobres”.

Las consecuencias de los salarios desactualizados se empiezan a notar en las aulas. “En Veterinaria ya renunciaron 48 docentes en lo que va del año, que es un 10% del plantel de docentes. Quizás hoy no lo vemos reflejado pero se va a ir viendo cuando falten docentes en las cursadas.”, sostiene Camila Silveira. “Me genera bronca, quisiera darle una definición más elegante, con marco teórico, pero no lo hay. Es un ataque, una declaración de guerra a algo que es un orgullo de nuestro país”, agrega la joven de 29 años que cursa quinto año.

Los argumentos del Gobierno

En los últimos días, funcionarios del Gobierno buscaron debilitar la convocatoria. Uno de ellos fue el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, que acusó a las universidades de “inventar alumnos” para cobrar fondos. Ayer, el ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que sostiene que “la marcha es política”. Además, desde la cartera dirigida por Sandra Pettovello indicaron que se ha transferido todo en tiempo récord, priorizando siempre la mejora del sistema educativo. Es fundamental que la ciudadanía entienda que los paros responden a decisiones políticas y no a un genuino déficit de recursos”.

En contraposición con la versión gubernamental, Priscila Vitale, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología de la UBA explica los motivos: “Vamos a marchar para dar el mensaje a los diputados del Congreso, para mostrarle que tienen el deber de frenar el veto, para que le pongan fin al mensaje de desprecio a la universidad pública que el gobierno viene dando”. Y además agrega: “Yo no caí en la universidad pública, yo la elegí. Vengo de padres trabajadores y siempre soñé con la UBA. Creía que iba poder progresar en mi vida. Mis viejos siempre me dijeron que tenía que estudiar para salir adelante”

Mientras tanto, rectores de todo el país mantienen conversaciones con los diputados de sus provincias para evitar que el Congreso ratifique el futuro veto. Ayer, representantes de treinta centros de estudiantes se reunieron con senadores y senadoras del interbloque de Unión por la Patria. Estuvieron el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Eduardo “Wado” de Pedro, y la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, entre otros. “Es fundamental que el Congreso pueda sostener esta ley, por eso salimos a la calle”, afirma Gustavo Leyes, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. “Nuestras familias también va a estar en las calles, muchos somos primera generación universitaria. Es la familia que sueña con un futuro mejor, con la posibilidad de ascender socialmente. Marchamos con los abuelos y los padres que sueñan con ver a sus hijos en la universidad pública”, agrega el estudiante de Sociología.

Una de las actividades complementarias será el “Trenazo”, una convocatoria de los gremios para llegar a la marcha en tren desde distintos puntos: el Ferrocarril Roca, que sale desde Cañuelas, el San Martín, que inicia en Pilar y el Sarmiento desde Moreno. Las universidades del conurbano bonaerense también estarán en la marcha. Desde Los Polvorines, saldrán estudiantes y docentes de la Universidad de General Sarmiento. Ahí estará Franco Herrera, presidente del Centro de Estudiantes de esa casa de estudios. “No es solo un conflicto salarial, va en contra de los estudiantes que tienen becas y herramientas que están atadas a las paritarias docentes. La universidad es el futuro y la posibilidad del ascenso social”, afirma.