La Comisión por el pedido de juicio político a la Corte Suprema de la Nación continúa con escuchando testimonios. Ayer fue el turno del ex administrador, Héctor Marchi, quien denunció haber sido víctima de «seguimientos y amenazas». La dirigente del Sitraju, Marieta Urueña Russo aseguró, por su parte, que hay problemas de «administración y responsabilidad» y que si se tratara de «una obra social sindical, el escándalo sería mayor, sin duda».
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), Marieta Urueña Russo, consideró hoy que el juicio político que se sigue a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en una Comisión de la Cámara de Diputados permite «dar difusión» a las irregularidades que existen en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospin), que «funciona mal» por problemas de «administración y responsabilidad».
«La obra social no tiene problemas económicos. No es un tema de plata que le falta, pero sí hay un tema de mala administración y responsabilidad. Es lo que venimos denunciando hace años. Por eso Ospjn funciona mal», afirmó Urueña Russo en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Nacional.
Ayer, el desplazado administrador de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Marchi, denunció que su remoción de ese cargo fue «una sanción encubierta» que incluyó a todas las personas» que trabajaron «en la auditoría de la obra social», que denunciaba presuntas irregularidades.
Así se manifestó al exponer ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en el marco del proceso iniciado contra los cuatro integrantes de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Por su parte, Urueña Russo, destacó que el Juicio Político permite «dar difusión» a lo que desde el sindicato «hace años venimos reclamando».
«Del 2008 hacia acá se ha deteriorado y han disminuido los prestadores en todo el país. Es lenta, no nos podemos comunicar con la obra social. Es nuestro cotidiano. Somos casi 100 mil personas afectadas y todos aportamos un 4% de nuestro salario», señaló.
Además, criticó que quisieron «excluirlos de la causa» por lo que actualmente están «a la espera de una resolución» para poder aportar al proceso.
«Tenemos las condiciones para ser una obra social de excelencia como fue en algún momento. Queremos recuperarla y que funcione mejor. Si fuese una obra social sindical, el escándalo sería mayor, sin duda», completó.
infogremiales
