La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llamó a la CGT a «levantar el paro previsto para el 24 de enero para poder avanzar con el diálogo democrático»; insistió con que «está permitida la protesta pero no se puede cortar la calle» y acusó a los líderes de movimientos sociales de «utilizar a los pobres».
Durante su exposición ante el plenario de comisiones que analiza el proyecto de ley ómnibus la funcionaria cuestionó que «cuando los gobiernos son peronistas el sindicalismo casi no hace paros, y cuando gobierna otro signo político la cantidad aumenta considerablemente»,
En respuesta al diputado peronista y titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, Bullrich lo desafió: «Levante el paro del 24 de enero y dialogamos democráticamente».
«El derecho de la protesta es sin cortar calle. ¿Está claro? Hagan la manifestación que quieran pero sin cortar la calle», remarcó la excandidata presidencial macrista.
La ministra insistió en que las centrales sindicales «anunciaron el paro con un mes de anticipación», y que eso «parece un chiste»
«Ustedes lo que que pueden hacer es una protesta, lo que no pueden es cortar la calle en un país que está destruido; con 46 millones que no pueden vivir en un país que estaba tomado», continuó.
Sobre ese punto, completó: «Si no les gusta este plan económico, presenten otro a ver si se lo vota la sociedad, tienen el derecho»
El líder de los bancarios había dicho: «Este proyecto tiende a la criminalización de la protesta. La protesta no es un delito, es un derecho. Argentina no tiene un problema de tránsito, tiene un problema social que es lo que hay que resolver. La idea es que a fuerza de garrote van a entender que el ajuste se lo tienen que comer si o si».
En otro pasaje de la exposición le respondió a la también diputada de UxP Natalia Zaracho, quien acusó al Gobierno de «estigmatizar a los movimientos sociales»
«El odio a los pobres lo tienen los que usan a los pobres, lo peor es el sometimiento para que siguen pobres. Queremos que se termine con este modelo de sumisión y no estar presos de un sistema que lo agobia», espetó la ministra.
«Nuestra decisión es que la ley ordene, de una vez por todas, la convivencia y que no se vulneren los derechos de terceros», apuntó.
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