El juez federal Sergio Torres quedó a cargo de la denuncia presentada por el ministro del Interior y Transporte, contra el secretario general de la CGT, Hugo Moyano y su hijo Pablo por supuestas “amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de los servicios públicos”.
La presentación se concretó a primera hora de la mañana ante la oficina de sorteos de la Cámara Federal porteña, donde resultó designado Torres con la fiscalía a cargo de Gerardo Di Masi, informaron fuentes judiciales.
La causa 6.383/12 quedó radicada en el juzgado federal 9, que se encuentra vacante y es subrogado por Torres. Apenas conocido el resultado del sorteo, la denuncia fue pedida desde el juzgado por lo cual el magistrado ya la tiene en sus manos. El Código Penal prevé penas que van de cinco a diez años de prisión para los delitos por los cuales se denunció a los Moyano.
La denuncia firmada por Randazzo, con el patrocinio dela Procuración del Tesoro de la Nación, deberá ahora ser ratificada, luego de lo cual Torres dará vista a la fiscalía de Di Masi para que dictamine si corresponde o no impulsar la investigación, precisaron las fuentes.
En la denuncia, patrocinada por la Procuradora Angelina Abbona, se denunció a Hugo y Pablo Moyano y a todos “los integrantes del cuerpo directivo de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicio que puedan resultar responsables de los sucesos”.
“Es evidente que en muy pocas horas se verá impedido el transporte en general del país con las consiguientes derivaciones que ello tendrá no sólo en la actividad económica sino también en la atención de necesidades primarias de la población vinculadas con los derechos más elementales” como “la vida, la salud, el acceso a la alimentación”, según la denuncia a la que accedió Télam.
“Estamos frente a un ejercicio abusivo del derecho de huelga, no tutelado por el ordenamiento jurídico” en medidas que “son empleadas con el claro propósito de ejercer compulsión con miras a obtener concesiones de la contraparte empresaria y los poderes públicos”, agregó el texto.
En la denuncia se hizo un resumen de todo lo ocurrido hasta el inicio del paro de 72 horas el 19 de junio pasado y se aludió a las noticias dadas por medios masivos de comunicación referidas a dificultades para abastecer combustible y otros “insumos críticos para la sociedad”.
Y se afirmó que hay “grupos” que “impiden” la circulación de transportes de combustibles y de abastecimiento” en una “medida de fuerza concretada en abierta transgresión a la ley” y en el marco de la cual “se han producido hechos que coartan la libertad de trabajo de quienes no han adherido a la huelga”.
“Esa situación de conflicto colectivo por su alcance nacional ha impedido el normal desarrollo de los servicios de transporte con su natural implicancia negativa para el desenvolvimiento de la actividad económica general del paÍs”, se advirtió.
