EL LADO OSCURO DE LAS PRÁCTICAS LABORALES OBLIGATORIAS EN ESCUELAS DE CABA

Julia, integrante de la agrupación Juana Azurduy, y Valentina, del mismo colegio, de la agrupación La Guemes, respectivamente ex y actual presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg (más conocida como “El Lengüitas”) compartieron con Télam su reflexión sobre la reciente implementación de las ACAP. Entre sus respuestas, se repiten la amenaza y la contradicción ante la obligatoriedad ilegal de las prácticas: no hacerlas implica perder el año y, a su vez, las ACAP ocupan horas de materias que quedan sin dictar, pero que serán objeto de evaluación escolar a pesar de eso.

Télam: ¿Qué opinan desde la agrupación La Güemes del Centro de Estudiantes acerca del ACAP?

Julia: Hay muy poca información acerca de las pasantías; no tenemos información de cómo va a seguir a largo plazo este proyecto. Por otra parte, las ACAP fueron inconsultas; no fueron discutidas con les docentes, les estudiantes ni las familias. Nosotres creemos que podemos acercarnos al mundo laboral, pero no con una mirada tan cerrada o tan estática como la actual.

Valentina: Este proyecto no existe para mejorar el ámbito educacional sino como parte de una campaña política impulsada, en primera instancia por Soledad Acuña y en última instancia por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Nos mandan a estas empresas no para que trabajemos, pero sí con el objetivo de imponer el trabajo como única meta luego de finalizar la secundaria. No es casualidad que los colegios privados puedan elegir si implementar o no este proyecto. Es un claro atentado contra la educación pública.

 Miembros del centro de estudiantes del “Lengüitas”, de la agrupación “La Güemes”.

¿Lo conversaron con estudiantes de otros colegios?

Julia: Sí: nosotros somos parte de la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB) que reúne a todos los centros de estudiantes de CABA y se habló de esto. Los colegios están en distintas situaciones; algunos cursos están en procesos más avanzados, otros saben menos, otros saben más.

Valentina: Se llevó a cabo una reunión entre reducidos colegios ( Liceo 9, Ceramica, Juan B. Justo, Lenguas y Lenguitas); no tuvo un fin resolutivo sino más bien expositivo. Se contaron las experiencias de todos los colegios presentes y se llegó a la conclusión inmediata de que las ACAP no tienen un objetivo pedagógico claro. Por ejemplo, el Liceo 9 comenzó sus pasantías (aunque el ministerio evite con pudor esa palabra) en la agencia Infobae y lo único que se pudieron llevar como experiencia fue estar sentados 6 horas en una sala de reuniones con comida. Infobae no sabía qué días iban a ir los estudiantes, no sabían qué contenidos darles y por sobre todo, no sabían qué hacer con tantas personas. Perdieron ocho días de clases.

¿Están al tanto de la ley 3.541de Educación porteña y el artículo 2° que regula las pasantías escolares?

Julia: Sí, estamos al tanto y lo que dice ese artículo es que las pasantías tienen un carácter no obligatorio. Nos dicen que si no vas, no aprobás el año. Por otra parte, si estas son prácticas educativas o no, es relativo y debería ser consultado con quienes lo hacen, con sus inquietudes e intereses.

Valentina: Ahora sabemos que por ley las pasantías son opcionales; hasta hace poco no lo sabíamos.

¿Tuvieron algún contacto con autoridades de Educación de CABA sobre esto?

Julia: Estuvimos en permanente comunicación con las autoridades de nuestro colegio. Pero nunca pudimos hablar con Supervisión ni con la ministra Acuña ni con representantes de ella. En conjunto con la CEB hicimos una nota pública reclamando información acerca de las ACAP porque el principal problema es ese: falta mucha información y no está claro cuál es el proyecto ni cuál es el objetivo. Por eso hicimos movilizaciones contra las ACAP: un cartelazo y un ruidazo.

¿Alguien de sus agrupaciones hizo las ACAP?

Valentina: Hay un solo curso de este colegio que las hizo completas, en CACYR. Cero valor pedagógico: les enseñaron cómo ordenar heladeras. En cuanto a nuestra agrupación, nadie las hizo en su totalidad, algunos sí participamos de las tres capacitaciones dictadas en la Unicaba: de “educación financiera” y de “empleabilidad”. Nuevamente, valor pedagógico nulo; los propios profesores se quejaban de no saber sobre lo que estaban dando ni haber sido capacitados para dar esas clases. Hubo muchas quejas por parte de los estudiantes ante la insistencia por mandarnos hasta la Unicaba cuando podrían haberse dictado en el propio colegio. En cada aula donde se dieron capacitaciones había carteles con una descarada publicidad del gobierno de la ciudad. La única respuesta que logramos sacarles a la gente de Unicaba es que “salir del colegio nos prepara para la vida” ¿Tomarnos un bondi por 10 paradas más es prepararnos para la vida?

¿Les explicaron cómo recuperarán las horas correspondientes a las materias reemplazadas por el ACAP?

Julia: No. Y ese es uno de los reclamos más concretos que tenemos, más allá de si estamos de acuerdo o no con el contenido de las ACAP. Sobre todo si nos están diciendo que no hay cursada pero sí hay evaluación. Si es así, estamos en un problema, porque te evalúan si haber tenido las clases como para entender lo que te van a preguntar. Ese es un reclamo clave.

 Miembros del centro de estudiantes del “Lengüitas”, de la agrupación “La Güemes”.

A fin de conocer la opinión de UTE, el gremio docente más numeroso en la Ciudad de Buenos Aires con relación a las prácticas laborales obligatorias impuestas desde abril de 2022 a los alumnos porteños, Télam conversó con Matías Zalduendo, Secretario de Derechos Humanos de dicha organización, quien confirmó algunas de las mismas preocupaciones de la comunidad educativa en su conjunto y suma otras. Por ejemplo, el hecho de que las empresas que firman convenios en el marco de las ACAP tienen, resultado de esos acuerdos, beneficios a la hora de futuras licitaciones que les permitirán eternizarse como proveedores del Estado porteño.

Télam: Sabemos que las prácticas laborales en los colegios secundarios porteños comenzaron a implementarse como “obligatorias” este año, pese a que la propia ley de educación 3541 art 2° sancionada por la Ciudad las define explícitamente optativas ¿Qué postura tiene UTE al respecto?

Matías Zalduendo: Nuevamente Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña realizan una modificación en la currícula escolar a espaldas de la comunidad educativa y, lo que es peor, violando la ley sancionada por la Ciudad. Desde UTE estamos preocupados porque se están rompiendo los objetivos de la currícula escolar.

 “La transformación no para”, se lee en el frente del Comercial 5. Foto: Camila Godoy.

Los testimonios de lxs alumnxs que han participado no dan cuenta de presencia docente en los ámbitos en que se realizan las prácticas, pero sí de “gente de ACAP” (equipos de “coordinadores” de la Ciudad asignados a tal fin) ¿Sabe el gremio de la participación de docentes entre ese personal de ACAP?

Los estudiantes están preocupados y están iniciando medidas de acción que desde UTE estamos acompañando. Por ejemplo, en el caso de la Escuela Superior de Educación Artística en Danza N° 01 Prof. Nelly Ramicone que nosotros estamos acompañando. A partir de esas acciones, que incluyeron sentadas, charlas, y otras actividades, el propio ministerio reconoció falencias y suspendió momentáneamente las pasantías en esa escuela.

¿Por qué accedió Educación a suspenderlas?

Bueno, precisamente porque una de las críticas a esas prácticas apunta a que a los chicos se les impide desarrollarse en sus respectivas especialidades. Se los obliga a faltar a la escuela dos veces por semana para hacer pasantías que poco tienen que ver con la especialidad que eligieron. Nuevamente, el gobierno no solo va a contramano de la comunidad, sino que pareciera desconocer la realidad de cada escuela.

 Sin carteles ni indicaciones, la fachada de la sede de CACYR.

¿Qué opinan de las pasantías en la Cámara Argentina de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios (CACYR)?

Para Larreta donde hay un derecho hay un negocio. Por eso, como agravante, para estas pasantías firmaron un convenio con CACYR, que nuclea a quienes proveen las viandas a las escuelas porteñas, justamente en medio de todas las críticas que están recibiendo esa cámara y el propio gobierno de la Ciudad por la calidad de esas comidas. O sea: benefician con mano de obra gratuita a quienes dan una comida de cuarta, que no es precisamente la que comen los hijos de los funcionarios de la Ciudad. Pero esto, a su vez, como parte del convenio, le va a significar a CACYR, beneficios en las próximas licitaciones para seguir proveyendo a los comedores escolares.

La reciente implementación de pasantías obligatorias generó, entre otras acciones, como la del Asesor Tutelar, gremios docentes y centros de estudiantes, el proyecto de ley de la legisladora porteña Alejandrina Barry (FIT-PTS) para derogar la resolución ilegal. Sobre sus fundamentos y contexto, Télam conversó con la diputada autora de dicho proyecto, presentado el 9 de mayo en la legislatura de CABA.

 Foto: Victoria Egurza.

– Télam: El reclamo frente a una resolución que viola la ley sancionada por la propia Legislatura en 2010, con similar mayoría oficialista a la actual, pone en evidencia una contradicción notable ¿Su proyecto de derogación logró acompañamiento de otros legisladores? ¿De qué bloques?

– Lo presentamos junto a nuestros compañeros del Frente de Izquierda Unidad, Amanda Martín y Gabriel Solano. Ahora estamos pidiendo el acompañamiento de otros bloques para que sea tratado en la comisión de educación.

– El Tribunal Superior de Justicia debe expedirse sobre la ilegalidad de las pasantías desde hace 19 meses sin resolver, vulnerando la garantía del plazo razonable (art. 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, en consonancia con el art. 12.2. de la Convención sobre los Derechos del Niño) ¿Qué recursos tienen hoy los legisladores de la oposición frente a esta doble vulneración de derechos?

– Aquí el gran problema es nuevamente el TSJ que avala siempre las medidas del Gobierno de la Ciudad y rechaza los amparos o causas que tienen que ver con derechos de los sectores más vulnerables. Lo vimos hace algunos meses, con el nefasto fallo donde rechazaron un reclamo por una vacante en el nivel inicial. La experiencia que tenemos con distintos fallos que hemos conseguido en las instancias previas al TSJ es similar. Con Myriam Bregman y Patricio del Corro, familias y el colectivo “Vacantes Para Todos” conseguimos dos fallos que ordenan al gobierno de la Ciudad a construir escuelas para otorgar las vacantes necesarias pero el TSJ no lo hace cumplir, lo tiene cajoneado.

 Según la oposición local, la medida de Acuña manda trabajar a los chicos en cuestiones que no tienen nada que ver con su formación

En este caso, es la prohibición de que los chicxs pierdan horas de clase para hacerlos trabajar en cuestiones que no tienen nada que ver con su formación. Las herramientas que tenemos los legisladores particularmente del Frente de Izquierda pasan por ayudar a la organización de la comunidad educativa para pelear por esto porque sabemos que tanto la justicia como la propia legislatura son lugares donde sólo se respeta lo que decide el oficialismo.

Hace poco denuncié que el Ministerio de Educación ha ejecutado sólo el 0,1% del presupuesto para becas escolares, sólo el 10% para infraestructura pero el 22% de la pauta publicitaria. Esto es grave, porque mientras tienen un discurso permanente sobre deserción escolar, no otorgan los recursos necesarios para revertirla y la política que proponen es que los jóvenes sean mano de obra gratuita para empresarios.

– A partir de la lectura de su proyecto, surgen casos concretos que se suman a los ya conocidos en el curso de esta investigación (CACYR, Infobae, Accenture entre otras empresas), donde les alumnes fueron obligados a realizar prácticas laborales. Concretamente, en los fundamentos, usted cita el de un call center. ¿Podría darnos detalles del caso?

– Nos contactaron directamente los estudiantes para que pudiéramos denunciarlo, alumnos del Colegio secundario “Nuestra Señora de la Paz”, de Villa Lugano. A través de ellxs supimos que , alumnos del quinto año de dicha institución fueron destinados a realizar “prácticas” en un call center denominado AIR COMPUTER SRL. Allí deben realizar entre 70 y 100 llamadas para ofrecer los productos y servicios de la empresa. Realizan ofertas de productos, de talleres de capacitación y también deben consultar a los clientes habituales que no están realizando compras el motivo de la merma de la demanda de los productos de computación ofrecidos.

 Con este texto, el Gobierno porteño indica al Normal 5 qué puestos y horarios deberán cubrir los alumnos según las necesidades del sistema “Rappi-turbo”.

 Así se ve la fachada de un “Turbo Rappi”. Tras la persiana metálica hay alumnos preprando pedidos.

Había mucha bronca entre alumnos, docentes y padres ya que nada de este trabajo obligatorio que les hace hacer el gobierno de la ciudad tiene que ver con su orientación y formación.

En realidad, si uno recorre todos los proyectos de este gobierno sobre educación puede ver cómo es sistemático el ataque a docentes, a les estudiantes secundarios y terciarios que se organizan e incluso a las familias que apoyan los reclamos de la comunidad educativa. No son errores o proyectos aislados, es un intento de disciplinar al este sector a favor del mercado.

– Sabemos del Convenio de CACYR y la Ciudad para que les alumnes cursen las prácticas laborales llamadas ACAP en dicha cámara ¿Qué le ofrece la Ciudad como contraprestación a CACYR? ¿Incide ese acuerdo en futuras licitaciones de comedores escolares?

– El Convenio fue firmado por la ministra Soledad Acuña y anunciado en un comunicado oficial del Ministerio de Educación, pero no fue hecho público. En la sesión donde se trató la reforma del estatuto docente manifesté que podríamos definir a Soledad Acuña como la ministra que alimenta mal y precariza bien. Que chicxs tengan que ir a trabajar justamente en las mismas concesionarias que dan una alimentación pésima en las escuelas, es lo que lo demuestra sin ninguna exageración esta definición.

Y aunque el convenio no es público, sí podemos asegurar que estas empresas cuentan con una impunidad absoluta de parte del Gobierno. Tienen fallos en contra como el que obtuvimos en la pandemia, por la decisión conjunta con el gobierno de la ciudad de otorgar sólo un sándwich. Denuncias de cooperadoras y familias por intoxicación por comida en mal estado y así y todo no son cuestionadas para seguir siendo parte de la licitación.

Este año presentamos un proyecto para que se estatice el sistema de comedores escolares y se anulen las concesiones, pero el oficialismo se negó a tan siquiera tratarlo. En el mismo planteamos que el sistema de comedores tiene que ser público y controlado por cooperadoras y la comunidad educativa. 

Licenciada en Ciencias de la educación, miembro activa de Ademys, Ex Secretaria de Asuntos pedagógicos de Ademys y ex legisladora de CABA por Izquierda Socialista en el FITU, Laura Marrone es experta en temas educativos y conoce bien el caso de las ACAP. Télam conversó con ella para abordar los pormenores de la implementación vigente.

 120 horas en quinto año significa alrededor de un mes y medio menos de clases durante el ciclo lectivo.

– ¿Qué opinan los docentes agremiados en Ademys respecto de estas prácticas laborales que comenzaron a implementarse en la Ciudad de Buenos Aires?

– Luego de meses de implementación de estas prácticas confirmamos que estamos frente a un fraude a estudiantes y familias, alejado de un diseño pedagógico, improvisado, sin anclaje con los contenidos curriculares de cada escuela ni vinculación con sus equipos docentes.

Cumplida la primera semana introductoria a cargo de personal no docente, los estudiantes pasan a cumplir tareas rutinarias, sin interés formativo, al tiempo que se ven privados de tener clases para completar los contenidos curriculares del ciclo escolar. Pensemos que 120 horas en quinto año significa alrededor de un mes y medio menos de clases en un año.

Agravado por dos años previos de pandemia, este proyecto va en contra de lo que anuncia, que es preparar para estudios superiores, incluso para el mundo del trabajo. En estos tiempos de revolución tecnológica nuestros estudiantes no requieren entrenamiento en tareas rutinarias de las tecnologías particulares que emplea una empresa particular, sino formación general que le permita luego adaptabilidad a procesos productivos o de servicios diversos.

No le sirve a un estudiante aprender a hacer sándwiches en una casa de comidas o preparar los pedidos de Rappi en un centro para entregar a los repartidores como ya está ocurriendo en el Comercial 5, por señalar algunos ejemplos. Un proyecto, potencialmente válido de vinculación con el mundo del trabajo requeriría un diseño pedagógico planificado por las propias escuelas, vinculado a la orientación de las mismas, a cargo de sus docentes, ordenados no por horas de trabajo congeladas en un puesto de tareas sino parte de un recorrido de conjunto en diferentes empresas. Eso no está en el interés privado de los empresarios.

 “El proyecto va en contra de lo que anuncia, que es preparar para estudios superiores”, cuestionan desde el gremio. / Foto: Archivo.

– ¿Hay entre porteños y porteñas quienes apoyan esta iniciativa?

– Dada la desocupación que existe y la necesidad de pensar un futuro, la oferta pretende tentar a estudiantes y familias respecto de la posibilidad de que el ingreso a una empresa sea un pasaporte a un puesto de trabajo. Pero esto no ocurre. Tenemos experiencia en las llamadas prácticas profesionales de las escuelas técnicas de que esto no es así.

Conocí estudiantes a los que se les hacía cambiar los focos de luz durante meses, solo para brindar alguna ilustración de lo que decimos. Muchas veces los profesores de estas escuelas se quejan de que las empresas no los dejan entrar pues no tienen interés en que la propuesta sea con un fin pedagógico, con la supervisión de docentes.

Quieren mano de obra y punto. Aunque en el caso que nos toca hoy por ahora solo se implementaría en un grupo de 20 escuelas, el vuelco potencial de 29.400 estudiantes de 5to año por 120 horas al mercado laboral significa la disponibilidad de 3 millones de horas de trabajo gratuitas por parte de las empresas. Una tentación.

 “Quieren mano de obra, y punto”. Tras la persiana, otro de los “Turbo” de Rappi en donde se emplea a los alumnos / Foto: Victoria Egurza.

– Las ACAP también contemplan 30 horas destinadas a la formación financiera a cargo de especialistas en finanzas.

– Resulta llamativo la insistencia de la Sra. Ministra en resaltar una y otra vez que esa formación enseñará a nuestros estudiantes a invertir en criptomonedas. Señalemos que en los diseños curriculares de la escuela media de CABA existe la materia economía, que incluye en sus contenidos la cuestión financiera como parte del sistema económico. Su abordaje en el marco de una disciplina que la considera en el conjunto del sistema económico permite comprenderla en forma crítica, especialmente en la actualidad donde la especulación financiera ha pasado a ser parte de la estafa a los pueblos.

El interés por enseñarla por fuera de los espacios escolares, y acentuando en cómo aprender a usar criptomonedas nos alerta. Sabemos que esta nueva forma de especulación financiera requiere el ingreso constante de nuevos “inversores” aún pequeños, para valorizarse y que nuestros estudiantes de 5to año pueden ser un potencial mercado. No es ese nuestro objetivo cuando enseñamos economía.

– ¿Ademys habló del tema con algún representante del ministerio que conduce Acuña? ¿Cuál fue su respuesta?

– Ademys ha denunciado el carácter inconsulto, improvisado, ajeno a un diseño pedagógico de este proyecto que significa la oferta de mano de obra gratuita y precarizada a las empresas. Ha presentado su desacuerdo ante el Ministerio de Educación a cargo de Soledad Acuña y como en tantos otros temas la ministra Acuña no ha escuchado.

La iniciativa, impuesta con carácter “obligatorio” es contraria a la Ley 3.541 que explicita el carácter “no obligatorio” de las prácticas laborales. Como ante la falta de vacantes que viola la Constitución de la ciudad y fallos judiciales, como la provisión de comida que no cumple los requerimientos de nutrición de nuestra infancia y juventud, el gobierno hace caso omiso.

 Los gremios denuncian el “carácter inconsulto, improvisado, ajeno a un diseño pedagógico” de la iniciativa. / Foto: Gustavo Amarelle.

Sin embargo, la soberbia del gobierno de Larreta-Acuña está teniendo que enfrentarse al reclamo de familias y estudiantes. En un primer momento familias y estudiantes reclamaron por cuestiones como la seguridad en los traslados, la superposición horaria con tiempos de clase y otras dificultades. A medida que avanza el proyecto, estudiantes y familias empiezan a comprender el verdadero carácter de la propuesta y a acompañar la denuncia que desde la docencia estamos realizando.

– ¿Hay indicios de que, vía Legislatura, el oficialismo intente modificar la ley?

–Hasta ahora el Ministerio no ha presentado ningún proyecto para modificar la ley porque eso sería reconocer que está en falta.

– ¿Qué acciones están desarrollando?

– Nuestro sindicato, Ademys, está realizando una campaña de denuncia en las escuelas y en los medios de prensa. Estamos acompañando las acciones de estudiantes y familias que han empezado a realizar asambleas, semaforazos y reclamos en cada escuela. A medida que este proyecto se desarrolla, existe más claridad en su verdadero sentido y apostamos a pararlo.
 

En septiembre de 2017, estudiantes secundarios porteños tomaron 29 escuelas, en desacuerdo con distintos puntos relativos a la implementación de lo que la ministra Acuña llamó “La secundaria del futuro”.

 “Te enseñamos el lenguaje del siglo XXI”, promete la propaganda oficial desde 2018.

Allí se habló por primera vez de las prácticas obligatorias no rentadas impulsadas por Educación aun infringiendo la propia ley vigente que, como se ha dicho, explicita el carácter “no obligatorio” de estas prácticas.

En ese contexto, en septiembre del 2017, Mabel López Oliva y Gustavo Moreno (Asesora Tutelar de Primera Instancia y Asesor Tutelar de Cámara, respectivamente) intervinieron: “Les propusimos que levantaran las tomas y canalizar el reclamo contra la obligatoriedad ilegal mediante un amparo colectivo que incluyó a padres y docentes”.

Recorrido del reclamo, hoy paralizado

El 27 de marzo de 2019, la jueza porteña Cecilia Lourido hizo lugar al amparo indicando al Gobierno porteño que “se abstenga de implementar prácticas educativas de carácter obligatorio”, y ratificó que, de hacerlo, estaría violando la ley 3.541.

El Ejecutivo porteño, por su parte, apeló la sentencia ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones, que en su fallo del 5 de julio de ese mismo año revocó la sentencia de la jueza Lourido argumentando que el reclamo de ilegalidad es “conjetural” por cuanto las pasantías no se implementaron todavía y, en consecuencia, la Justicia no podía expedirse sobre un hecho no ocurrido.

“Lo que surge del fallo es que hay que modificar la ley 3.541, y eso es lo vamos a pedir”, respondieron entonces desde la gestión de Larreta a distintos medios de prensa.

 Mientras la Justicia no se expide, el gobierno porteño avanza sobre la ley y “la secundaria del futuro” adopta otras formas.

Pero la ley no fue reformada ni tan siquiera fue planteada la reforma en la Legislatura. En el ínterin, el asesor tutelar Moreno presentó un recurso de inconstitucionalidad a la Sala II para que esta acceda a elevar el expediente al Tribunal Superior de Justica (TSJ) porteño, pero la Sala II lo denegó.

Ante este escenario, en noviembre 2019, Moreno solicitó a su superiora -la Asesora General Tutelar de la Ciudad, Yael Bendel- que interpusiera un recurso de queja ante el TSJ contra la resolución de la Sala II. Bendel lo hizo y el TSJ confirmó “el 7 de septiembre de 2020” que dictaría sentencia sobre el tema. Pero no lo hizo. Y allí está el reclamo desde entonces.

A la espera de un “plazo razonable”

Al igual que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el TSJ carece de plazos para expedirse aún cuando, como aclara Moreno, la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.1.) prescribe que debe garantizarse “un plazo razonable” para toda sentencia.

No obstante, y a la luz de la realidad, la sensación generalizada de la comunidad educativa es que la actual ilegalidad de la medida implementada por Acuña podría extenderse, en los hechos, por tiempo indefinido.

El reclamo sigue pendiente de resolución mientras que Educación continúa avanzando con una medida ilegal, que ya no es “conjetural”, como alegaban sus defensores, sino concreta y consumada.
 

Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo, presentó el Amparo colectivo contra la obligatoriedad de las prácticas laborales y puso algo de luz sobre lo que se pretende ocultar. Télam conversó con él a fin de clarificar algunos puntos.

 Las primeras manifestaciones estudiantiles contra el proyecto datan de 2017, cuando Acuña presentó “La secundaria del futuro”.

– Sabemos que el reclamo por la ilegalidad de las ACAP está desde el 7 de septiembre de 2020 a la espera de una resolución en el Tribunal Superior de Justicia de CABA ¿Existe un plazo legal para que este tribunal se expida o el expediente puede permanecer infinitamente a la espera de dicha sentencia?

– No existe un plazo específico que la ley imponga al Tribunal Superior de Justicia para resolver un recurso de queja como el que interpuso la Asesoría General Tutelar en representación de las/os estudiantes. Pero la inexistencia de plazo legal no puede configurar una demora prolongada e indefinida del Tribunal (uno año y nueve meses), que vulnera la garantía de ‘plazo razonable’ (art. 8.1. Convención Americana de Derechos Humanos) al no obtener en tiempo razonable la resolución de un proceso judicial que en este caso incumbe a todas/os las/os estudiantes menores de edad que concurren a establecimientos educativos de nivel medio, y que cuestionan la violación a la ley 3.541 que establece que las prácticas educativas preprofesionales son voluntarias y no obligatorias como lo impone actualmente el Ministerio de Educación.

– Habitualmente, a los padres, madres, tutorxs o encargadxs (PMTE) de alumnxs secundarios menores de edad, los colegios se les exige la firma de una autorización expresa para que sus hijxs puedan realizar actividades fuera del espacio físico del colegio. En el marco del programa ACAP esto no ocurre ¿Existe alguna infracción legal en este sentido?

– Las prácticas educativas preprofesionales deben regularse por la ley 3.541. Lamentablemente el Ministerio de Educación optó por un sistema que además de violar la legalidad, genera estos inconvenientes. La ley de prácticas expresamente prevé la autorización de los padres, madres, tutores/as y/o representantes legales de los/as alumnos/as que realizan las prácticas, en los casos en que se trate de jóvenes menores de edad (art. 7 inciso m) de dicha ley). Ello es congruente con lo normado en Reglamento Escolar para las salidas educativas y demás actividades escolares fuera del establecimiento.

 No exigir autorizaciones de los padres para realizar las prácticas “es una vulneración a los derechos de los progenitores y demás adultos responsables”. / Foto: Camila Godoy.

Por otro lado, se relaciona con la responsabilidad objetiva del Estado en cuanto a las/os alumnas/os menores de edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el control de la autoridad escolar (art. 1767 Código Civil y Comercial). No exigir la autorización es una vulneración a los derechos de los progenitores y demás adultos responsables.

– Consultados los alumnos concurrentes a las ACAP, Télam verificó que las horas dedicadas a ese programa desplazan horas de materias curriculares presenciales y, por tanto, estas no se recuperan ¿Hay algún recurso para evitar que esto ocurra?

– Entiendo que esta cuestión es preocupante para alumnas/os y adultos responsables por el impacto curricular modificatorio, pero no puede llevarse al conocimiento de un juez en tanto se relaciona con el diseño de la política educativa y el contenido pedagógico de una reforma educativa, lo que no es justiciable en principio.

Sin perjuicio de ello, el diseño curricular y su modificación requieren que se dicten los actos administrativos pertinentes por parte del Ministerio de Educación, y sobre ello puede establecerse un control de legalidad.

 “Si un adulto responsable entiende que no están dadas las condiciones de seguridad, debería requerir a la autoridad escolar, en primer lugar, información respecto de los convenios de la empresa con el GCBA”, señala Moreno. / Foto: Camila Godoy.

– Télam verificó también que ningún personal docente acompaña a lxs alumnxs durante las ACAP ¿Qué debería hacer un PMTE que no sienta seguridad con respecto al espacio físico o al ambiente humano al cual su hijo es obligado a concurrir en el marco de las ACAP? ¿Qué recursos tiene en caso de querer evitar contextos que considera riesgosos para su hijx?

– Como ya señalé, las prácticas educativas preprofesionales deben regularse por la ley 3.541, que en cuanto al acompañamiento prevé la designación de tutores (art. 7 inciso n), y dispone que la implementación del plan de cada práctica es responsabilidad de las/os tutores designadas/os por el sistema educativo. El Ministerio de Educación se ha apartado de la ley y ha generado un sistema muy endeble que no se compadece con la ley.

Si un adulto responsable entiende que no están dadas las condiciones de seguridad, debería requerir a la autoridad escolar, en primer lugar, información respecto de los convenios de la empresa con el GCBA, a fin de establecer las obligaciones de la empresa y del GCBA, que en ningún caso pueden ser inferiores a las condiciones de higiene y seguridad establecidas para su personal, pero adaptadas además a las/os pasantes alumnas/os.

Todas estas irregularidades pueden motivar que un/a alumno/a o sus adultos responsables no deseen realizar las prácticas educativas preprofesionales, que son un derecho, pero no una obligación, en tanto el art. 2 de la ley 3.541 dice claramente que son “no obligatorias”. 

Tras un pedido de entrevista por parte de este medio, una persona del equipo de Prensa del Ministerio de Educación de la Ciudad accedió a responder un cuestionario. Dado que, tras el primer envío de las preguntas, Télam recibió como respuesta un documento previamente editado por la cartera de Acuña para difusión de las ACAP, esta agencia insistió con repreguntas sobre dicho texto. El resultado es el que se transcribe a continuación.

– Surge, del documento recibido, que las ACAP se realizan “en horario escolar y serán incluidas en el proceso de evaluación a cargo de los docentes”. Son 120 horas cátedra ya incluidas en el diseño curricular ¿Los docentes participan in situ en las ACAP?

– No, hay un referente pedagógico asignado por la escuela, que puede ser un director, preceptor y un docente que acompañan a los estudiantes durante las prácticas.

 Contra lo que denuncian los alumnos, el gobierno de CABA asegura que hay referentes pedagógicos que acompañan a los chicos a las prácticas.

– ¿Esas 30 horas de educación financiera que se anuncian en el documento de prensa incrementan el volumen de la currícula respecto del ciclo escolar 2021?

– No, no agregan volumen a la currícula sino que están contempladas dentro de sus contenidos.

– Leemos en el documento recibido: “Si se considera que el estudiante no alcanza los objetivos de las ACAP no debe hacer una segunda práctica, sino que tendrá que rendir contenidos adicionales dentro de las materias orientadas al desarrollo profesional que figuran dentro del diseño curricular del último año” ¿Quiénes evalúan el alcance de los objetivos? ¿Hay personal docente en los lugares en que se realizan las ACAP para hacerlo?

– Las prácticas educativas en ámbitos laborales son instancias de aprendizaje dentro de las diversas asignaturas por lo tanto son tenidas en cuenta en el marco del proceso de evaluación realizado por los docentes y a los fines de la acreditación de la/s respectiva/s asignatura/s.

Cada estudiante cuenta con un documento de registro personal denominado “agenda para estudiantes” que permite hacer el seguimiento de estas actividades de aproximación al mundo del trabajo y académico. Esta herramienta contempla espacios para que tanto los estudiantes, docentes y entidades o personas involucradas en las prácticas puedan plasmar la información vinculada a los aprendizajes alcanzados en función de los contenidos y capacidades puestos en juego.

La evaluación la realiza el referente pedagógico en conjunto con el docente de la/s materia/s de la/s cual/es surge el proyecto que engloba a la práctica educativa.

– ¿Está considerada, según informaron voceros del Ministerio a los diarios Clarín y Nación, la modificación de la ley 3.541 a fin de establecer que estas prácticas no sean “optativas”, como dice la referida ley en su artículo 2° sino obligatorias, como se implementan actualmente?

– A través de la resolución 3958/21 la ministra de Educación Soledad Acuña estableció la obligatoriedad de las prácticas educativas en ambientes laborales.