La abogada Gloria Girotti, imputada en causas por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, razón por la cual tiene prohibido salir del país, está en Francia desde el sábado 15 de junio. Pero no es una prófuga. En medio de un silencio absoluto y sin que lo advirtieran los organismos de derechos humanos, la mujer dijo necesitar llevar a cabo una interconsulta médica a profesionales de París por una operación que le realizaron en el verano, y en cuestión de horas, el juez Santiago Martínez autorizó a que sacara el pasaje y se fuera.Con Girotti, Martínez tuvo el sí fácil: no se sabe a qué especialistas fue a visitar la letrada, porque no lo dijo, y el magistrado tampoco pidió sus nombres. Faltan datos de cómo se llevará a cabo la supuesta interconsulta, y no existen certificados de médicos argentinos que justifiquen el pedido. Como único aval, la acusada presentó un escrito de su psiquiatra, que invocó la necesidad de su paciente de recibir “consejos” a fin de disminuir “niveles de incertidumbre”. Al juez le pareció encantador, y pese a la inconsistencia de la solicitud, dictaminó que el permiso lo daría “sea cual fuere el motivo invocado”, porque no advierte “la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación en curso”, ni “circunstancias que revelen peligro para el proceso”.
Testigo en interrogatorios a torturados. Girotti es profesora de Derecho de los Contratos en la Universidad del Sur (UNS), y sus mismos pares le iniciaron un juicio académico por sus vinculaciones con la dictadura militar en Bahía Blanca, zona represiva manejada por el V Cuerpo de Ejército con la colaboración directa del diario La Nueva Provincia, de la familia Massot. Los docentes la señalaron junto a sus colegas Néstor Luis Montesanti y Hugo Mario Sierra -este último optó por renunciar- por “falta de ética en el ámbito universitario”. En una actual causa abierta contra ella, que podría derivar en su prisión preventiva, figura acusada por presenciar interrogatorios a personas secuestradas con visibles muestras de tortura en sus cuerpos, y negligencia a la hora de agilizar hábeas corpus presentados por familiares de desaparecidos. A Montesanti lo investigan por su pertenencia a sectores de Inteligencia del Ejército. Mientras que el proceso a Girotti se explica debido al cargo que tenía en aquella época: secretaria del entonces juez federal de Bahía, Guillermo Federico Madueño, lugar que ocupó entre 1975 y 1979.
Madueño murió, pero dejó su estela. Había sido nombrado juez federal de Bahía por influencia de su amigo Acdel Vilas, tenebroso general de brigada que comandó los operativos de secuestro en la región desde 1976. En una de sus declaraciones testimoniales, Vilas reconoció que “nos reuníamos en compañía de nuestras esposas en el domicilio del general (René) Azpitarte, ubicado en el barrio Palihue. Las señoras se iban al comedor mientras el juez, el general y yo permanecíamos en el living conversando secretamente de todo lo que acontecía en la subzona 51 contra la subversión y el terrorismo, lo que dio intervención al doctor Madueño a hacer la investigación en la Universidad Nacional del Sur”. Como magistrado con total impunidad en la región, rechazó hábeas corpus, armó causas de asesinatos disfrazándolas de “enfrentamientos”, y tuvo la delicadeza, en algunos casos, de devolver a los familiares de militantes muertos sus cadáveres. Acribillados.
Girotti y Sierra eran sus colaboradores más directos. Incluso antes del golpe de Estado de 1976, cuando Madueño archivó, sin tomarse el trabajo de investigar, la muerte de Daniel Bombara, primer desaparecido de Bahía Blanca. Los genocidas sostuvieron que mientras trasladaban a Bombara esposado en un patrullero, accidentalmente una de las puertas se abrió, y el militante calló al asfalto. Tenía visibles muestras de haber sido torturado, pero Madueño archivó la investigación. El juez también visitaba regularmente el centro clandestino de detención La Escuelita, guiado por Vilas. Y conocía de cerca a los “infiltrados marxistas” que se atrevían a cuestionar a la dictadura desde la UNS, donde el subcomisario Félix Alejandro Alais, pistolero de la Triple A y cuñado de Guillermo Suárez Mason, organizaba sus acostumbradas redadas a los golpes.
Para los querellantes contra Girotti, es imposible que la mujer que hoy está a 11.000 kilómetros de distancia no supiera lo que pasaba con su jefe. El fiscal federal Abel Córdoba explicó que “el juzgado federal se sumó al plan represivo de la dictadura. Acdel Vilas ha reconocido que a la noche se juntaba con Madueño para hablar de la ‘subversión’ y planificar. La actuación en todos los expedientes es conjunta”.
Lo mismo ocurría con Montezanti, docente de Introducción al Derecho, Ciencia Política y Derecho Administrativo I. En la “Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976/1983”, foja 67, firmada por el general de Brigada César Gerardo Milani, el profesor revistaba como cuña de los espías dentro de la Universidad, e informaba cada uno de los movimientos de los revoltosos. Que en plena dictadura, en el mejor de los casos se ligaban un par de golpes, y en el peor, terminaban en una fosa común.
Hacete amiga del juez. Santiago Ulpiano Martínez, el que autorizó a que Girotti pisara Francia a pesar de tener prohibida la salida del país, es el mismo juez que el último 16 de mayo negó el pedido de indagatoria y detención de Vicente Massot, dueño de La Nueva Provincia, y de su ex secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli. La solicitud había sido presentada por los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, y se basa en una causa que prueba la complicidad del empresario en el secuestro y homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola. A pesar de las evidencias, que intentan determinar el papel cumplido por el diario cuando publicaba notas donde los asesinatos de militantes eran disfrazados de “enfrentamientos con la subversión”, y trucaba fotos en las que siempre aparecían soldados heridos y sufrientes, Martínez optó por fallar que Massot es intocable.
Martínez se desempeña como juez subrogante de Bahía Blanca, y como informó Tiempo Argentino el mes pasado, llegó a ese lugar de la mano de Luis Armando Balaguer, otro ex juez federal de la ciudad destituido durante la fiesta menemista de los noventa, y condenado a prisión por estafas reiteradas, llevarse relojes sin pagar, falsificar documentación para sacar créditos y retirar autos de varias concesionarias a pesar de que nunca puso un solo peso. Otra de las medidas tomadas por Ulpiano, como lo llaman en el ambiente, fue la de rechazar el pedido de prisión del ex capellán del V Cuerpo del Ejército, Aldo Vara, acusado de complicidad con los genocidas de la región.
Martínez forma parte de la corporación judicial de Bahía, muy cercano a Eduardo Tentoni, juez apartado de una causa que salpicaba a la Marina debido a su declarada simpatía hacia los verdugos, y aprobar los paseos barriales que hacían militares condenados a arresto domiciliario porque, según él, caminar les hacía bien a la salud. Otro de los magistrados socios de ese club es Hilario Fernández Orozco, nombrado por Carlos Menem, fanático de la pena de muerte, y ex abogado defensor de varios genocidas. Durante una época en la que, según él mismo, y a razón de 5000 dólares por reo, cobró la mayor cantidad de plata de su vida.
Girotti sabe qué amigos elige, y tenía bien claro a quién recurrir cuando pidió cruzar el Atlántico. En marzo de este año, Martínez decidió fragmentar las causas relacionadas con la represión en Bahía, como forma de quitar fuerza procesal a las acusaciones por asesinatos, desapariciones y secuestros de militantes políticos. Al poco tiempo de haber sido aprobada la ley de medios, fue el primer magistrado que benefició al grupo Clarín, al avalarle una medida cautelar que intentaba congelar la obligación de la empresa de traspasar licencias.
“Sea cual fuere el motivo invocado”. Mientras el juicio académico contra Girotti pedido por 60 docentes de la UNS sigue su marcha, la causa que involucra a la profesora con delitos de lesa humanidad podría derivar en su prisión preventiva, si avanza un requerimiento en ese sentido de los fiscales Nebbia y Palazzani. Y si vuelve de Europa.
A pesar de que la docente tenía prohibido salir del país por estar imputada, Martínez autorizó el viaje en tiempo récord, y sin certificados médicos que lo avalaran. Como argumento, Girotti explicó necesitar hablar con profesionales en París sobre una operación realizada hace varios meses. Ningún facultativo argentino entregó documentación que justificara el viaje, salvo su psiquiatra personal desde hace diez años, Eduardo Mata, amigo de su marido y marino retirado. La historia clínica presentada por Mata, según los fiscales, es “ambigua”, y hace hincapié en “consejos” más que en prescripciones médicas concretas. No existe una derivación hospitalaria en tal sentido, a pesar de lo cual Martínez autorizó el viaje “sea cual fuere el motivo invocado”. En esa resolución, a la que Tiempo Argentino tuvo acceso, el juez sólo se basa en el escrito presentado por Mata, donde habla de los médicos que tratan a Girotti en el Hospital Italiano como personas que “entienden favorable en el ánimo del paciente” la salida del país.
Tampoco hay constancia de alguien que esté trabajando con ella en el Hôspital Claudius Régaud del Instituto Curie de París en este momento, donde la mujer dice estar. Nadie sabe a qué especialistas ve o visita.
Viejo lobo de la corporación judicial de Bahía, el juez protector de Massot no advierte “la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación en curso”. Pero para los querellantes, su resolución “abre cauce a la configuración de un riesgo procesal patente, habilitando los medios que posibilitan la elusión de la acción de la justicia y el entorpecimiento de la investigación”, por lo que “no puede sujetarse el proceso penal a la voluntad discrecional de uno de los imputados”. Según Nebbia y Palazzani, en ese sentido “los casos de Miguel Angel García Moreno y Carlos Alberto Arroyo resultan paradigmáticos (ver recuadro)”.
Los fiscales también relacionan el pedido de Girotti con el momento que atraviesa en su causa, ya que “la solicitud para abandonar el país se efectúa frente a la inminencia de que esa Cámara Federal defina su situación procesal, con altas probabilidades de que la falta de mérito a su respecto sea revocada, y sea, asimismo, dispuesta su prisión preventiva”.
La misma imputada reconoció en su pedido de viaje que “tal decisión ha nacido de mi espontánea inquietud”, explicación que Martínez consideró suficiente.
Los fiscales apelaron, pero en cuestión de horas, el magistrado ratificó su decisión. No quería que la profesora perdiera la plata de su pasaje de ida, que ya estaba comprado. «
historias de fugados
El temor a que Gloria Girotti no vuelva más al país tiene sus antecedentes en Bahía Blanca. El coronel retirado Carlos Alberto Arroyo, uno de los diez imputados en el juicio oral en curso por delitos de lesa humanidad cometidos en el ámbito del V Cuerpo de Ejército, se fugó hace algunas semanas, aprovechando que estaba excarcelado. Debía presentarse a un examen de rigor ante el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia, pero prefirió tomarse vacaciones y hacerse invisible para la justicia.
Arroyo figura como acusado en un grupo de genocidas que revistaban en el centro clandestino de detención La Escuelita, y su caso forma parte de la causa 1067, que llevan adelante los jueces José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava. Se trata de la carátula “Stricker, Carlos Andrés y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Yotti, Gustavo Marcelo y otros”. Stricker se desempeñaba como segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Area de Defensa 511.
Como ahora advierten sobre Girotti, la Unidad Fiscal de Asistencia por Violaciones a los Derechos Humanos se había manifestado sobre la posibilidad de que Arroyo volara. “Estaba excarcelado por orden del juzgado Federal de Bahía Blanca, decisión que fue confirmada por la Cámara, pese a las reiteradas presentaciones realizadas por esta Unidad Fiscal para que se modifique dicha situación”, fue el llamado de atención de la Unidad antes del escape. Pedido que también realizó para revertir la excarcelación de otros imputados, como José Héctor Fidalgo y Alejandro Lawless. Con respecto al coronel retirado del que hoy nadie sabe el paradero, integró la Compañía Comando y Servicios del V Cuerpo de Ejército, responsable del asesinato de la pareja integrada por Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo, uno de los hechos que se investigan en la actualidad. En los años posteriores, trabajó como agente de seguridad del ex presidente Carlos Menem, y como responsable del Registro de la Propiedad Automotor Nro. 6 de Avellaneda.
Otros prófugos de Bahía son Miguel Angel García Moreno, Aldo Mario Álvarez y Ricardo Joaquín Molina. García Moreno fue capitán de artillería, y después del golpe de Estado de 1976, lo destinaron al Departamento III de Operaciones de la región. Se lo busca en calidad de responsable de las muertes de Pablo Bohoslavsky, Julio Alberto Ruiz y Rubén Alberto Ruiz, entre otros militantes secuestrados en esos años. Por Álvarez, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación ofrece una recompensa de 100 mil pesos a quien descubra su paradero. La misma plata que por Molina, sobre el que pesa un pedido de captura nacional desde febrero del 2009.
