Detrás del plan de seguridad que comprende en la instalación de cámaras de seguridad en Malvinas Argentinas se esconde un grave hecho de corrupción de millones de pesos que llevan adelante funcionarios del intendente Jesús Cariglino y del que participa el ex fiscal Córdoba.
La empresa Servicios Privados de Seguridad SRL (SPS) se constituyó en el año 2008, siendo sus accionistas Paola Alejandra Tissera y María del Carmen Cersosimo, pareja y madre, respectivamente, del actual coordinador de la Dirección de Seguridad del Municipio de Malvinas Argentinas, Leandro Vales.
En julio de 2010 esta sociedad amplió sus prestaciones para incluir la provisión de tecnología, desarrollo de sistemas y software.
Poco tiempo después de la ampliación de prestaciones, el ex fiscal Córdoba (amigo y operador judicial de Cariglino) compró parte de las acciones de SPS, desplazando a Cersosimo y asociándose con Tissera. Casualmente, durante esos días el intendente Cariglino adhirió al programa de Protección Ciudadana que implementó el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y por el cual financió la adquisición de infraestructura para varios municipios bonaerenses.
En este marco, SPS fue beneficiada con tres contratos con el municipio de Malvinas Argentinas para la instalación y mantenimiento de un sistema de video vigilancia. Siempre por contratación directa, los contratos firmados superaron los 6 millones de pesos.
En 2012, una vez concretado el negocio, el ex fiscal Córdoba vendió su participación accionaria por 3.000 pesos.
La relación de Córdoba con Cariglino tiene varios años; para 2003, el intendente acumulaba varias causas en su contra por corrupción que llevaban adelante distintos fiscales, entre ellos, Edgardo Ledesma y Fernando Domínguez de la Justicia de San Martín. En noviembre lograron su detención por el desvío de fondos públicos por más de 2 millones de pesos que denunció un empresario de la construcción.
