Luego de la marcha del 18F, se acelera el uso por goteo de causas judiciales para asediar al gobierno nacional y a sus funcionarios. La confesión de Laura Alonso y las comparaciones odiosas del diario La Nación.
Si el kirchnerismo no hubiera mantenido las mayorías parlamentarias en octubre de 2013, el Parlamento Nacional estaría discutiendo hoy la manera de llevar a juicio político a Cristina Kirchner, como confesó el miércoles 18F la diputada del PRO, Laura Alonso: “Soy de las personas que creen que hay que poner en estudio el pedido de juicio político contra el canciller y hay que poner en estudio la posibilidad de un pedido de juicio político contra la presidenta”, dijo el día de la marcha de los paraguas, quizá envalentonada por la cantidad de gente convocada.
La apertura del proceso destituyente en el Congreso del que habló Alonso, referente local de Vital Voices Global Partnership, ONG financiada por la Fundación Paul Singer, titular del litigante contra Argentina NML Capital Limited en el juzgado de Thomas Griesa, tiene destino de fracaso en el recinto legislativo, pero adquiere trámite sumarísimo en la tapa de los diarios hegemónicos y en los tribunales del Partido Judicial amotinado contra el gobierno.
A nadie escapa que el turbulento escenario abierto con la denuncia de Alberto Nisman, se vio todavía más alterado tras la muerte dudosa del fiscal, el 18 de enero. Desde entonces, tanto Alonso como su socia Patricia Bullrich, trataron de involucrar al gobierno en el hecho, abonando la tesis de un crimen de Estado que, según la evidencia recogida hasta el momento, se aleja un poco más cada día.
La irrupción en escena de una testigo, Natalia Fernández, que dijo en el diario del Grupo Clarín SA lo que después rectificó prolijamente en el expediente que instruye bajo múltiples presiones la fiscal Viviana Fein, no fue obra del azar.
El objetivo, precisamente, fue desautorizar la pesquisa de Fein, que aún hoy está convencida de que no intervinieron terceras personas en el departamento de Le Parc; y en lo posible arrastrar el expediente al fuero federal con otra carátula, que extienda en el tiempo la idea del asesinato y el desgaste institucional que provoca.
Pero el abogado de Fernández, Sebastián Smoler, tocó timbre cuando lo mandaron a espiar: es el apoderado, desde 2012, del partido “Unión por Todos”, el de Bullrich, socia del macrismo.
En su momento, Smoler fue el redactor de la acción de amparo que la propia Bullrich presentó contra el paquete de leyes que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para democratizar la justicia, punto de inicio de la rebelión judicial.
Smoler, el abogado de Bullrich y de la testigo que se desinfló (y se desinfló en serio, porque Clarín, luego de haber hecho una tapa con sus supuestas revelaciones, no publicó absolutamente nada el viernes 20, cuando se supo que ella las había rectificado, y recién lo hizo ayer en su página13), es el mismo que estampó su firma debajo de aquella presentación. Y el que, desde su Twitter, ataca seguido a la presidenta, a quien llamó “imbécil” cuando se torció el tobillo, “patética” en innumerables ocasiones y calificó de “persona con evidentes problemas psiquiátricos” cada vez que pudo.
Quizá no quiera decir nada. Tal vez, sí. Su representada, la mesera Fernández de fama fugaz en la tapa de Clarín y sus licencias no adecuadas a la ley, figura en el padrón electoral con un domicilio, Venezuela 628, que no es el suyo, el particular, sino que pertenece a un edificio, levantado justo en el cruce con la calle Perú, en el barrio de Monserrat, donde tiene su sede un local del PRO, regenteado por el senador Diego Santilli, del mismo partido que Alonso, la socia de Bullrich en la trama. ¿Causalidad o trampa del destino? Los hechos son fácticos, las interpretaciones son libres.
Bullrich y Alonso son las diputadas opositoras que venían coordinando con Nisman de manera promiscua (el cruce de llamados telefónicos ya admitido entre todos ellos es una extraña versión de la independencia de poderes de la que nadie parece tomar cuenta) la presentación en el Congreso donde se iba a utilizar el dictamen inconsistente del fiscal para lanzar la ofensiva final contra la presidenta. ¿Quizá buscando número para forzar su juicio político? La propia Alonso reconoció ante los medios, después de declarar ante la fiscal Fein: “Nos reunimos a principios del año pasado (2014). Hablamos sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán y yo le dije: ‘No me des detalles de la denuncia porque no me quiero enterar.’ Le pregunté si luego de que él presentará la denuncia, yo debía pedirle el juicio político a la presidenta, y ‘Nisman me dijo que sí.'” Siempre según Alonso, Nisman estaba interesado por su rol institucional como vicepresidenta de la Comisión de Juicio Político porque, como le dijo, “Cristina había ordenado todo.”
El cadáver de Nisman podrá haber sido investido de un halo heroico por la multitud antikirchnerista que se movilizó bajo la lluvia del miércoles pasado, pero en vida fue el fiscal que acudía a recibir órdenes de la Embajada de los Estados Unidos, se encontraba a coordinar acciones con Roger Noriega, el ex secretario de George Bush para la región, y proveía letra al fondo buitre de Singer en su pelea con el país para cobrar sus bonos basura.
Todo esto está más acreditado que su denuncia por encubrimiento que, de tan floja en su probanza, no pudo siquiera ser suscripta en su totalidad por Gerardo Pollicita, el fiscal que tomó la posta y ahora rehuyó la invitación de tres comisiones parlamentarias para que explique dónde está el presunto delito que imputa a Cristina Kirchner. La excusación de Pollicita, de todos modos, tiene sentido: como la denuncia presupone que el Memorándum con Irán es parte constitutiva de la ilegalidad reprochada, ¿cómo les explica a los diputados y senadores que la presidenta es imputable y ellos, que lo votaron, no lo son?
Sorprende el pedido que Bullrich hizo para anular la citación de Pollicita. Sobre todo, sus argumentos: “Los jueces y fiscales deben ser libres de cualquier interferencia o apariencia de interferencia por parte de otros poderes.” Cuando ella lo citó a la comisión de Legislación Penal, ¿no interfería?
Aunque la muerte de Nisman haya sido trágica y conmovedora, esto no hace más digerible su labor en la causa AMIA, ni exime a sus actos del juicio y la crítica de los muchos que contemplan azorados los capítulos de esta historia dramática.
La intención de desatar una crisis política con el dictamen, operatoria de la cual Nisman fue protagonista consciente según las charlas que mantenía con Bullrich y Alonso hasta horas antes de su muerte, es tan repudiable como el uso de su cadáver para golpear contra las instituciones de la democracia.
Los protagonistas de la maniobra están claros. Las relaciones entre sí son públicas. La finalidad, conocida ahora por boca de Alonso, era evidente: una presidenta acusada de encubrir el mayor atentado de la historia argentina era pasible de ser juzgada, si encima después se la señala como responsable del asesinato del fiscal que la acusaba, pierde las mayorías parlamentarias y, sin ellas, puede ser removida. Tanto ella como Bullrich trabajaron durante todo este mes para convertir el caso Nisman en una causal de destitución. El aval a la jugada del aparato de agitación y propaganda del Grupo Clarín SA vino por añadidura. Era obvio.
No les salió, es verdad, pero sí lograron generar el clima para una gran marcha que, en vez de ir a pedir “justicia” al Palacio de Tribunales, se plantó en la Plaza de Mayo con exigencias diversas hacia la Casa Rosada.
Encabezada por un grupo de oficiales de segunda jerarquía del Partido Judicial, en guerra solapada contra el gobierno, la movilización tuvo su primer efecto el viernes, cuando la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Farah, Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler, confirmó el procesamiento del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por la causa Ciccone. El segundo en la línea de sucesión presidencial.
La legitimación callejera finalmente habilitó a los tres camaristas a ceder al pedido que Jorge Lanata les hizo el año pasado, cuando por Radio Mitre mandó a escrachar a sus hijos en la escuela si no avanzaban contra el vice.
Los mismos camaristas respaldaron al juez Claudio Bonadio por su actuación en la causa Hotesur. Se trata de la empresa familiar de la presidenta. El magistrado ya allanó la AFIP buscando las declaraciones juradas de Cristina y de sus hijos, entre ellas, la de Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora; y la Inspección General de Justicia procurándose la carpeta societaria. En tribunales dicen que las indagatorias son inminentes. ¿Acaso es un reaseguro por si Daniel Rafecas, el juez que recibió la denuncia de Nisman-Pollicita por encubrimiento, decide archivarla? ¿O será para mantener un doble acoso sobre la jefa de Estado?
Durante la misma jornada, el juez Luis Rodríguez citó a indagatoria nada menos que a la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, la abogada del Estado nacional, en el marco de un expediente que tiene como rehén a Mariano Recalde, referente de La Cámpora y titular de Aerolíneas Argentinas, acusado por el presunto delito de “administración fraudulenta”. También Rodríguez había llamado antes a indagatoria a José “Pepe” Sbattella, titular de la UIF por informar datos financieros que el Grupo Clarín SA no quería que se divulgaran.
Y el mismo día, la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal (más conocida como la cámara Miami, algunos de cuyos integrantes viajaban a congresos de la fundación CERTAL, de la que el fiscal Ricardo Sáenz es secretario general), confirmó el fallo de primera instancia del juez Horacio Alfonso que suspendió el proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín SA.
A esto se deben sumar el fallo del juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials, titular del Juzgado 9, que hace dos semanas le concedió al Grupo Clarín SA otra cautelar, por el mismo tema de la adecuación de oficio, en este caso a pedido de Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú y Eduardo van der Kooy, bajo el argumento de que la adecuación del oligopolio, validada por la Corte Suprema en su fallo definitivo por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, constituye un riesgo para la libertad de expresión. Un contrasentido jurídico. ¿Cómo el funcionamiento de un oligopolio de la comunicación, que acalla voces por definición, va a ser la garantía de la libertad de expresión a preservar? Bueno, eso dice la cautelar.
La catarata de fallos adversos y llamados a indagatoria no es casual. Es una operación por goteo que puede y va a terminar mal. Desde que el gobierno lanzó el paquete de siete leyes para democratizar el Poder Judicial, las distintas corrientes de la judicatura más conservadora se abroquelaron en un frente único cada vez más agresivo y temerario. Son los mismos queamenazan con activar 300 causas que tienen a medio centenar de funcionarios en la mira de sus procedimientos discrecionales. Lo dice Adrián Ventura, en su nota “La Justicia llevó al gobierno a un paso más hacia el abismo”, del viernes 20. ¿Cuáles fueron los factores que cambiaron el escenario? Según él, “son tres: las duras críticas de la presidenta sobre los jueces, el manoseo de los fiscales hecho por la procuradora y los cambios de operadores dentro de la SIDE, que le sacaron al gobierno eficacia en la Justicia”.
Quizá la palabra golpismo remita a otra cosa en la memoria de los argentinos. Pero desde los tiempos en que el Ejército era un “partido de gobierno” que se salteaba la más elemental voluntad popular para imponer dictaduras y mandar a la cárcel, al destierro o a la tumba a los militantes políticos, no había registro de una corporación que volviera a desafiar el poder democrático y a sus funcionarios con tanta saña y poder de fuego simbólico y material.Además, contando con el silencio del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
El discurso es el mismo: la República, la libertad, la justicia y el combate contra la corrupción. La defensa de valores tan sagrados siempre justifica en el imaginario la excepcionalidad o el salteo de las reglas. Por eso, aunque algunos quieran devanarse los sesos buscando una nueva palabra, destituyente sigue siendo la mejor calificación para definir el alzamiento del Partido Judicial contra el gobierno kirchnerista que se vive por estas horas. ¿Cómo no pensar que el intento fracasado en el Legislativo prosigue con esta revuelta tribunalicia?
En este contexto, la última operación de sentido que lanzó el diario La Nación mete miedo. Dos de sus columnistas, el mismo jueves 19, asociaron al kirchnerismo –mayoría política del país por voluntad popular, con dominio del Ejecutivo, robustez parlamentaria en ambas Cámaras y más del 60 por ciento de las gobernaciones provinciales–, con el MTP que copó el Regimiento de La Tablada en 1989.
La rusticidad analítica de un columnista puede llevarlo a comparar lo incomparable. Ocurre que, en este caso, los que compartían la misma alucinación eran dos y en la misma edición.
¿Por qué La Nación trató de vincular a los violentos atacantes de un cuartel con un movimiento democrático que llegó al poder por elecciones limpias? ¿En qué se basan los columnistas del diario para sostener que el kirchnerismo tomó por asalto el Estado y debe ser echado de cualquier forma?
El asalto a La Tablada dejó muertos, torturados y desaparecidos a manos del Ejército. Estos últimos, delitos que Alberto Nisman dejó impunes, cosa que se puede verificar en el archivo, obedeciendo las órdenes de los mismos sectores de Inteligencia que fueron desplazados de la SI en diciembre. Tal vez ahora no sea con artillería y fósforo, como ocurrió en 1989. ¿Quizá lo intenten usando expedientes y citaciones judiciales?
El problema lo tienen los que ven en el kirchnerismo al MTP y confunden un gobierno constitucional con un grupo armado a ser reducido por la fuerza. De miradas tan distorsionadas, al estilo fubista de Sabsay, sólo pueden surgir apreciaciones delirantes de la realidad.
Pero, no por eso, menos peligrosas.
Cuidemos a los jóvenes
Máximo Kirchner asomó con su discurso en Argentinos Juniors a la primera plana de la política. Coronó así el lento proceso de construcción de La Cámpora, una de las organizaciones kirchneristas, la de impronta más juvenil en todo el espacio del FPV. El estadio desbordaba cuando el hijo de dos presidentes constitucionales se hizo escuchar. Habló emocionado, no dijo nada violento, no hizo más que agradecer a su militancia y hasta se emocionó recordando a su padre. Fue demasiado para el país conservador. Máximo Kirchner traía una novedad irritante para la vieja política: después de Néstor y Cristina, otro Kirchner llenaba un estadio en la Capital Federal y le hablaba a toda la sociedad.
Desde entonces, el juez Claudio Bonadío, quien ya sonaba como candidato a procurador de un eventual gobierno massista, lo puso en la mira. Bonadío allanó la AFIP en busca de su declaración jurada por la causa Hotesur. Es un secreto a voces en Tribunales y sets televisivos opositores que el juez intentará citarlo a su juzgado en breve. Si así fuera, el proceso de demonización mediática de la juventud kirchnerista entrará en una nueva fase: la del ataque del Partido Judicial, que coseche lo que el oligopolio sembró con odio durante todos estos años. El problema no es el lavado, hay 4040 cuentas en Suiza, entre ellas, la de los dueños y accionistas de Cablevisión, que nadie busca. Tampoco los cargos: la causa Papel Prensa, donde se investigan delitos de lesa humanidad –los más graves que puedan cometerse– y la presunta participación de Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en ellos, duerme el sueño eterno en un juzgado federal cuyo titular, Julián Ercolini, fue ubicado por el diario La Nación junto al palco el 18F, a metros de Vicente Massot, director del procesista La Nueva Provincia. La lista de la impunidad garantizada a los poderosos de verdad, los que trascienden todos los gobiernos, es interminable.
El problema es que la derecha no puede con su instinto: siempre devora a los jóvenes. Así, la democracia del futuro vive amenazada. Y la de ahora también.
