Representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) de Concepción del Uruguay se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Trabajo de la Nación por el conflicto en Granja Tres Arroyos. Con la declaración de Conciliación Obligatoria, los despidos «por fuerza mayor» quedaron suspendidos pero la empresa les advirtió que no piensa dar marcha atrás con el consecuente desgaste emocional que implica para los 70 trabajadores: «Psicológicamente están arruinados los chicos».
Ante la crisis laboral en las plantas de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay, el Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA) confirmó una reunión con autoridades de la Secretaría de Trabajo de la Nación el próximo lunes en la ciudad de Buenos Aires. La cita busca discutir posibles soluciones tras los despidos y la posterior reincorporación de trabajadores, producto de la conciliación obligatoria dictada por 15 días.
El Secretario General de STIA de Concepción del Uruguay, Miguel Klenner, declaró que los empleados atraviesan una situación de incertidumbre y desgaste psicológico, ya que, pese a la conciliación, la empresa mantiene su postura de desvinculación. «Los trabajadores fueron reincorporados porque la conciliación obligatoria retrotrae las partes al estado anterior, pero la empresa sostiene que siguen despedidos y que su continuidad obedece solo a la medida dispuesta», explicó Klenner.
El sindicalista también manifestó su descontento con la actitud de la empresa, que no ha enviado a su propietario a las negociaciones, sino a representantes legales y de Recursos Humanos. «Estaría bueno que venga el dueño, pero siempre manda al abogado», criticó.
Por su parte, el Secretario de Trabajo de Entre Ríos, Mariano Camoirano, destacó la intervención de la Nación en el conflicto y remarcó la importancia de proteger los empleos en la región. «La empresa tiene un impacto significativo en la localidad y en los alrededores. Cuando se pierde una fuente de trabajo, se afecta también el comercio, la educación y otras áreas», subrayó.
Camoirano también señaló que los despidos fueron notificados con una indemnización del 50%, lo cual solo sería legal si la empresa demostrara una crisis económica bajo el Procedimiento Preventivo de Crisis. «No está claro si la Secretaría de Trabajo de la Nación ha respaldado este procedimiento», afirmó.
Desde el gobierno provincial se confirmó que la Secretaría de Trabajo de la Nación tomó intervención en el caso, dado que desde 2020 recuperó la competencia sobre procedimientos preventivos de crisis, anteriormente gestionados por las provincias.
En medio de esta incertidumbre, la reunión del lunes se presenta como una instancia clave para definir el futuro de los trabajadores y la estabilidad laboral en la región.
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