El juicio contra dos dirigentes de Camioneros, figuras cercanas a Hugo Moyano, y otros tres sindicalistas por el supuesto bloqueo a una empresa en 2020, reabre el debate sobre la criminalización de la protesta. La abogada Florencia Arietto pidió que haya cámaras para su televisación.
El próximo 5 y 12 de junio comenzarán las audiencias del juicio contra cinco miembros del Sindicato de Camioneros, entre ellos Omar “Manguera” Pérez y Omar Dutrá, acusados de extorsión en grado de tentativa por el bloqueo a la pyme Andar Transportadora en 2020. El caso, que pone en el centro del debate las prácticas gremiales, tiene importantes implicancias para el sindicato liderado históricamente por Hugo Moyano.
Pérez, considerado el «tercero» en la estructura de Camioneros y secretario de Políticas de Transporte del gremio, junto con Dutrá, referente de la rama Logística, y otros tres sindicalistas, son señalados por haber participado de un supuesto bloqueo en el depósito de Villa Soldati. Según la acusación, exigieron el pago de una deuda que la Justicia no reconoció como legítima.
La abogada de Andar Transportadora, Florencia Arietto, solicitó que las audiencias sean públicas y transmitidas en vivo, mientras acusa a los dirigentes de formar parte de una «estructura de poder» que opera bajo órdenes directas del liderazgo del sindicato. Aunque pidió la indagatoria de Hugo Moyano, el juez no accedió a citarlo.
El fiscal Ignacio Mahiques, quien en 2022 elevó la causa a juicio, sostiene que el sindicato no estaba habilitado para reclamar de forma directa a la empresa y que el bloqueo constituye una tentativa de extorsión. Según su presentación, los dirigentes actuaron con la intención de despojar a la pyme de parte de su patrimonio en beneficio del gremio.
Desde el sindicato de Camioneros, esta causa se suma a otros casos similares, como el de los dirigentes Fernando Espíndola y Maximiliano Cabaleyro, detenidos por un bloqueo en San Nicolás. Este nuevo juicio podría reforzar los antecedentes legales sobre bloqueos gremiales y abrir un debate más amplio sobre la criminalización de la protesta sindical.
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