A cinco años de su detención, el empresario habló de los nuevos peritajes y acusó al macrismo de armar una “operación mediática y judicial”. La causa “no solo fue armada por Bacigalupo y su amigo Centeno, sino por uno de los diarios más poderosos de la Argentina”, con el apoyo de “un grupo de tareas de Comodoro Py integrado por Claudio Bonadío y Carlos Stornelli”, disparó en diálogo con Página/12.
“Se demuestra que la prueba principal e inicial con la que se produjeron las detenciones (en el caso “cuadernos”) fue diseñada” y “no descarto que hayan estado detrás los servicios de inteligencia de Macri”, dijo el empresario Gerardo Ferreyra a Página/12 araíz de dos nuevos peritajes sobre los escritos que muestran que no solo tenían la letra del chofer Oscar Centeno sino la de su amigo el expolicía Jorge Bacigalupo.
Entre las sobreescrituras y agregados que los nuevos peritajes ordenados por juez Marcelo Martínez de Giorgi le atribuyen a Bacigalupo, los especialistas detectaron que había añadido el nombre de Ferreyra, de Electroingeniería, quien estuvo un año preso porque no aceptó declarar como arrepentido. Eso, “arrepentirse”, era lo que les ofrecían a los detenidos por los cuadernos para que incriminaran a Cristina Fernández de Kirchner y salir en libertad.
Los nuevos estudios también indicarían que hay partes que Bacigalupo podría haber dictado a Centeno, ya que incluían términos o expresiones que él no usaba. Todo muestra un gran armado. La investigación judicial pone la lupa, precisamente, la manipulación de los cuadernos del exchofer del Ministerio de Planificación, que están cada vez más en jaque como prueba para acusar en un juicio a empresarios por supuestos pagos ilegales. La denuncia inicial la hizo Armando Loson, de Albanesi SA, quien había presentado un peritaje privado que mostró más de 1600 enmiendas y tachaduras en los manuscritos.
–¿Qué significa este hallazgo para el caso de los cuadernos y para usted?–, preguntó Página/12 a Ferreyra.
–Esta es la tercer pericia que se hace a partir de que descubrimos que me habían agregado en los cuadernos, igual que a (Armando) Loson. El objetivo era saber quién lo había hecho. Habíamos visto que la letra era muy similar a la de Bagacigalupo, a quien el juez Marcelo Martínez de Giorgi había ordenado secuestrarle manuscritos y que hiciera un cuerpo de escritura para que se pudiera comparar su letra con lo que aparecía en los cuadernos. Ahora se comprobó que Bacigalupo intervino los cuadernos, en mi caso para agregar mi nombre, lo hizo en un lugar donde no había espacio, entonces lo puso arriba. Escribió dos veces: “ingeniero Ferreyra” y “Gerardo Ferreyra”. En el caso de Loson, para esconder con liquid paper el nombre de marcelo Odebrecht y poner arriba el suyo. La oficina de la empresa de Loson es en la misma dirección que la de Odebrecht, solo que en diferente piso. Dejaron la dirección pero pusieron el nombre de Loson. Esto surge de las pericias suplementarias que había encomendado el juez: una a la Policía Federal y otra a la Universidad de Buenos Aires. Algo muy relevante es que el peritaje de la Federal, que dice que hubo una adulteración, fue firmado por unanimidad, o sea, adhirió el perito de parte del propio Bacigalupo.
–¿Quién cree que estuvo detrás de todo?
—Esto no solo fue armado por el expolicía Bacigalupo y su amigo Centeno que sería exagente del Batallón 601 del Ejército y el periodista Diego Cabot a quien se supone que le entregaron los cuadernos (y que hizo las primeras publicaciones). Esta herramienta la elaboraron con uno de los diarios más poderosos de la Argentina, La Nación, y se lo dieron a un grupo de tareas de Comodoro Py, integrado por Claudio Bonadío y Carlos Stornelli. Pero, además, a las 48 horas de mi detención, el juez de la Corte (Ricardo) Lorenzetti salió a apoyar a Bonadío. Hasta hay un apoyo internacional, de la embajada de Estados Unidos. Y no descarto que hayan estado detrás algún personaje de los servicios de inteligencia del gobierno de Mauricio Macri. De hecho, a mí y a mi familia nos espiaron mientras me tuvieron en la cárcel. Mi celda estaba cableada para espiarme. Estuve ilegalmente detenido y procesado durante cinco años.
–¿Cómo pueden impactar estas novedades en la causa “Cuadernos”, que está elevada a juicio oral, donde usted es uno de los empresarios acusados en base a esos escritos?
–La causa donde se descubrieron los agregados y enmiendas es un expediente separado. Es probable que todo lo que está saliendo a la luz dañe la continuidad de la causa de los cuadernos. Ya está deteriorada la credibilidad de este caso, pero acá estamos diciendo que la prueba principal e inicial con la que se produjeron las detenciones fue diseñada. Tiene 1635 irregularidades. Nosotros, ante la negativa de que recibieran nuestra prueba, nos pusimos a investigar, ya que la justicia no lo hizo. Arrancó con los cuadernos diseñados y se subió a la ola de los arrepentidos. Pero yo no estoy arrepentido. Estoy mal procesado y estuve ilegítimamente detenido. Ahora sabemos quiénes me metieron en los cuadernos, falta confirmar quiénes fueron los autores intelectuales de esto.
–¿Cuál es el próximo paso?
–Ahora Martínez de Giorgi ordenó la apertura de los tres celulares y la notebook que había secuestrado en lo de Bacigalupo. Si destruyó la prueba, se podrá recuperar. Si no la destruyó o queda algo, esperemos que salten los diálogos de esos cinco meses en los que manipularon los cuadernos, entre enero y mayo de 2018. El gobierno de Macri recurría al Fondo Monetario Internacional y querían taparlo de algún modo. El juez está haciendo ahora una investigación que nunca se hizo, le va a provocar daño a la causa principal. En mi caso, a partir de esto y de lo que salga, seguramente haremos un nuevo pedido de nulidad al tribunal oral o en la instancia que consideren mis abogados. La prueba de mi detención ilegal está acá: tres pericias de un organismo oficial. Fuera de esto, me quiso incriminar un testigo, Claudio Uberti (extitular del Organo de Control de Concesiones Viales) que no aportó ni una prueba en estos cinco años. Seguramente ahora van a decir que Bacigalupo adulteró por su cuenta y que igual están las declaraciones de los arrepentidos.
–¿Cómo fue extorsionado usted cuando lo detuvieron?
–Estuve 48 horas incomunicado. Al tercer día me llevaron de la División Drogas Peligrosas a Comodoro Py. Me recibe Stornelli y me deja solo con mi compañera y mi hijo. Me quedo media hora charlando con ellos. Al rato me hace pasar y me dice: “Gerardo te voy a comentar, hay cuatro o cinco conocidos en común que me han dado muy buenas referencias tuyas, en honor a eso te voy a decir cuáles son las reglas del juego. Si te arrepentís te vas ahora con Mimi y tu hijo, que te están esperando”. “De qué me tengo que arrepentir?”, le pregunté yo. Y me contestó: “De haber ayudado a esos mugrientos”. “¿Qué mugrientos?” le pregunté. “El matrimonio”, me dijo señalando hacia en dirección a la Casa Rosada. “¿Decís Néstor y Cristina? No tengo nada de que arrepentirme”, le contesté. Ahí me pusieron las esposas y me mandaron a la cárcel. Mis abogados iban todas las semanas a preguntar por qué me mantenía detenido y les decían “porque no se arrepiente”. Fue una extorsión, al inicio y todo ese año que estuve preso, la mitad en Marcos Paz y el mitad con prisión domiciliaria.
–¿Por qué se la agarraron con usted?
–Lo extraño fue que justo cuando a mí me detenían, simultáneamente el Grupo Caputo intentaba quedarse con nuestra empresa, con nuestro proyecto más importante, el de las represas (llamadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz). Diego Guelar, el embajador en Beijing convocó a la corporación Gezhouba Group Company Limited (CGGC) y les dijo que tenían que cambiar de socio porque Electroingeniería estaba mal visto. Javier Iguacel fue a ver al embajador chino y le dijo que tenían que sacar a CGGC. El chino parece que les decía que no iban a poder porque es ilegal y la respuesta fue que sí iban a poder porque en 15 días Ferreyra va a tener una causa. Tuve que renunciar a todos los cargos en la empresa y en la UTE porque me procesaron a los quince días. La causa cuadernos fue armada para destruir a gran parte del empresariado argentino por servicios de inteligencia y apoyo del poder judicial.
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