La iniciativa la presentó Verónica Razzini, diputada nacional del PRO y cofundadora del “Movimiento Empresarial Anti-Bloqueos”. Lo hizo después de que la Reforma Laboral las habilitaran como causal de despido y de que Patricia Bullrrich creara un Comando especial para combatirlos.
La ofensiva contra las protestas sindicales de partes del panoficialismo no cede. Ahora el que acelera es el autodenominado “Movimiento Empresarial Anti-Bloqueos” (MEAB). Es que su su primera presidente, Verónica Razzini impulsa en el Congreso la sanción de un proyecto de ley para llevar al Código Penal los «bloqueos».
Razzini, impulsada política y mediáticamente por Patricia Bullrich, en 2023 fue electa diputada nacional por la provincia de Santa Fe por el PRO. Esa representación es la que justamente asumió en diciembre pasado.
El proyecto que busca encuadrar el bloqueo sindical como un delito penal, por tratarse de una acción que genera pérdidas multimillonarias a las compañías apuntadas y porque no es producto de grupos de personas que espontáneamente cortan el acceso a y la salida de un espacio de trabajo.
Según Razzini, el bloqueo va más allá de impedir el acceso o la salida de una planta o lugar de trabajo; consiste en cualquier forma de paralizar la actividad de una empresa, algo que abiertamente chocará con el constitucional derecho a la huelga.
La idea de encuadrar el bloqueo como una figura penal se originó en la ley bases, que en el capítulo de modernización laboral refirió el nuevo “despido justificado” en casos de bloqueo o toma del lugar de trabajo. Para Razzini, la situación amerita una ley, pues el bloqueo se volvió una práctica recurrente que genera enormes daños, además de tener una naturaleza extorsiva.
La ofensiva la semana pasada la tuvo como protagonista a la propia Bullrich con la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva.
Se trata de una nueva milicia, que específicamente se enfocará en la «protección» de las empresas petroleras, cerealeras y mineras, entre otras grandes firmas y parques industriales, por la supuesta necesidad de «protección especial» que requieren.
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