La intervención macrista del SOMU, a cargo de Gladys Gonzalez, solicita en un escrito presentado al Juez quedarse en el gremio entre 2 y 4 años para “limpiarlo” de militantes políticos o gremiales a pedido de Dietrich y las patronales.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) está cada vez más lejos de ser el gremio modelo como el que prometió la intervención en su llegada. Una vez desplazado Omar “Caballo” Suarez, quien sigue su proceso judicial, los pasos que fue dando la conducción impuesta a los marítimos por el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral no paró de generar uno tras otro episodios escandalosos.

Primero la fractura entre los propios interventores, que derivó en la salida de dos de ellos con acusaciones a la restante, la diputada macrista Gladys Gonzalez. Los salientes la señalaron por contratar irregularmente personal, por operar con empresarios para derogar derechos y por avanzar en un intento de reordenar la actividad sin legitimidad.

Luego le siguió la denuncia que recayó sobre la diputada del PRO por la utilización de la legisladora de las instalaciones y los inmuebles del sindicato para beneficio personal y de sus familiares.

Ahora, mientras se multiplican las denuncias en la justicia contra Gonzalez, surge un nuevo documento alarmante. Es que la diputada nacional elevó un escrito a Canicoba Corral en el que habla de quedarse en el gremio entre dos y cuatro años. Un período que supera el propósito inicial de la intervención.

Pero eso no es todo. Es que en el mismo texto habla de una “limpieza” del padrón del gremio para quitar de él los militantes políticos y gremiales. Según dice la propia diputada, ese proceso se debe realizar para cumplimentar órdenes expresas del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y de las Cámaras empresariales.

Textualmente, Gonzalez dice que no es posible llevar a cabo la normalización institucional “antes de dos/años, ante la inexistencia de candidatos o dirigentes en condiciones éticas, morales o políticas de asegurar el control efectivo de la institución, para asegurar la competitividad de la marina mercante nacional, procediendo en dicho lapso la intervención al reempadronamiento en miras a excluir del padrón a todo afiliado con militancia gremial o política, de acuerdo con las instrucciones de las Cámaras empresariales y del Ministerio de Transporte de la Nación”.

La “limpieza de militantes” a pedido de las patronales y el ministro Dietrich, va en línea con la idea de reformar los convenios colectivos de trabajo en pos de desregular la actividad a base de la destrucción de los derechos adquiridos por los trabajadores del SOMU.

El texto de Gonzalez pone en evidencia, además del plan del gobierno y de los empresarios de avanzar en flexibilización laboral en nombre de de la competitividad como en otros sectores, la interna que se vive en el seno del propio gabinete. Es que en lugar de responder a las indicaciones del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, la intervención es digitada desde la cartera de Transporte en coincidencia con los empresarios.

Así lo que se presentó como el sueño del PRO de normalizar el SOMU para transparentar el sindicalismo, se convirtió en poco tiempo en un tubo de ensayo para que el Gobierno y los empresarios, a través del amparo judicial, intenten imponer reglas neoliberales en las relaciones de trabajo. Ahora habrá que esperar si el plan, blanqueado por Gonzalez, no encuentra un freno en los juzgados, donde ya se tramitan varias presentaciones que van en ese sentido.

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