El número de solicitantes del subsidio por desempleo en España se triplicó desde que estalló la crisis, al pasar de un promedio de 400.000 personas en 2007 a 1,23 millones en enero pasado, recordó hoy las Comisiones Obreras (CCOO) al gobierno y denunció además las trabas impuestas para acceder a este beneficio.
“El Gobierno ha cambiado las reglas de juego en mitad del partido y por la puerta de atrás”, cuestiona el sindicato, que destaca que uno de los ejemplos más claros es el de la cláusula de salvaguarda de la reforma de la jubilación.
Este es uno de los requisitos que se toman como referencia para que a los trabajadores despedidos les pueda ser de aplicación la legislación de jubilación vigente en el momento del despido, publica Europa Press.
El sindicato denunció el endurecimiento de los requisitos de acceso al subsidio de desempleo para mayores de 55 años, que supone, “dejar desprotegidas a miles de personas” que perdieron su empleo en la última etapa de su vida profesional, cuando más difícil es volver a encontrar un trabajo.
CCOO, que preside Ignacio Fernández Toxo, señala que la reforma de pensiones “impuesta” por el Gobierno modifica la protección en desempleo y el acceso a la jubilación, e impide a trabajadores, despedidos hace tiempo, el cumplimiento de los nuevos requisitos y, por consiguiente, dificulta su protección social.
La central sindical también criticó las modificaciones introducidas en los despidos colectivos de empresas con beneficios, que incluyan a trabajadores mayores de 50 años.
“Con estas medidas se dificulta la salida no traumática de trabajadores en empresas que atraviesan verdaderas dificultades económicas, lo que sólo repercutirá en enviar más gente joven y de mediana edad al desempleo, así como en una menor protección de los trabajadores parados de mayor edad”, lamenta CC.OO.
Para el sindicato, las reformas impuestas en el último año persiguen que la crisis la paguen principalmente los trabajadores “por la vía de la menor protección social y el empeoramiento de los salarios y las condiciones de trabajo”, en lugar de exigir esfuerzos proporcionados a las rentas de capital.
