El fin de semana pasado parecía uno más en la vida de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Viajó a Santa Cruz a pasar el fin de semana, pero algo alteró la calma sureña. Se produjo un desperfecto en una de las turbinas del Boeing de la Presidencia y tuvo que retrasar su viaje al Calafate. Lo curioso fue que su estadía fue seguida al detalle. Hasta el portal OPI Santa Cruz, comandado por Rubén Lasagno (ex agente de la SIDE), siguió su recorrido precisando el minuto exacto en el que la mandataria bajaba del avión, salía o entraba de su casa, entraba a un negocio y hasta visitaba la tumba de su marido. Lo que comenzó como un rumor terminó convirtiéndose en noticia: la policía de Santa Cruz vestida de civil había desplegado un operativo de inteligencia para seguir los pasos de la Presidenta.
El gobernador santacruceño, Daniel Peralta, salió al cruce con un parte de prensa diciendo que todo era “falso y malintencionado” y que la policía de Santa Cruz actuaba con la Unidad de Custodia Presidencial. Desde el gobierno nacional lo acusaron de hacer afirmaciones falaces y les ordenaron “abstenerse de monitorear a la Presidenta”.
La historia de espionaje de un gobernador que tiene su provincia con las cuentas en rojo y un déficit presupuestario anual que ronda los 1.500 millones de pesos, marca también la extraña pirueta política y giro a la derecha del mandatario provincial. Hubo un “seguimiento ilegal” de gravedad institucional.
El gobernador santacruceño está nervioso, todavía está evaluando cómo hará para pagar los sueldos de agosto. Por eso se enoja cuando la Presidenta recuerda que Néstor Kirchner dejó la gobernación para asumir la presidencia dejando 534 millones de dólares, según el Tribunal de Cuentas provincial. En tan sólo siete años, todos los fondos se evaporaron.
Como salida, Peralta recortó en enero el gasto público y no tuvo éxito con su intento por declarar la emergencia económica. Lo que pretendía era aumentar entre 10 y 15 años la edad para jubilarse para los empleados estatales, el fin de la movilidad jubilatoria e incrementar los aportes destinados a financiar la Caja de Previsión que tiene un saldo en rojo de 960 millones de pesos. Sin perder tiempo, los trabajadores salieron a la calle y pudieron torcerle el brazo a Peralta, quien dio marcha atrás. El saldo: 21 heridos que enfrentaron gases lacrimógenos, balas de goma y gas pimienta en las calles de Río Gallegos.
Con una gran falta de apoyo político, un sector de su partido dividido (La Cámpora), tras repudiar el ajuste, Peralta no sabe cómo hacer para conseguir que le aprueben un endeudamiento por 200 millones de dólares. Para poder obtener el préstamo necesita reunir el apoyo de los dos tercios de la Legislatura. Si bien el Frente para la Victoria tiene mayoría absoluta (22 de las 24 bancas), la mayor parte del bloque está enfrentada con Peralta, por eso las cosas se le complican.
No es un buen momento para el gobernador. Luego de enfrentar un paro de docentes de más de 40 días en 2011, este año tuvo que afrontar una crisis policial que duró 19 días. El conflicto terminó con un acuerdo y una serie de cambios, que hoy adquieren importancia para entender esta historia de espionaje.
Como parte de esos cambios, en marzo de este año Peralta resolvió disolver el Departamento de Investigaciones Policiales (DIP), un organismo creado en 1972 (durante la dictadura militar) como un órgano de espionaje para vigilar la protesta social en la provincia. Pese a denuncias del mismo sector gremial de las fuerzas que consideraban que el DIP hacia inteligencia interior, a partir del último fin de semana, se vuelven a confirmar las sospechas: informalmente continúa funcionando. Cada vez que la Presidenta visita la provincia están atentos a todos sus movimientos. Algo innecesario, teniendo en cuenta que la Presidenta cuenta con su propia custodia presidencial. Los que conocen la provincia y su funcionamiento aseguran que este grupo responde directamente al jefe de policía, Jorge Hassan, y que por lo tanto, todo lo que hace la Presidenta se informa a jefatura.
Durante el fin de semana fue custodiada por expertos. Y no queda lugar a dudas, pese a que algunos medios trataron de silenciar la noticia. Hasta la ministra de Gobierno de Santa Cruz, Paola Knopp, por orden directa de Peralta, emitió un parte de prensa que cataloga las versiones como “falsas, malintencionadas y maliciosas”. Lo más llamativo es que Knopp reconoce que “la Policía de Santa Cruz actúa con la Unidad de Custodia Presidencial, de la misma forma, no solamente desde que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, asumiera la primera magistratura de la Nación Argentina, sino también durante el mandato del ex presidente Néstor Kirchner. Estas formas son en función de usos y costumbres normales…”, señala.
Sin perder tiempo, Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, dio la versión oficial: “Todos los movimientos no protocolares de la señora presidenta en la provincia de Santa Cruz son custodiados exclusivamente por efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales, los cuales no tienen contacto alguno con la policía provincial. Por lo tanto son falaces las informaciones de la ministra de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, Paola Knopp”. Y por si a alguien le queda alguna duda, el comunicado de prensa salido del ala que conduce la ministra de Seguridad, Nilda Garré, termina diciendo: “Asimismo, se informa que fue esta secretaría la que intimó a dicho ministerio de abstenerse de monitorear los movimientos de la primera mandataria, mientras la misma se encuentre en dicha provincia, realizando actividades privadas”.
