La jueza María Servini convocó para el 23 de marzo a las 14 al expresidente del Banco Central del macrismo por una columna que escribió para el diario Perfil en la que relató una cena de mediados de 2015 en la que se habló de “expropiar C5N” como una de las primeras diez iniciativas que debería llevar a cabo la gestión de Mauricio Macri.
La jueza María Servini citó a prestar declaración testimonial al expresidente del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger en el marco de la causa en que se investigan las extorsiones del gobierno macrista al Grupo Indalo. La convocatoria es para el 23 de marzo a las 14.
Servini hizo lugar a un planteo de la querella que pidió se convoque al extitular del BCRA luego de que escribiera el 5 de marzo pasado una columna en Perfil donde reveló que a mediados de 2015 mantuvo una cena con Roberto Dromi y que allí el exministro menemista habló de “expropiar C5N” como una de las primeras diez iniciativas que debería llevar a cabo la gestión de Macri. A la luz de todos los ataques que sufrió el Grupo Indalo –sus dueños fueron detenidos-, la frase pareciera revelar que existía un plan.
En su nota de Perfil titulada “¿Es posible cerrar la grieta?”, Sturzzeneger cuenta: “Recuerdo que, a mediados de 2015, un amigo me arrastró a una cena con la promesa de que sería interesante. Al llegar, me sorprendió ver a Roberto Dromi, alguien de quien había oído hablar mucho, pero no conocía personalmente. Sí sabía que había sido el estratega jurídico de las reformas de la primera presidencia de Menem. En esa época, yo era un diputado de Juntos por el Cambio convencido de que ganaríamos las elecciones ese año y de que cambiaríamos el país”.
Sturzenegger escribió que “Dromi monopolizó la conversación” y que, tras asegurar que Macri podía ganar las elecciones presidenciales, “se despachó con lo que consideraba eran las diez primeras cosas que la nueva administración debía hacer”. El exintegrante del gobierno de La Alianza explicó que pensó que haría un listado de medidas económicas como “la apertura inmediata del cepo, la implementación de un programa de desinflación, la consolidación fiscal” pero “ninguna de estas medidas pasó por la cabeza de Dromi”.
Fue entonces que Sturzenegger hizo la revelación: “Recuerdo que el primer ítem en su lista fue ‘expropiar C5N’; el segundo, ‘intervenir los hoteles de Cristina’, y así. La lista de Dromi no era una de tareas a realizar, sino de cómo licuar los recursos y el poder de quienes él pensaba los usarían en contra del futuro gobierno”.
Justamente, eso fue lo que intentó hacer el gobierno de Macri, de distintas formas. Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa fueron detenidos durante el macrismo y espiados de forma ilegal, junto a otros presos políticos, en la cárcel.
En su columna en Perfil, Sturzenegger dijo que cuando escuchó a Dromi pensó “que aquello era una locura. Creía que ganaríamos las elecciones, que demostraríamos que las cosas se podían lograr sin hacer bullying a nadie, y que los resultados nos permitirían consolidar los cambios con el tiempo”. Pero dijo que está cambiando de parecer: “Hoy en día, su visión de que hay una dimensión de fuerzas de poder, cuya resolución es previa a las decisiones programáticas y define su ritmo y éxito, encuentro es cada día más valedera”. En ese marco es que se está acelerando el avance judicial contra CFK.
Justamente, el 7 de marzo, la vicepresidenta se refirió a esa columna de Sturzenegger: “Me impresiona muchísimo, porque cuenta que en el año 2015 lo fue a ver un ministro privatizador que fue Dromi, porque le parecía que podían ganar las elecciones, y que le recomendó, entre otras cosas, expropiar primero C5N y después, dice textual, quitarle los hoteles a Cristina. Esto es intervenir en la sucesión de Néstor a sus hijos. ¿Y saben que me impresionó? Que no fue algo que se le escapó”. En esa línea, continuó: “Cuando alguien escribe algo para un diario lo lee, lo relee dos o tres veces, lo piensa, lo mira, y después decide publicarlo. Y no se le movió a nadie el amperímetro”, continuó Cristina.
El caso de la extorsión a Indalo
La extorsión del gobierno de Macri al Grupo Indalo es uno de los casos emblemáticos de persecución judicial. Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa terminaron detenidos y la administración macrista buscó desapoderarlos de sus principales empresas. Ambos fueron espiados en la cárcel de Ezeiza junto a otros dirigentes políticos.
Cristóbal López contó en la Justicia las extorsiones que sufrió desde que Macri se perfiló como Presidente. Relató que mantuvo diversas reuniones con funcionarios macristas para intentar no ser detenido. Indicó, por ejemplo, cómo decidió intentar vender el Grupo Indalo por presión del Poder Ejecutivo.
Según declaró bajo juramento de decir verdad, López mantuvo encuentros con el entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri; con el operador judicial –hoy prófugo- Fabián “Pepin” Rodríguez Simón; y con el empresario Nicolás Caputo, “hermano de la vida” del jefe de Estado para buscar destrabar su situación. Una de las condiciones que le habían impuesto en las negociaciones que mantuvo, resaltó López, era echar a Roberto Navarro de C5N, algo que se terminó concretando.
De los encuentros con Pepín, López dijo no recordar un nivel de “apriete tan grande”. Sin ir más lejos, fue el alfil judicial de Macri quien le envió vía un tercero el mensaje de que empezaba la guerra con el Gobierno por no haber cedido sus empresas, que incluían desde medios a Oil Combustibles.
Pepín Rodríguez Simón está imputado en esta causa en la que se investigan las extorsiones al Grupo Indalo. Cuando fue citado a prestar declaración indagatoria se fugó. Está en Uruguay, donde por todos los medios posibles, intenta evadir a la Justicia argentina. También en esta causa declaró el actual vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Fue por sus vínculos con Pepín, quien lo recomendó para ser ministro supremo.
Las negociaciones de López para intentar no ser detenido finalmente fracasaron. Fue apresado junto a su socio De Sousa el 19 de diciembre 2017. La detención se produjo después de que el juez federal Julián Ercolini (el mismo que viajó a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín) los procesara a ambos con prisión preventiva por una presunta defraudación al Estado. Se los acusó de no pagar $ 8.000 millones a la AFIP. El caso terminó elevado a juicio y los empresarios fueron absueltos en diciembre del 2021. La sentencia no está firme porque debe ser revisada por la Cámara Federal de Casación.
La detención de López y De Sousa, que era parte del plan para expropiar C5N, implicó el directo involucramiento de Macri. Es que el 16 de marzo de 2018, la Sala I de la Cámara Federal porteña revocó la prisión preventiva de los empresarios que había dispuesto Ercolini. Ese fallo molestó tanto al entonces presidente que derivó en el apartamiento de Jorge Ballestero y Farah –que firmaron la liberación- de la cámara porteña.
“Lo peor no es si está libre o está preso (en referencia a Cristóbal López), lo peor es que me digan que cambió la carátula, eso es lo que a todos nos enloqueció”, afirmó Macri en marzo de 2018 al referirse a la decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña. De hecho, la AFIP apeló esa resolución. “El daño se hizo, estos dos jueces se animaron a hacer lo que hicieron pensando que no iba a haber reacción, pero la hubo”, agregó el entonces Presidente a la prensa en referencia a Farah y Ballestero.
Tras liberar a López y De Sousa, Ballestero y Farah fueron eyectados del tribunal revisor. Ballestero renunció y Farah fue trasladado. Entonces, Macri ubico a dedo a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en esa cámara clave de Comodoro Py. Farah fue reincorporado tras el cambio de Gobierno.
La decisión de la cámara porteña fue rápidamente rectificada por la Cámara Federal de Casación Penal. El 23 de marzo de 2018 se reúnen el fiscal ante la Casación, Raúl Pleé, el jefe de la AFI Gustavo Arribas y Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, tal como publicó este medio. Y el 26 de abril, es decir, un mes después, Pleé pidió la nueva detención de López y De Sousa. Al día siguiente, la Sala I de la Cámara de Casación ordenó que vuelvan a la cárcel. Uno de los que firmó ese fallo fue Gustavo Hornos, quien mantiene una “relación social” con Macri y que visitaba la quinta y la Casa de Gobierno durante la gestión cambiemita.
Esta extorsión que sufrieron los empresarios se investiga en el juzgado federal Nº 1 a cargo de María Servini. En la causa, donde están involucrados desde Macri y Pepín a los extitulares de la AFI macrista, Leandro Cuccioli y Alberto Abad, todos los investigados están con falta de mérito –por decisión de la Cámara-. Y Pepín Rodríguez Simón prófugo.
fuente:el destape
