La Autopista Panamericana y el Acceso Oeste son dos corredores que están bajo la lupa del Gobierno y de la Justicia. El proyecto lo impulsa Facundo Moyano y ya tiene trámite parlamentario. Propone que el Sindicato de Peajes, del cual es el principal referente, se quede con una porción.
diputado nacional Facundo Moyano presentó un proyecto de ley que apunta a la creación de la empresa estatal Autopistas Metropolitanas SA (AUMET), la cual se haría cargo de las concesiones privadas que actualmente controlan Autopistas del Sol y GCO, ambas del grupo privado español Abertis.
A la luz de la investigación judicial que puso la lupa en las gestiones de renegociación de los contratos de los peajes y control de autopistas por parte de funcionarios de Cambiemos, y a la espera de que concluya una auditoría integral que viene desarrollando el ministerio de Obras Públicas, el legislador oficialista propone que la nueva empresa estatal se haga cargo de los accesos Panamericana y Oeste.
Según detalla el proyecto, el paquete accionaria de la empresa quedaría en un 35% en manos del Ministerio de Transporte, otro 35% para Obras Públicas, 13% para Vialidad, 7% para el gremio de los peajistas (que Facundo Moyano lidera) y el restante 10% para un operador privado designado mediante una licitación pública.
De concretarse la iniciativa, AUMET pasaría a desarrollar actividades equivalentes de mantenimiento y operación de rutas y autopistas a las que desarrolla Corredores Viales SA en la red Cañuelas-Ezeiza-Ricchieri.
La nueva firma estatal también tendrá como facultad la ejecución de obras viales de enlace en los municipios bonaerenses que están atravesados por la Panamericana y el acceso Oeste.
La letra chica del proyecto señala que AUMET tendrá por objeto desarrollar por su cuenta o por terceros «la construcción, mejora, reparación, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación comercial colateral y la prestación de servicios al usuario en las trazas de los accesos Norte y Oeste».
En tanto, se propone un directorio de cinco miembros con tres años de mandato, que podrán ser reelegidos en forma indefinida.
La presidencia quedará siempre en cabeza de uno de los tres representantes oficiales que enviarán Vialidad Nacional y los ministerios de Obras Públicas y Transporte.
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