Altos directivos de las empresas más importantes del Grupo Clarín engrosan la lista de contribuyentes que tienen cuentas que, según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), no fueron declaradas en Suiza, y se suman a causas judiciales pendientes.
Estas cuentas habrían sido concretadas a través de una serie de plataformas ilegales montadas por el banco HSBC con el fin de facilitar la evasión en el pago de impuestos, en maniobras por al menos 3.000 millones de dólares.
Saturnino Herrera Mitjans, miembro del directorio del Grupo Clarín; Pablo César Casey, sobrino de Héctor Magnetto y gerente de Relaciones Institucionales de ese grupo; Carlos Alberto Moltini, Mariano Marcelo Ibañéz, y Luis Alberto González Buruki, integrantes del directorio de Cablevisión son los nombres que aparecen en esas listas.
Según esa denuncia, son 4.040 cuentas “de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina” de los cuales 300 todavía no fueron identificados y que, de acuerdo con una estimación de la AFIP, la evasión fiscal estimada podría tener un piso de 3.000 millones de dólares.
De esta manera se suman denuncias a las conocidas como la que realizó el ex vicepresidente del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, que denunció a ese grupo, y a otras empresas, por presunto lavado de dinero, y luego aseguró que la causa se encuentra “paralizada” por las “presiones” ejercidas sobre el juez federal Sergio Torres y el fiscal Guillermo Marijuan.
A su vez, el juez federal Luis Rodríguez pidió informes a Estados Unidos y a Inglaterra sobre dos préstamos otorgados en bancos de Estados Unidos e Inglaterra a una empresa vinculada con el Grupo Clarín, en el marco de una causa por una supuesta maniobra de “lavado de activos”.
Por otra parte, Clarín y La Nación, sumado a La Razón, están involucrados en la causa por la venta de acciones de Papel Prensa bajo la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, en una causa que se inició en 2011 en el juzgado a cargo de Daniel Ercolini sin que aún hayan sido indagados sus principales directivos.
En el marco de esa causa, la Procuraduría de Lesa Humanidad y la Unidad de Asistencia para causas de Derechos Humanos solicitó al fiscal a cargo de la causa que investiga la supuesta apropiación de la empresa Papel Prensa que impute a los empresarios Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble por presunta “extorsión” y “persecución por motivos raciales”.
Otra de las denuncias que alcanzan al Grupo Clarín es la que involucra al directivo José Aranda, que fue denunciado por la construcción de una “mega-represa” en el Ayuí Grande que es un arroyo que desemboca en el río Miriñay, en el departamento correntino de Mercedes, junto a los Esteros del Iberá, y unos 800 metros arriba del Acuífero Guaraní, pretendiendo anular el curso de ese arroyo y construir una represa como dique que inundaría 8.000 hectáreas, que hoy son campos y bosques.
Pero a partir de reclamos de organizaciones como Guardianes del Iberá, entre otras, la idea de los terratenientes Aranda y su vecino, el magnate George Soros, fue visibilizada y luego a través de la resolución 1238/2011, firmada por el entonces secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la nación, Juan José Mussi, se estableció que “las obras del ‘Proyecto Productivo Ayuí Grande’ resultan incompatibles con las disposiciones de la Ley General de Ambiente Nº 25.675 y de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331”.
A su vez, el diario La Nación mantiene una deuda estimada de 400 millones de pesos con la AFIP y, hace semanas, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y los ministros Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, consideraron “conveniente” mantener la medida cautelar que ese diario interpuso en octubre de 2003.
La Nación, entre otros medios de comunicación, obtuvo en el año 2001, a través del decreto 730, firmado por el entonces presidente Fernando de la Rúa y por su ministro de Economía, Domingo Cavallo, el beneficio de no pagar el impuesto a la ganancia mínima presunta y que computara sus contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal en el momento de la liquidación del IVA.
Luego, durante su presidencia, Eduardo Duhalde eliminó el cómputo de las contribuciones patronales como crédito fiscal para todos los sectores excepto dos: los medios de comunicación y el transporte de carga.
Si bien la excepción regiría por el “plazo mínimo y acotado” de cuatro meses, el diario dirigido por Bartolomé Mitre consiguió la cautelar que hoy la Corte decide mantener firme gracias al juez en lo contencioso administrativo federal Osvaldo Guglielmino, quien resolvió que mientras el Poder Ejecutivo no encontrara la solución alternativa, los medios podrían seguir descontando los aportes patronales en la liquidación del IVA.
