Por:
Daniel Cecchini
Si la idea de las patotas encabezadas por Hugo Biolcati para oponerse al revalúo de las tierras rurales bonaerenses era reeditar la movida destituyente montada en 2008 alrededor de la Resolución 125, habría que recomendarles que recorran las páginas del 18 Brumario de Luis Bonaparte y se detengan en una de sus frases más citadas. Aquella que dice: “La historia se repite dos veces, la primera vez como tragedia, la segunda como farsa”. Que el presidente de la Sociedad Rural Argentina no haya leído a Carlos Marx no debería sorprender a nadie, pero sí llama la atención la ceguera con que sus cómplices mediáticos pretendieron primero cocinar y luego amplificar una supuesta protesta social frente a lo que trataron de vender periodísticamente como una “nueva agresión del gobierno contra el campo”. Sin puertas de cuarteles para golpear –esa antigua costumbre de las patronales agropecuarias–, sólo les quedó convocar a batir las cacerolas, pero el cacerolazo de los garcas les salió por la culata: a excepción de unos pocos vecinos de los barrios porteños más tilingos, el resto de la sociedad respondió con un rotundo silencio.
Las diferencias que separan a aquella batalla contra las retenciones de este berrinche por el revalúo de las tierras hacían imposible una repetición. El trabajoso acuerdo logrado por el Frente para la Victoria, el Frente Amplio Progresista y parte del radicalismo en la Legislatura Bonaerense para aprobar la reforma impositiva demostró que la mayoría de la oposición política ya se convenció de que abrazar las causas de los grandes medios es un triste viaje de ida. Los suicidios políticos de Eduardo Duhalde y Elisa Carrió en las últimas elecciones presidenciales se erigieron en las pruebas más que concluyentes.El falso “impuestazo”. La mayor falencia del oficialismo –en este caso el bonaerense– volvió a ser la comunicación. La reforma impositiva fue mal explicada, de cara a la sociedad, abonando el terreno para que los medios reaccionarios batieran el parche del “impuestazo”. Y lo cierto es que el revalúo de tierras decretado por el gobierno provincial –el primero en más de 55 años– está muy lejos de serlo.
Basta repasar algunas de sus consecuencias centrales:
. El valor fiscal de las tierras rurales pasa a representar apenas el 50% de su valor de mercado.
. El pago promedio del impuesto será de 76 pesos anuales por hectárea.
. El 60% de los productores se verá afectado por un aumento del impuesto.
. El 40% restante pagará lo mismo que hasta ahora o, incluso, menos que antes.
. Los productores podrán deducir del impuesto las mejoras que hayan realizado en sus campos, como por ejemplo nuevos silos, molinos o aguadas.
Apenas unos datos que, de haber sido comunicados con claridad, habrían evitado confusiones.
