Una investigación periodística revela que Andrés Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva, es dueño de propiedades no declaradas en Estados Unidos
A finales de octubre, el Gobierno de Javier Milei rebautizó al fisco argentino como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en aras de crear una organización más ágil y con menos personal. Dos meses después, la nueva cúpula designada por Milei está en la mira por presunta corrupción. El titular del ARCA, Juan Pazo, fue denunciado ante la Justicia la semana pasada por “falsedad maliciosa de su declaración jurada” tras la aparición de su nombre en una investigación periodística sobre una red de sociedades opacas en paraísos fiscales para la compraventa de propiedades en Estados Unidos. Este lunes, las sospechas recayeron sobre el segundo de Pazo, Andrés Vázquez, a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI), el organismo responsable de recaudar impuestos y luchar contra la evasión. Según una nueva investigación, Vázquez también es accionista en sociedades offshore a través de las que compró al menos tres inmuebles en Estados Unidos por un valor superior a los dos millones de dólares entre 2013 y 2015.
Uno de los inmuebles lo vendió, pero aún administra otros dos a través de su participación en un entramado de compañías opacas creadas hace 12 años que aún continúan activas, según una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística firmada por el periodista Hugo Alconada Mon (columnista de EL PAÍS), con apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés). Una de las sociedades está constituida en las islas Vírgenes Británicas y es controlante de otras dos con sede en Panamá, de acuerdo a la información publicada. Ninguna de esas empresas ni las citadas propiedades aparecen en las declaraciones juradas presentadas por el titular de la DGI.
Vázquez, de 65 años, forma parte del Fisco argentino desde 1990 y desarrolló gran parte de su trayectoria laboral en la Dirección de inteligencia fiscal. Desde allí tejió vínculos con los servicios de espionaje a los que se atribuye su supervivencia en el organismo tras varias peleas con superiores de distinto signo político. También se sospecha que sus contactos movieron los hilos para archivar las denuncias penales abiertas contra él en los últimos años. La Justicia investigó a Vázquez por presunto desvío de poder en la inspección ordenada al Grupo Clarín en 2009 y también por presunto enriquecimiento ilícito tras revelarse que él y su hermana poseían una cuenta bancaria no declarada con 442.113 dólares en un paraíso fiscal.
Los altos cargos del Estado argentino como Vázquez están obligados a presentar cada año una declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción en la que deben informar tanto de sus bienes y participaciones accionarias como de los de su cónyuge. La “omisión maliciosa” de información está tipificada como un delito con penas máximas de hasta dos años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En caso de no poder justificar el origen lícito de sus bienes, puede derivar además en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Las compras inmobiliarias de Vázquez en Estados Unidos se registraron a nombre de las sociedades opacas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. Alconada Mon señaló que los nombres de ambas empresas están relacionados con el equipo de fútbol del que es hincha Vázquez, Huracán. El estadio del club está situado sobre la avenida Alcorta, en el barrio de Pompeya de Buenos Aires.
El Gobierno de Milei se ha mantenido en silencio sobre el nuevo escándalo surgido alrededor del ente de recaudación argentino. Días atrás, cuando Pazo fue denunciado ante la Justicia, desde su entorno se limitaron a señalar que se trataba de un asunto “privado” sobre el que no tenían nada para decir.
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FUENTE :EL PAIS
