La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento del ex jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy y del subjefe de la fuerza, vicealmirante Benito Rótolo por “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Godoy y Rótolo están imputados en la causa en que se investigan presuntas prácticas de espionaje interno, prohibidas por la ley, “a dirigentes sociales y políticos y que apuntaban también al seguimiento de actividades de organismos de Derechos Humanos” en la base Almirante Zar de Trelew.
Espionaje ilegal en la base Almirante Zar en Trelew.
Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah ratificaron de esta manera los procesamientos dictados en diciembre pasado por el juez Daniel Rafecas, y dejaron el expediente en condiciones de ser elevado a juicio oral y público. Tanto a Godoy como a Rótolo se los responsabiliza por realizar “en forma sistemática y permanente, prácticas prohibidas por las leyes de Seguridad Interior, de Inteligencia Nacional y de Defensa Nacional”.
En su dictamen los jueces recordaron que la Ley de Defensa Nacional “establece que las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares”, y establecieron que las prácticas realizadas en la base Almirante Zar también están vedadas por la Ley de Inteligencia Nacional “según la cual ningún organismo de inteligencia puede obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política”.
La causa se originó por una denuncia del CELS que da cuenta de casos de espionaje ocurridos al menos entre 2003 y 2006, cuando, según entiende la justicia, Godoy y Rótolo “omitieron deliberadamente hacer cesar esa situación pese a que los deberes inherentes a sus cargos así lo imponían”.
Los camaristas explicaron que los imputados “controlaban el aparato de inteligencia de la Armada Argentina y tenían conocimiento de que desde allí se llevaban a cabo” por lo que “resulta razonable asumir que fueron ellos quienes, por vías formales o no, impartieron las directivas que pusieron en marcha … las actividades delictivas”. Los jueces valoraron además que parte de los datos recolectados eran “sistemáticamente transmitidos a la Dirección de Inteligencia Naval y a la Central de Inteligencia del Comando de Operaciones Navales”, y que el primero de esos organismos “dependía funcional y orgánicamente de Rótolo; el segundo directamente de Godoy”.
En ese sentido, recordaron que, según surge de declaraciones testimoniales, los requerimientos de relevamiento de información “podían provenir de la Dirección de Inteligencia Naval o del Comando de Operaciones Navales y que también en determinadas oportunidades, lo hacía la Secretaría General Naval, dependiente en aquél entonces del jefe de la Armada”.
“Los elementos reunidos, valorados en conjunto, otorgan suficiente respaldo probatorio a los cargos que pesan sobre ellos en orden al delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público pues se ha establecido suficientemente su vinculación con el circuito ilegal comprobado”, sostuvieron los jueces.
