Las organizaciones políticas y gremiales que convocan a la 7° Marcha por la Soberanía de Lago Escondido anunciaron este viernes desde Bariloche el cronograma de actividades que iniciarán este sábado y finalizarán el próximo 14 de febrero. En una conferencia de prensa con representantes de la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la CGT volvieron a apuntar al magnate británico Joe Lewis por apropiarse ilegalmente del lago.

Más de 60 personas pertenecientes a una veintena de espacios sociales, sindicales y religiosos, provenientes de once provincias de la Argentina, partirán a pie mañana desde la chacra Wharton, en el Bolsón, Río Negro, para llegar a Lago Escondido a través de uno de los dos accesos, un sendero de montaña que exige una caminata de dificultad media durante dos a tres días.

El próximo martes, además, arrancará la movilización principal desde el área céntrica de Bariloche para concentrarse en el inicio del llamado ‘camino de Tacuifí’ sobre la ruta nacional 40, a la altura del paraje El Foyel, cuyo ingreso se encuentra hoy enrejado por decisión de la empresa Hidden Lake, de propiedad de Lewis.

«Esta marcha no busca enfrentarnos con vecinos y pobladores, como se quiere propiciar desde algunos medios», aclaró Jorge Molina, secretario general de la CTA de los Trabajadores de Río Negro, al iniciar la rueda de prensa desde la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOyEM) de Bariloche.

Y agregó: «Esta es una marcha por la defensa de la soberanía territorial y de los bienes naturales que nos pertenecen, y para demostrarle al Gobierno de la provincia de Río Negro y al Poder Judicial que tienen que cumplir la sentencia ya firme sobre el acondicionamiento del camino».

En la presentación de la marcha no pudo estar uno de los convocantes históricos, el titular de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) Julio Urien, quien no logró llegar a la actividad por la demora de su vuelo debido a la tormenta que afectaba el funcionamiento del aeropuerto metropolitano de Buenos Aires.

Otro de los expositores que habló en la conferencia fue el especialista en políticas sanitarias Jorge Rachid, designado en las últimas horas al frente del Instituto Superior de Educación del Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, integrante de la Comisión Salud del Instituto Patria y médico personal de la dirigente jujeña Milagro Sala.

«La defensa de la soberanía tiene que ver también con la defensa de los derechos humanos. En Bariloche hay cuatro compañeras mapuche detenidas por reclamar lo suyo. La democracia en la Argentina está en peligro», alertó Rachid, y añadió: «Vamos a poner en evidencia que Lewis no es Lewis. Lewis es expresión de los planes y desarrollo estratégico de los Estados Unidos y la OTAN«.

El médico sanitarista advirtió finalmente sobre el poder económico del que dispone el magnate Lewis y su influencia en la región patagónica.

«Lewis tiene tres estancias que ponen en peligro la integridad territorial de la Argentina: una en la frontera, comprada fraudulentamente a nombre de Nicolás Van Ditmar; otra en Sierra Grande con una pista de aterrizaje cuya extensión es similar a la del aeroparque de Buenos Aires, y la otra en Punta de Magallanes, en la Patagonia austral», detalló Rachid.

En la rueda de prensa participó también el sacerdote tercermundista Francisco ‘Paco’ Olveira, integrante del Grupo de Curas en Opción por los Pobres.

«Duele saber que hay compañeras del pueblo mapuche presas por exigir lo que es suyo. Duele sentir la prepotencia con la que se maneja Joe Lewis. Eso que vimos en los chats, esa mafia de la que habla Cristina, ese poder paralelo que termina manejando nuestra Patria», manifestó Olveira.

Además, recordó que en el verano de 2022, luego de que el presidente Alberto Fernández dijera «que se podría abrir un camino a Lago Escondido» para facilitar el acceso al lugar, los participantes de las Marchas le escribieron «una carta pública diciéndole el camino ya está, hay una orden judicial para que el camino esté abierto y todos y todas podamos pasar libremente».

Para cerrar su intervención, el sacerdote expresó que su deseo de que la manifestación de este fin de semana sea «la última marcha a Lago Escondido», ya que eso -dijo- «implicaría que el Gobierno nacional toma en serio cartas en el asunto y que el Gobierno provincial, en vez de apelar las resoluciones judiciales a favor de Joe Lewis, se pone del lado de este pueblo».

Finalmente, Alejandro «Vikingo» Mayer, otro de los participantes históricos de estas expediciones, les respondió a aquellos que cuestionan la iniciativa para luego valorar el componente plural y federal que la caracteriza.

«Luego de siete años, veo acá a gente de la CTA Autónoma, de la CTA de los Trabajadores, de la CGT; veo a hombres y mujeres provenientes de Misiones, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, CABA, Mendoza, San Luis, Neuquén, Chubut y Río Negro», precisó Meyer.

Y añadió: «Acá veo federalismo, unidad, organización. Somos los argentinos preocupándonos por problemas de todos los argentinos. Cuando hay consecuencia se empiezan a ver los resultados. Arrancamos solos, hoy somos todos nosotros».

Otro de los asistentes fue el economista platense José Sbatella, extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

En la sede del gremio municipal hubo además muchos representantes de la CTA de los Trabajadores y de la CTA Autónoma, de la CGT Regional Andina, del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, del Foro por la Recuperación del Paraná, de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), de los estatales de ATE, del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur), de la FTV-Miles y Partido Comunista, entre otros espacios.

En septiembre pasado, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche confirmó una sentencia del año 2013 en la que el juez del fuero civil Marcelo Cuellar ordenó al Estado provincial realizar los trabajos necesarios para garantizar el tránsito y libre acceso a Lago Escondido a través del camino del Tacuifí.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro y la empresa Hidden Lake apelaron esa decisión, y la causa volvió al Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

A finales de 2022, la exsenadora nacional por Río Negro Magdalena Odarda recusó a los jueces del Superior Tribunal de Justicia con distintos argumentos al plantear que en este caso tenían una clara parcialidad, por contar con intereses o conexiones con «el poder político de la provincia».

Odarda es la dirigente rionegrina que casi dos décadas atrás inició la vía judicial al presentar un amparo en el que solicitaba garantizar el libre acceso al Lago Escondido: el trámite judicial lleva 18 años tras la sentencia favorable del juez Cuellar y posteriores apelaciones del Estado provincial y la empresa.

Por otro lado, en octubre pasado la Cámara de Casación Penal cerró por prescripción la causa que investigaba la presunta compra irregular de tierras, entre ellas las pertenecientes a la estancia de Lewis, al estar emplazadas en zona de frontera.

La medida llevó la firma de los jueces Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Guillermo Yacobucci, y confirmó el sobreseimiento de todos los imputados.

Mahiques fue uno de los jueces involucrados en el viaje VIP a Bariloche a través de un vuelo privado en el que fueron invitados por el Grupo Clarín y se alojaron en Lago Escondido, un hecho que llegó a la luz pública a partir de la filtración de los chats que intercambiaban por la aplicación Telegram.

El año pasado, al realizarse la 6° Marcha por la Soberanía de Lago Escondido, los organizadores denunciaron que un grupo de cincuenta personas a caballo y con armas de fuego emboscó en el paraje del Lago Soberanía a la columna de manifestantes que intentaba llegar al Lago Escondido por el camino de montaña, y les impidió el paso.

En la denuncia que Fipca presentó en la Justicia a partir de ese episodio se dejó constancia que los participantes de la Marcha recibieron amenazas de muerte; el hecho es investigado por el juez federal Ariel Lijo.

Por otro lado, en diciembre pasado, el abogado y dirigente de Patria Grande Juan Grabois ingresó al camino de Tacuifí con un grupo de militantes tras sortear la reja del perímetro e ingresar con camionetas hasta llegar a la costa de Lago Escondido, a metros de la estancia de Lewis.

Allí se hizo presente la policía provincial y personal de la estancia, con quienes mantuvieron un altercado; al día siguiente, abandonaron el lugar.

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