La compañía relacionada con el periodista -cabeza de lista de diputados del PRO en la provincia de Buenos Aires- habría recibido más de 21 millones de pesos en contrataciones directas del Gobierno de la Ciudad, entre 2012 y 2015.
Se trata de La Usina Producciones, una compañía fundada hace tres años, que se convirtió en un importante proveedor de servicios del Estado porteño y que -según publicó este martes Tiempo Argentino- obtuvo más de “170 contratos ocultados que no figuran en el Boletín Oficial”.
Tampoco hay registros de las remuneraciones por más de 800 mil pesos que habría recibido uno de los hijos del comentarista de fútbol; o los más de $ 7,6 millones cobrados por Alberto Meza, su socio en La Usina Producciones; y recaen sospechas sobre la ONG que conduce su ex mujer, Mirta Brizuela, debido a que la “Fundación para el Bienestar Social de la Gente”, habría recibido más de 2,5 millones de pesos de la administración macrista.
En su descargo, Niembro manifestó que “todos los contratos fueron obtenidos por contratación directa” y recordó que desde hace más de un año -mayo del 2014- está desvinculado de la compañía.
“Yo me liberé de la empresa. Hoy hace su propio camino de la mano de un ex socio mío (por Alberto Meza). No tengo más nada que ver”, argumentó.
Sin embargo, Alegre destacó las “irregularidades en el modo de contratación. Cualquier contratación que se repite sistemáticamente por medio del Decreto 556, que permite eludir los llamados a concurso y licitaciones, para nosotros debe trasparentarse. El gobierno debe explicar por qué lo hizo en forma directa”.
En el mismo sentido se pronunció Facundo Di Filippo, ex legislador, quien narró que “el gobierno porteño comenzó, desde su asunción, con un proceso de flexibilizar contrataciones y el seguimiento de la actividad pública”.
El integrante del Partido Social contó cómo en la administración macrista “anularon los envíos en papel del Boletín Oficial a los organismos públicos. En numerosas oportunidades faltan los anexos de las leyes. Lo que hicieron fue entorpecer la capacidad de seguimiento y control que tiene la sociedad civil de los actos de gobierno”.
