Incertidumbre en la localidad santafesina de San Nicolás por la continuidad de la planta local de Atanor tras seis meses de inactividad

La planta de Atanor en San Nicolás cumple seis meses de inactividad tras la explosión en el sector de síntesis de atrazina el pasado 20 de marzo y en diez días vence el acuerdo que firmó la empresa con el Sindicato de Químicos y Petroquímicos por suspensiones. La reapertura de la planta depende de la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental por parte del Ministerio de Ambiente bonaerense, un trámite que se encuentra en proceso desde antes del accidente por denuncias de contaminación en su proceso de producción.

La compañía Atanor se enfrenta a una delicada situación financiera, con elevados costos fijos y la necesidad de pagar salarios a unos 130 empleados que permanecen inactivos.

El 30 de septiembre vence el acuerdo de suspensión de trabajadores firmado entre Atanor y el Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas, lo que incrementa la preocupación de los empleados. Durante estos seis meses, 14 trabajadores del área afectada fueron desvinculados el pasado 20 de agosto, y otros 9 optaron por el programa de retiros voluntarios. El Ministerio de Ambiente bonaerense no resuelve y así mantiene en vilo a la empresa y a los empleados, quienes ven cómo se agrava la incertidumbre respecto al futuro de la planta.

La obtención del Certificado de Aptitud Ambiental es crucial para que Atanor pueda solicitar a la jueza Luciana Díaz Bancalari el levantamiento del cese total de operaciones, permitiendo reanudar actividades en las áreas no afectadas. De lo contrario, la continuidad de la planta podría verse seriamente comprometida, lo que afectaría aún más a los trabajadores y a la comunidad local. «Sostener la plantilla de empleados en este contexto es cada día más complicado», admiten desde la empresa.

La situación es especialmente crítica dado que el acuerdo de suspensión, que garantiza a los trabajadores el 50% de sus salarios, vence en apenas diez días. La falta de respuesta por parte del Ministerio de Ambiente podría dejar a los empleados sin sustento económico, y a la empresa en una posición insostenible. «Si el escenario no cambia, va a ser muy difícil seguir sosteniendo esto», advierten desde Atanor.

El sindicato ha solicitado una reunión urgente con la jueza Díaz Bancalari para encontrar una solución antes de que venza el acuerdo de suspensión, pero hasta el momento no han recibido respuesta. «Estamos en un estado de angustia total. No perdemos las esperanzas de que esto se resuelva, pero somos conscientes de que el panorama podría empeorar», expresaron desde la organización sindical, reflejando la preocupación de los trabajadores ante la posibilidad de un desenlace desfavorable.

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