Organizaciones de derechos humanos de Paraguay golpearon los puertas de los Tribunales de Comodoro Py en Buenos Aires ayer al mediodía, para presentar un pedido de acción penal contra el terrorismo de Estado de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) por las violaciones a comunidad originaria Aché “a través de asesinatos masivos, limpieza étnica y traslados a campos de concentración, secuestro de niños, venta de mano de obra esclava para trabajo y prostitución, y denegación de medicamentos, lo que conllevó el parcial exterminio de la comunidad Aché”, según dio a conocer la directora del Museo de las Memorias de Paraguay, María Stella Cáceres.
Los querellantes pidieron al juzgado argentino a cargo del juez Claudio Banadío que tomara cartas en el asunto ya que en el poder judicial paraguayo no encuentran eco a sus reclamos. Según constató el sitio digital E’a, la “impunidad se agrava con el hecho de que en 2008 la Comisión de Verdad y Justicia entregó su informe final, después de recoger más de dos mil testimonios y analizar todas las pruebas documentales a las que tuvo acceso (como el Archivo del Terror o los documentos desclasificados del Procedimiento 1503 de Naciones Unidas). En dicho informe se determinaron 448 responsables de aquellos hechos, señalados por las víctimas y con documentación probatoria que demostraba su participación” según declaró Cáceres, quien también es directora de la organización de derechos humanos Celestina Pérez de Almada.
