Más de la mitad de los 3.389.900 de trabajadores estatales tiene estudios terciarios y universitarios completos, el 40% se desempeña en funciones de Educación y Salud y, del total, el 55% son mujeres, según se desprende del informe «Resultados de la política de fortalecimiento del Empleo Público», elaborado por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Ana Castellani.
El documento, que la funcionaria presentó en un acto junto al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, contempla un relevamiento llevado a cabo desde el inicio de su gestión, hace casi cuatro años, acerca de la implementación de políticas públicas y la efectividad de la acción estatal para mejorar la vida de las y los argentinos.
«Necesitamos mejorar la vida de argentinos y argentinas y para ello, desde nuestro gobierno, creemos que es el Estado el que tiene las herramientas necesarias para lograrlo. Pero el Estado no es un conjunto de instituciones vacías: si no existe un motor que trabaje día a día para implementarlo, es imposible. Allí están los trabajadores y las trabajadoras del Estado», destacó Castellani este lunes en la presentación del documento.
La funcionaria consideró en procura de «garantizar el acceso a derechos y la efectividad de las políticas públicas para convertirse en bienes públicos de calidad» es necesario «contar con una política de empleo público que cumpla con la ley, permita concursar a las y los agentes y trascienda los cambios de gobierno».
El informe se conoce en momentos en que, en plena campaña electoral para los comicios presidenciales del 22 de octubre, candidatos como el de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, plantean una reforma completa del Estado, con la reducción o directamente la eliminación de varios ministerios y dependencias estatales, así como con ideas de privatización de áreas como salud, educación y obra pública, cierre de empresas públicas y la eliminación del Banco Central, entre otros organismos.
Según el informe, el 60% de los trabajadores públicos se desempeña bajo la órbita de administraciones provinciales, un 20% en el ámbito municipal y el 20% restante en la esfera nacional. De ese total, el 47% de los trabajadores lleva adelante tareas de Administración, Defensa y Seguridad; el 27%, de Educación; el 13%, de Salud; y un 13% restante lo hace en otras funciones.
En tanto, unos 711.000 trabajadores se desempeñan en el Sector Público Nacional, que agrupa a la Administración Pública Nacional (APN), Fuerzas Armadas (FFAA), Fuerzas de Seguridad (FFSS), docentes universitarios, empresas públicas o con participación estatal mayoritaria, bancos y organismos públicos. De esos 711.000, unos 395.000 integran la APN y de ellos, 193.000 son civiles.
Entre los 193.000 trabajadores, el 51% son mujeres, un 57% tiene estudios superiores completos, el 25% está destinado a la atención en salud, una cifra similar se dedica a la atención al público y un 15% pertenece al sistema Ciencia y Tecnología.
Las distintas políticas públicas llevadas adelante para el fortalecimiento del empleo público tuvieron como objetivo dar solución a una serie de problemas, entre ellos la disparidad de carreras administrativas en varias jurisdicciones, poderes del Estado y niveles de gobierno; la existencia de mecanismos desiguales de ingreso y promoción; la ausencia de programas de capacitación; y las diferencias salariales pronunciadas entre y dentro de los niveles de gobierno.
Además, las medidas dispuestas desde el comienzo de la gestión procuraron modificar una visión negativa del funcionamiento del sector público: sobredimensión, improductividad, baja calificación, privilegios y alto costo.
Para resolver esas situaciones se pusieron en práctica políticas de fortalecimiento en materia de capacitación, negociación colectiva, inclusión e igualdad y articulación federal.
En materia de capacitaciones, el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), un organismo que depende de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, brindó 2.350 cursos en los cuales fueron capacitados 736.368 agentes.
En tanto, como parte del programa «Estado integrado», se brindó capacitación a más de 46.000 trabajadores de 26 empresas estatales, entes inter-jurisdiccionales y organizaciones del Sector Público en general. El objetivo de los 166 cursos dictados fue sensibilizar y actualizar en saberes relevantes a los trabajadores para fortalecer el desempeño público y la comprensión de la importancia de un Estado presente.
También se llevaron a la práctica, entre otras, capacitaciones obligatorias y federales dispuestas por las leyes «Yolanda», que garantiza la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible; «Micaela», en temas de género y violencia contra las mujeres; «Lucio», sobre derechos de niñas, niños y adolescentes; y «Malvinas», relativo a los argumentos históricos, geográficos y políticos que esgrime Argentina acerca de la soberanía en las islas.
A partir de 2021, con la puesta en vigencia del Plan de Regularización del Empleo Público, una medida que fue acordada en la paritaria 2020 con los sindicatos Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Secretaría a cargo de Castellani se planteó la regularización de más de 10.000 cargos ocupados bajo modalidad transitoria desde hace 10 años o más.
La iniciativa no implica un costo fiscal adicional y tampoco un incremento de la dotación, porque se trata de un cambio en la modalidad de contratación para cumplir con los requisitos de Ley 25.164 de Empleo Público, también en vigencia desde 2021.
Hasta el momento llegaron a su fin 8.739 concursos a cargos correspondientes a 66 jurisdicciones y organismos. Para ellos se habían recibido 34.598 postulaciones. Además, se encuentran en proceso otros 893 procesos.
Todas las convocatorias a concursos fueron incluidas en 306 resoluciones publicadas en su momento en el Boletín Oficial.
Como parte de las medidas tomadas en favor de fortalecer la negociación colectiva fueron elaborados nuevos convenios sectoriales: Orquestas, coros y ballets; Manejo del fuego; Guardaparques; y Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN).
Además, representantes de 22 universidades nacionales participaron de la elaboración y puesta en marcha de políticas de empleo que surgieron de las reuniones que llevó a cabo el Consejo Federal de la Función Pública en distintas ciudades del país.
Como resultado de esos encuentros se implementó el Plan Federal de Capacitación, el Mapa Federal del Empleo Público, una investigación sobre brechas de género y techo de cristal en las Administraciones Públicas provinciales y guías y protocolos para prevenir violencia de género.
infogremiales
