El exsecertario de Administración de la Corte aseguró que por malos manejos financieros la OSPJN perdió $3 mil millones en 7 meses. También complicó al cortesano Juan Carlos Maqueda, a quien señaló como el supervisor de la prestadora médica por una década. Denunció que sufre amenazas y seguimientos y apuntó contra Silvio Robles, la mano derecha del presidente supremo, Horacio Rosatti.
El exsecertario de Administración de la Corte Suprema, Héctor Marchi, denunció este martes en la comisión de Juicio Político que sufre amenazas y seguimientos y apuntó contra Silvio Robles, la mano derecha del presidente supremo, Horacio Rosatti. También afirmó que por malos manejos financieros la Obra Social de los judiciales (OSPJN) perdió 3 mil millones de pesos en apenas 7 meses. Y complicó al cortesano Juan Carlos Maqueda al ratificar que ese supremo fue quien supervisó la prestadora médica por más de una década. Marchi fue desplazado el jueves pasado del cargo que desempeñó durante 15 años en la Corte. Su apartamiento se dio un día después de que le elevara a Rosatti un informe detallado que exponía los desmanejos en la OSPJN. La Comisión pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 4 de mayo cuando Marchi retomará su declaración.
Por su parte, el exdirector de la prestadora médica Aldo Tonón volvió a faltar a la comisión. A través de una nota firmada por su abogado Mauricio D’Alessandro manifestó temor a autoincriminarse. Tras un debate entre la bancada oficialista y opositora, se resolvió citarlo nuevamente bajo apercibimiento de ser llevado a declarar por la fuerza pública.
Marchi declaró ante la comisión que preside la diputada Carolina Gaillard por más de dos horas y además de graficar los desmanejos en la Obra Social, que había volcado en 4 informes que elevó a la presidencia de la Corte, dijo bajo juramento de decir verdad que Robles lo amenazó con un desplazamiento y hasta una cesantía y que es víctima de seguimientos por el trabajo que hizo sobre la OSPJN. Afirmó que quienes trabajaron con él en el informe también están bajo amenaza. Respecto a su situación indicó que el desplazamiento se concretó: el jueves pasado los jueces Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz lo corrieron de la secretaría general de Administración y lo trasladaron a la Cámara Federal de la Seguridad Social. Marchi dijo que fue una sanción por su trabajo sobre la Obra Social, lo que mismo que había señalado el supremo Ricardo Lorenzetti cuando votó en disidencia a su traslado. “El traslado lo considero una sanciona encubierta”, afirmó este martes ante la comisión.
Los principales pasajes de la declaración de Marchi, que estuvo a cargo de la supervisión de la Obra Social en 2021 y 20122, fueron los siguientes:
Describió pérdidas millonarias por no tener una estrategia financiera: “La obra social en materia de gestión financiera para mi es un desastre. Hay remanentes de 10 mil millones en cuentas corrientes porque se olvidaron de hacer los plazos fijos. Eso remunerado en el término de 6,7 u 8 meses implicó perder 3 mil millones de pesos para la obra social, que son dos meses de prestaciones a 100 mil afiliados. Si eso lo llevamos a los otros meses nos vamos a encontrar con cifras siderales de pérdida por intereses”.
El exsecretario general de Administración de la Corte también ratificó que Maqueda fue quien supervisó la Obra Social desde la Corte por más de una década y estaba al tanto de cada movimiento: “El doctor Maqueda no solamente supervisaba sino que estaba al tanto de todos los actos que se realizaban porque semanalmente los empleados veían cómo el doctor Tonón le llevaba todas las cuestiones para que las autorice”. “Nada se hacía sin la autorización del doctor Maqueda”, agregó. Y destacó: “Cualquier movimiento en la obra social debía ser autorizado por el doctor Maqueda. Así era porque era el encargado de la obra social. No se necesitaba ningún tipo de designación”.
También asoció su traslado al informe que elevó a Rosatti. Y describió el rol que tuvo Silvio Robles en la recepción de ese trabajo: “El traslado que hacen de mi luego de mostrarles cómo era la administración obedece al informe número 4. Creo que en ese informe está la punta del ovillo porque involucra al doctor (Mariano) Althabe que fue propuesto por Rosatti (en la dirección de la OSPJN). Y Robles escondió ese informe. Por más amenazas que tengo, yo lo voy a decir”, dijo.
Tras hacer esa referencia a Robles, la diputada del FdT, Mara Brawer le preguntó a Marchi: “¿Fue Robles el que lo amenaza a usted y al resto de los auditores?”. “Sí”, respondió el contador e hizo referencia a “las operaciones de prensa” que sufrió y a que Robles “ha amenazado a funcionarios que van a terminar en Siberia si hablan conmigo”. “Hay seguimientos, sabe dónde yo me junto con alguien. Yo no tolero las amenazas y las presiones. Entonces yo no sé si el doctor Rosatti lo sabe pero debiera tomar una decisión. Esto es una vergüenza”, agregó.
En esta sintonía, Marchi pidió se “se garantice la seguridad y trabajo de todas las personas que me han acompañado en hacer estos informes. Porque todo aquel que ha trabajado conmigo está recibiendo amenazas de cualquier tipo. Pido se garantice a todas las personas que han intervenido que no sean atacadas y puedan preservar su trabajo en el lugar que corresponde”.
Al ser preguntado por la oposición si hizo alguna denuncia de todo esto comentó que no la hizo aún. “Todo esto lo hicieron para que me asuste y no venga a declarar. Pero en su momento la realizaré”, aseguró.
Estas declaraciones no pasaron desapercibidas. La diputada del FdT e integrante de la Comisión de Juicio Político, Vanesa Siley, tuiteó: “#JuicioPolítico a la Corte Suprema de Justicia: Héctor Marchi ratificó el resultado de las auditorias sobre la OSPJN y además denunció: amenazas, operaciones de prensa y cajoneo de información por parte de Silvio Robles…actual vocero del Rosatti!”.
En la misma sintonía se expresó otro integrante de la comisión, Rodolfo Tailhade: “Cuando decimos que una banda de mafiosos se instaló en el 4° piso de Tribunales no es una exageración. Escuchen lo que dijo en la Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema su ex administrador, Daniel Marchi, respecto a amenazas y persecución”.
El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, también se hizo eco de estas declaraciones y tuiteó: “El Administrador General de la CSJN de los últimos 20 años -Marchi- expuso las prácticas mafiosas que utilizan los actuales jueces de la Corte. El juicio político a la Corte permitirá cortar de raíz el Estado Paralelo que montó JxC con su Mesa Judicial y sus persecusiones”.
A lo largo de su testimonio, Marchi se reconoció como peronista, relató su trayectoria en áreas ejecutivas y cómo ingresó a la Corte de la mano de Ricardo Lorenzetti. Dijo que “al día de hoy hay casi 150 mil millones de fondos anticíclicos en la Corte”. “Mes por mes publico todos los ingresos y todos los gastos y la composición de todas las reservas de la Corte Suprema”, explicó. Señaló que para administrar la OSPJN sugirió que se nombre a un contador y un abogado del Poder Judicial pero no fue escuchado y que nadie lo llamó cuando lo desplazaron.
Marchi fue desplazado el jueves pasado luego de elevar a Rosatti un informe sobre la Obra Social para girar a la Comisión de Juicio Político donde dio cuenta de la mentada pérdida de 3.000 millones de pesos en 7 meses, del faltante de más de 30.000 medicamentos, de contrataciones directas millonarias y de la falta de transparencia y de presupuesto. Ese trabajo llegó el lunes a última hora a la comisión y como los diputados lo analizarán en profundidad decidieron volver a convocar al exsecretario de Administración para el jueves 4 de mayo, para preguntarle por su trabajo.
Tal como publicó El Destape, el informe que Marchi entregó a Rosatti consta de 4 informes de supervisión y 30 notas de observaciones y recomendaciones hechas al directorio de la OSPJN. En formato digital Marchi envió además a Rosatti 94 cuerpos (más de 18.000 fojas) con información complementaria de los informes de supervisión.
Marchi explicó este martes que el informe 1 consta del diagnóstico con soluciones para la Obra Social. El informe 2 “avanza en el diagnóstico y menciona los balances”. “El tercer informe es más operativo y marca una serie de definiciones de la obra social que refieren a la gestión de Tonón. El informe 4 lo presenté en agosto de 2022 y en noviembre sale una nueva acordada de la Corte donde dejan a la secretaría de Administración afuera de cualquier supervisión”, explicó Marchi.
Al ser consultado por la comisión si los informes fueron publicados o reservados por la Corte respondió que “el único que vi publicado en el Centro de Información Judicial fue el informe Nº 1”. El exsecretario de Administración contó que entregó en tiempo y forma los informes 2 y 3, que fueron girados a los ministros vía mail. “El informe 4 que refiere a la gestión del doctor Althabe fue entregado en presidencia y recibido por el señor Silvio Robles”, señaló Marchi. El exsecetario de la Corte dijo que ese informe “no se quería recibir”. “Un poco lo mandé de prepo a presidencia”, explicó. ¿Por qué no se quería recibir? Porque comprometía al actual presidente de la Corte. Ese informe 4 no fue girado a todos los supremos. “A Lorenzetti no se lo enviaron”, explicó Marchi, quien contó que en diciembre pasado “Robles eliminó el mail del del presidente de la Corte y dio la orden que se envíe todo a la dirección de mail de él”.
Entre los pasajes más relevantes de esos informes que Marchi entregó a Rosatti se destaca que en la obra social de los judiciales:
Durante la gestión de Tonón hubo una concentración de las decisiones en una única persona cuando el estatuto de la institución indicaba que debía ser gobernada por 3 integrantes. Esa persona es Tonón.
Que existían cargos jerárquicos que no habían sido cubiertos y había una debilidad en la cadena de mando.
Que los sistemas informáticos eran totalmente vulnerables y se perdió información.
Por los desmanejos en la gestión de Tonón –quien está acusado en la Justicia de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos-, la Corte puso la obra social bajo la supervisión de la Secretaría General de Administración, el área de Marchi, y en octubre de 2021 nombró a Mariano Althabe al frente de la institución.
Durante el tiempo que Marchi supervisó la Obra Social envió a los supremos varios informes donde exponía que no se estaban realizando cambios reales en la prestadora médica. Por ejemplo, informó que:
En dos años de la gestión de Althabe no se cubrieron las áreas sensibles que estaban vacantes. Entre otras cosas, no hay un tesorero.
La Obra Social, que es superavitaria, perdió 3.000 millones de pesos en 7 meses por no invertir el superávit en plazos fijos. Se estima que durante los años se perdieron miles de millones de pesos justamente por falta de inversión.
Se perdieron más de 30.000 medicamentos en la Farmacia que tiene la Obra Social. Se estima que esa pérdida equivale a 80 millones de pesos.
Los medicamentos se compran de forma directa sin que exista una licitación transparente cuando las operaciones implican 400 millones de pesos mensuales. La falta de licitaciones parece que es moneda corriente en la entidad.Se siguen usando los mismos softwares obsoletos que en la gestión de Tonón.
Además de Machi, este martes también declararon Enrique de Vedia, prosecretario letrado de la Corte, y Gustavo Montanini, contador público, quienes participaron de la auditoría de la Obra Social que se hizo a pedido de la Corte post informe de la secretaría general de Administración. Ambos confirmaron las irregularidades de las que dio cuenta el trabajo que confeccionaron.
FUENTE EL DESTAPE
