El Gobierno Nacional volvió a intervenir la obra social de los trabajadores rurales, OSPRERA, que en Río Negro y Neuquén tiene 40.000 afiliados.
Luego de una intervención judicial que comenzó en marzo de 2023, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (UATRE), había informado en junio de este año que había terminado dicha intervención, y pasaba a tomar el control de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA).
Pero ayer volvió todo a fojas cero. La Superintendencia de Servicios de Salud designó, a través de la Resolución 1612/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial, a Virginia Montero como Administradora Provisoria de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA), luego de una auditoría en donde se detectaron gravísimos incumplimientos, falta de satisfacción de los afiliados y deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones.
Para el Gobierno existen “serias dudas” sobre el manejo de los fondos millonarios que habría realizado OSPRERA, una obra social con casi 700.000 afiliados. En la región de Río Negro y Neuquén, existen unos 40.000 afiliados aproximadamente, entre trabajadores permanentes y transitorios, que en los últimos tiempos tuvieron serios problemas para poder acceder a los servicios médicos que presuntamente otorgaba la obra social.
Desde el Gobierno describen a la entidad como una organización “quebrada” pese a las transferencias que recibió del Estado. En total recibió $26.090.429.115, según cifras oficiales. Sin embargo, sus deudas prestacionales ascienden a $43.949.000.000, tal como describe la resolución publicada en el Boletín Oficial.
En paralelo, el 90% de los prestadores que la entidad informa aseguraron que no tienen convenio con ella, según confirmaron desde uno de los despachos oficiales.
Desde el área de Salud indicaron que OSPRERA “nunca presentó un informe a la Superintendencia en más de un año, ni memorias, ni balances”. Eso fue lo que dio inicio a las auditorías que derivaron en la intervención. De acuerdo a la información relevada, una parte de la deuda prestacional de la obra social, unos $1500 millones, tiene como contraparte a hospitales públicos descentralizados.
El resto del dinero, más de $40.000 millones, son pagos que aún aguardan recibir prestadores privados. Vinculado a esto, las auditorías impulsadas por el Gobierno detectaron que, de todos los prestadores que la obra social informó tener, “el 90% dijo que no tenían convenio” con ella.
La resolución publicada en el Boletín Oficial incluyó un indicio sobre este dato: “Que el relevamiento telefónico aleatorio efectuado a lo largo de todo el país arroja como resultado que no se ha podido verificar fehacientemente que las prestaciones sean brindadas por los prestadores denunciados (anunciados) por la OSPRERA en su cartilla médica”.
A propósito de los $26.090 millones que recibió del Estado, $3350 millones tienen como fecha al 4 de octubre del año pasado, tal cual describió el Gobierno en el Boletín Oficial. Sobre el otorgamiento de esos fondos, fuentes oficiales sostuvieron que OSPRERA había solicitado ayuda financiera para solventar sus deudas y la Superintendencia de Servicios de Salud de la gestión pasada aceptó brindar el auxilio económico. Las autoridades actuales ponen la lupa sobre la rendición de cuentas de ese dinero, que, según dicen, fue firmada el 7 de diciembre de 2023 (último día hábil del Gobierno anterior), y no se tradujo en ninguna mejora financiera de la obra social. A su vez, entre mayo de 2020 y mayo de 2024 OSPRERA percibió $22.740 millones del Fondo Solidario de Redistribución.
“Otro de los gravísimos incumplimientos detectados en OSPRERA ha sido la falta de satisfacción de los afiliados”, señala la resolución del Gobierno. En ese sentido, existen 16.410 reclamos de parte de beneficiarios y 172 acciones judiciales en su contra, “referidas a las siguientes temáticas: medicamentos, siendo la más reiterada con 73 causas, afiliación, cirugías, prótesis y problemática prestacional”.
La administración de la Obra Social quedó a cargo de una administradora provisoria designada por la Superintendencia de Servicios de Salud, quien deberá informar a este organismo sobre su gestión, tendiente a la normalización de la entidad.
El comunicado llegado a esta redacción asegura que la Superintendencia de Servicios de Salud continúa con el reordenamiento del sistema de salud con el fin de garantizar la libre competencia entre los Agentes del Seguro de Salud y la libertad de elección de los beneficiarios.
Este medio intento comunicarse con el titular del gremio de los trabajadores rurales (UATRE), José Voytenco, pero hasta el momento no se tuvo ninguna respuesta.
